Miembros de la comunidad aseguran que negativa es para defender una «falsa autonomía verticalista»
El rector de la Pontificia Universidad Católica informó, por medio de un correo a la comunidad, que la UC no será parte de la gratuidad que se implementará vía Ley de Presupuesto para el 2016. «Hasta ahora y bajo las condiciones descritas, la UC no puede adherir a esta propuesta de gratuidad. De hacerlo pondríamos en riesgo nuestra autonomía, potencial de desarrollo y financiamiento de la universidad», escribió, información que ha traído consigo la crítica de distintos estamentos, debido a que no fue consultado siquiera en el Consejo Superior, máximo espacio de resolución de la universidad.
En un mail masivo, dirigido a la comunidad de la Pontificia Universidad Católica, el rector de la institución, Ignacio Sánchez, justificó el hecho de la PUC no se adscribirá al proceso de gratuidad para el año 2016.
No es raro que el rector se comunique con los miembros de la universidad por medio de correos masivos e institucionales, así lo hace cada día del Sagrado Corazón para dar a conocer el discurso oficial de las autoridades de la universidad. También lo usó constantemente durante el 2011, para comunicar su punto de vista respecto a los paros que se desplegaban en distintas carreras.
Esta vez el objetivo era dar su parecer respecto a la Reforma de Educación Superior y confirmar lo que hace un par de meses había esbozado en los medios: «Si los criterios no se aclaran, la U. Católica no se sumará a la gratuidad en 2016», declaró en agosto el rector y esta vez lo confirmó. «Hasta ahora y bajo las condiciones descritas, la UC no puede adherir a esta propuesta de gratuidad. De hacerlo pondríamos en riesgo nuestra autonomía, potencial de desarrollo y financiamiento de la universidad», escribió Sánchez a la comunidad.
«La propuesta carece de una definición clara respecto de respetar la diversidad de proyectos educativos (…) por el contrario establece condiciones a las instituciones que adscriban al sistema de gratuidad, las que vulneran su autonomía por medio de la capacidad de desarrollo de la institución y en su forma de gobierno. La gratuidad no puede ser un medio para controlar la autonomía universitaria», señala.
Además critica el tope de un 2,7% propuesto al crecimiento de la matrícula. Según Sánchez, «es un claro freno al potencial de desarrollo de cada institución», al tiempo que indica que el «arancel regulado» trae consigo «inseguridad para las instituciones y para las familias», propuesta que «implica un déficit para las universidades y el consiguiente riesgo institucional», lo que obligaría a que la PUC asuma «parte del presupuesto de gratuidad».
Finalmente, asegura no estar de acuerdo con el financiamiento solo para la duración formal de la carrera y que, respecto de «la inclusión del financiamiento a la Educación Superior por medio de una glosa del Presupuesto (…), las experiencias no han sido positivas en la medida en que ello se presta para legislar políticas públicas con instrumentos que son esencialmente financieros y que no tienen que ver con un acuerdo país sobre temáticas de esta relevancia», indica.
La confirmación de la negativa a la gratuidad no sorprendió a la comunidad de la PUC, pero sí causó molestia la forma en la que fue comunicada. Fuentes académicas de la universidad aseguran que el rector ya lo había dejado claro en conversaciones al interior del Consejo Superior –máxima instancia resolutiva de la universidad– y «es una estrategia ya zanjada, para llegar en una buena posición a la discusión de la ley para el 2016, pero claramente no es la forma de dar una información tan importante», puntualiza.
Al respecto, el Consejero Territorial de Humanidades, Luciano Santander, sostiene que el anuncio del rector es una «amenaza que hace al Gobierno, utilizando como rehenes a los estudiantes, alegando la autonomía de la universidad, que parece contradictoria, ya que dice que no hay gratuidad si se realizan ciertos cambios, pero es una negligencia, ya que a nadie de la universidad se le ha preguntado».
Según señalan dirigencias estudiantiles, para el rector Sánchez uno de los puntos más preocupantes es el de democratización interna. La propuesta del Gobierno para la Glosa Presupuestaria establece que debe existir participación del estamento estudiantil o de trabajadores en algún organismo de resolución del gobierno universitario con o sin voto.
Para Sánchez estas medidas «vulneran su autonomía por medio de la capacidad de desarrollo de la institución y en su forma de gobierno», pero un asesor de la Divesup asegura que ese punto en específico fue desarrollado «en miras del modelo de gobierno que tiene la UC y la Diego Portales», esto con el fin de evitar las críticas por intervenir en la «autonomía del gobierno universitario».
Para el presidente de la FEUC, el gremialista Ricardo Sande, a pesar de que ya conocía la visión de rector, «el mail nos llegó con bastante sorpresa». Para el dirigente estudiantil es raro que lo anunciara con «tanto plazo antes que dijera que no estaba disponible a ingresar a la gratuidad, esto fue una sorpresa» y además vía correo electrónico. «Esta claro que no es la mejor forma», dice Sande, a la vez que explica que mañana en el Consejo de Federación los estudiantes recién van a discutir la decisión del rector.
Sande manifiesta que «la sensación que me deja personalmente es el hecho de que en realidad el Ministerio nunca quiso que la UC estuviera en este sistema», pero más allá de eso explica que «sí nos hubiese gustado que este tema se hubiese discutido en un Consejo Superior en donde se diera nuestra postura», ya que el anuncio de rectoría «generó ciertas dudas, mas allá de lo que piense que en cuanto a este proyecto faltó una discusión y que fuera tema en la universidad, desde el lunes entramos en un periodo de elecciones, entonces el momento en que llega esto es muy complicado».
Para el dirigente «faltó una comunicación más fluida, a pesar de que pueda compartir el fondo. Es comprensible la postura que toma el rector hoy en día, lo más importante es que ojalá esta gratuidad no salga vía Ley de Presupuesto, sino que tengamos los plazos para discutir en torno a esto», agregó.
Luciano Santander estima que es preocupante que la «Católica esté en el centro de la discusión y que no haya participación de la comunidad en estas discusiones». A juicio del dirigente el rector Sánchez defiende una «autonomía verticalista, de tomar decisiones en cuatro paredes». Agrega, asimismo, que el tema es una preocupación de los profesores y jefes de carrera, sobre todo por el futuro de los estudiantes más vulnerables, pero que el punto se ha tocado de manera «bastante superflua en el Consejo Superior».
Finalmente, para el dirigente «se está resguardando un poco la actitud de blindar esta señal de autoridad que tiene la UC ante el país, y que parece abarcar mucho más de lo académico, en temas como el aborto y la reforma». Para él es una forma de mantener el poder de los «sectores más conservadores de la universidad, para salvaguardar esta posición que tiene una postura y que se defiende hasta el final».
Las universidades que cumplen los requisitos tienen hasta el 22 de diciembre para adscribir a la gratuidad, plazo final para ver si el rector de la PUC mantendrá su posición, la misma que han anunciado otros rectores como el de la Católica de Valparaíso y el de la Diego Portales.
