PAÍS
Reforma al INDH: en medio de cuestionamientos por autonomía y disputa presupuestaria
Organismos internacionales y representantes de DDHH advierten sobre una eventual pérdida de autonomía y capacidad operativa del INDH. Esto, en medio del debate presupuestario que puso en cuestión los recursos destinados a la institución, los sitios de memoria y el Plan Nacional de Búsqueda.
Los proyectos refundidos que buscan modificar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) continúan en discusión general en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara, en una tramitación marcada por las advertencias de organismos internacionales, funcionarios y representantes del mundo de los derechos humanos sobre un eventual debilitamiento de sus atribuciones, autonomía y presencia regional.
La iniciativa, ingresada por el Gobierno de José Antonio Kast el 19 de octubre, abrió un nuevo flanco de controversia entre el Ejecutivo y sectores de la oposición, tanto por los cambios que propone a la institucionalidad del organismo como por el escenario político en que se ha desarrollado su tramitación.
Lo anterior, debido a disputas legislativas durante la discusión del Presupuesto 2027, donde el Ministerio de Hacienda clasificó los recursos del INDH como gasto de ley permanente, buscando resguardarlos ante indicaciones parlamentarias que pretendían rebajarlos a $1.000. Este financiamiento fue finalmente respaldado durante el segundo trámite en el Senado.
Los cuestionamientos de diputados oficialistas se extendieron a la reducción del presupuesto de sitios de memoria y el Plan Nacional de Búsqueda, recursos que también fueron repuestos durante la tramitación en el Senado.
En términos generales, la reforma al INDH contempla modificar la composición del Consejo del organismo, reduciendo sus integrantes de 11 a 5, y cambiar el mecanismo de designación de estos, otorgando un papel preponderante al Presidente de la República. También elimina la facultad del INDH para presentar querellas criminales, una de sus principales herramientas de actuación frente a violaciones graves de derechos humanos.
A ello se suman modificaciones que impactarían en su estructura y funcionamiento territorial, junto con una reducción de recursos que –según las advertencias de sus trabajadores y directivos– comprometería la continuidad de equipos jurídicos y oficinas regionales.
Desde el INDH, su director, Yerko Ljubetic, ha advertido que la propuesta no solo restringiría las herramientas de protección de las víctimas, sino que podría dejar al organismo sin capacidad efectiva para cumplir las atribuciones que mantendría. Uno de los reparos centrales apunta a que la eliminación de las querellas limitaría su posibilidad de intervenir judicialmente ante vulneraciones de derechos humanos.
La iniciativa también ha recibido observaciones desde organismos internacionales. Naciones Unidas y representantes de instituciones nacionales de derechos humanos han advertido sobre eventuales retrocesos en materia de autonomía y pluralismo. En ese contexto, la discusión legislativa ha estado acompañada por las alertas de quienes consideran que, en lugar de fortalecer al INDH, la propuesta podría reducir su capacidad de fiscalizar al Estado y proteger a las personas frente a eventuales abusos.
Alertas por el impacto de la reforma
En la sesión de este miércoles 18 de noviembre, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara continuó con el análisis general de los proyectos refundidos, instancia en la que expusieron el director del INDH, Yerko Ljubetic, y el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez Debelli.
Uno de los principales puntos de preocupación estuvo relacionado con el impacto que tendría la reforma en la capacidad operativa del organismo. Ljubetic sostuvo que los ahorros proyectados por el informe financiero del Ejecutivo implicarían desvincular a todos los abogados del INDH.
“En la práctica, los $3.121 millones que se prometen como ahorro implican, en su aplicación, que tendremos que desvincular a todos los abogados de la institución”, advirtió el director, quien agregó que, de concretarse ese escenario, el INDH incluso quedaría sin capacidad para ejercer las atribuciones que conservaría bajo la nueva legislación.
Ljubetic también defendió la facultad de presentar querellas criminales, cuestionada por el Gobierno. Al respecto, precisó que solo el 2% de las denuncias que recibe el Instituto a nivel nacional termina convirtiéndose en una acción judicial de ese tipo. “Tenemos rigor a la hora de utilizar esta importante herramienta”, enfatizó.
Por su parte, el presidente de la ANEF vinculó los cambios propuestos con el escenario de estrechez presupuestaria que enfrenta la institución. Pérez Debelli advirtió que el recorte contemplado para el próximo año, que se cifró en un 23% según el informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres), debilitaría el compromiso del Estado con la protección de los derechos humanos.
“Querellarse no es lo mismo que denunciar, no es un capricho”, añadió el dirigente, y afirmó que la acción judicial también permite fortalecer las diligencias y cumplir una función preventiva frente a eventuales vulneraciones.
En esa línea, la organización solicitó al Ejecutivo retirar la suma urgencia de la iniciativa y abrir una discusión con los trabajadores del INDH, la sociedad civil, la comisión asesora y expertos. También defendió la mantención de las querellas, rechazó la creación de un Consejo provisorio y el término anticipado de los actuales mandatos, y pidió garantizar por ley las sedes regionales, con presupuesto estable y sin despidos.
Las advertencias también fueron respaldadas por la presidenta de la Asociación de Defensoras y Defensores del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Daniela Aceituno, quien sostuvo que existe disposición a perfeccionar la institucionalidad, pero no a costa de debilitarla.
“Sí apoyamos reformar, pero no para deformar o para debilitar lo que ya tenemos”, señaló en entrevista con radio Usach. A su juicio, la legislación vigente tiene aspectos perfectibles, tanto en las facultades de protección como en el funcionamiento del Consejo, pero los cambios planteados por el Ejecutivo generan preocupaciones relevantes.
En particular, cuestionó la reducción del número de consejeros y el mecanismo de designación propuesto, que –según sostuvo– concentra las nominaciones principalmente en los poderes políticos. Aceituno advirtió que esa fórmula atentaría contra la autonomía del Instituto y los Principios de París, estándares internacionales que establecen las condiciones de independencia y pluralismo que deben cumplir las instituciones nacionales de derechos humanos.
Desde la comisión, la diputada del Frente Amplio Lorena Fries calificó la iniciativa como un “proyecto de desmantelamiento y de jibarización de las funciones del INDH”. Sin embargo, valoró que la presidencia de la instancia haya abierto espacios de audiencia para escuchar a organizaciones sociales y multilaterales, entre ellos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI).
Consultada por El Mostrador, Fries sostuvo que las exposiciones han permitido fundamentar los riesgos de reducir las atribuciones, el presupuesto y la presencia territorial del organismo. “Achicar las atribuciones o quitarle fondos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, incluso reducir sus oficinas solamente a Santiago, constituye una regresión en materia de derechos humanos”, afirmó.
La parlamentaria también apuntó a los cambios en la integración del Consejo, advirtiendo que la propuesta de transición entrega al Presidente de la República la elección de representantes y debilita la participación de las organizaciones de la sociedad civil. “Lo que hace el proyecto que pretende el Presidente Kast es realmente ideologizar el Instituto”, planteó.
Los reparos no se limitan al ámbito nacional. La discusión también ha recogido advertencias de representantes de Naciones Unidas y de organismos internacionales que han puesto el foco en el cumplimiento de los estándares que rigen a las instituciones nacionales de derechos humanos.
Asimismo, las asociaciones de funcionarios ya habían advertido que el informe financiero de la reforma contempla la reducción del 70% de los abogados de los equipos de protección y del 50% de los trabajadores de las sedes regionales. Una proyección que, a juicio de los gremios, comprometería la atención de denuncias y la representación de víctimas fuera de Santiago.
Los derechos humanos en la discusión presupuestaria
El debate por la reforma del INDH se ha desarrollado en paralelo a una controversia presupuestaria que terminó profundizando las diferencias entre el oficialismo y la oposición respecto del financiamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia.
Durante la discusión del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, distintos parlamentarios de derecha cuestionaron la continuidad del Instituto e incluso plantearon la necesidad de terminar con el organismo. Finalmente, la Cámara rechazó la asignación destinada al INDH, correspondiente a la partida del Tesoro Público, mientras que los recursos para los sitios de memoria quedaron reducidos a montos simbólicos.
La controversia alcanzó uno de sus momentos más tensos el miércoles 11 de noviembre, durante la discusión de la partida del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En esa jornada, la diputada del Partido Republicano Javiera Rodríguez cuestionó a quienes, a su juicio, se han atribuido la representación de los derechos humanos en Chile.
“Quiero partir mostrando mi repudio a quienes se han arrogado la propiedad de los derechos humanos en Chile; a esa gran empresa llamada Derechos Humanos Company”, sostuvo la parlamentaria, quien también calificó a sectores de la oposición como “empresarios del dolor ajeno”.
Sus declaraciones provocaron la respuesta de la diputada comunista Lorena Pizarro, quien cuestionó en duros términos que el negacionismo se estuviera instalando en el Congreso y recordó su condición de hija de un detenido desaparecido.
El episodio fue interpretado por sectores opositores como una expresión del negacionismo que, a su juicio, ha comenzado a permear parte del discurso oficialista, en un contexto en que también se han cuestionado los recursos destinados a la búsqueda de detenidos desaparecidos y la preservación de sitios de memoria.
Sin embargo, el escenario cambió durante el segundo trámite constitucional en el Senado. Tras tres jornadas de discusión, la Cámara Alta aprobó la reposición de recursos para las distintas instituciones y programas que habían sido rechazados o recortados.
El Gobierno buscó restituir los recursos destinados a los sitios de memoria y las glosas relacionadas con el Plan Nacional de Búsqueda, tanto en el Servicio Médico Legal (SML) como en el Programa de Derechos Humanos. Lo que fue aprobado por la Sala.
Uno de los debates se produjo a propósito de una indicación del Ejecutivo que solicita al SML informar sobre las gestiones realizadas para identificar osamentas humanas que se encuentran en sus dependencias y que podrían corresponder a personas detenidas desaparecidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
La disposición establece que el servicio deberá agotar todas las técnicas científicas disponibles y entregar un primer informe a más tardar el 31 de marzo de 2027, con reportes trimestrales posteriores hasta lograr la identificación de las osamentas.
La senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, llamó a rechazar la indicación, argumentando que la obligación de informar ya se encontraba contemplada en otra glosa presupuestaria. “La glosa 06 ya obliga al SML a informar trimestralmente a las comisiones de DDHH al respecto”, sostuvo. No obstante, la indicación fue aprobada por 16 votos contra 15.
Otro de los puntos abordados fue la recuperación y habilitación del sitio de memoria de la ex Colonia Dignidad. En este caso, se aprobó por 15 votos contra 14 una indicación de la senadora socialista Paulina Vodanovic, que establece que la Subsecretaría de Derechos Humanos deberá informar, a más tardar el 31 de enero de 2027, sobre la programación para recuperar y habilitar el recinto, incluyendo los inmuebles considerados, los mecanismos de adquisición, los costos y el cronograma de ejecución.
En paralelo, el Senado aprobó la reposición de la asignación destinada al INDH, incluyendo los recursos para financiar su función como Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. La disposición también establece obligaciones de información periódica sobre la utilización de los fondos asignados.
Así, durante la madrugada de este viernes 20 de noviembre, el Senado despachó el Presupuesto 2027 a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. El proyecto deberá volver a la Cámara Baja el próximo lunes 23, donde se revisarán las modificaciones introducidas.
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