Opinión
Para la credibilidad de todos nosotros como comunidad científica, un “estudio” con fundamentos tan débiles nos hace un flaco favor. Quizás daba para una columna o un ensayo, formatos en los cuales Mayol –desconozco los trabajos anteriores de Araya– ha destacado en el pasado por su capacidad de poner temas sobre la mesa, en su peculiar estilo. La política científica merece mayor seriedad y rigurosidad analítica.
Al encontrarme con el documento de Mayol y Araya “¿Tienen los concursos Fondecyt un trasfondo político?” en la portada de El Mostrador, primero me alegré. “Qué bueno que la discusión científica pueda ser portada de un diario electrónico”, pensé ingenuamente. Ojalá muchos lectores puedan interiorizarse de las problemáticas que afectan a este sector fundamental para el desarrollo del país. Sin embargo, al leer el artículo, y luego la presentación más detallada, el entusiasmo inicial dejó lugar a una profunda preocupación, como académico en general, y docente en cursos de métodos de investigación en particular. En efecto, si bien el trabajo plantea una pregunta pertinente, llega a conclusiones equivocadas e irrelevantes, esto por culpa de un planteamiento metodológico profundamente deficiente. Veamos por qué y sus implicancias. Por lo tanto, mi propósito aquí es doble:
Indicar las principales falencias del trabajo, para evitar que se constituya en una referencia para los estudiantes y el público en general.
Señalar algunas pistas para hacerse cargo de la alarmante situación de las ciencias y los científicos en el país, en particular en el ámbito de las ciencias sociales.
Partamos por reconocer la gran pertinencia de la pregunta de investigación. Como bien lo saben los autores del estudio, las condiciones materiales de la producción de la ciencia importan. Por esto es válido examinar los criterios de atribución de los concursos que impulsan buena parte de la investigación realizada en el país. Por la trascendencia económica y simbólica de los concursos Fondecyt, parece una buena idea focalizarse en ellos.
Cada año, junto con los otros concursos de Fondecyt (postdoctorado, Iniciación), los Fondecyt Regular financian la actividad investigativa de centenares de académicos en Chile. Además, funcionan como una validación de los investigadores por las comunidades a la cuales adscriben, tanto en su universidad y facultad como en su disciplina en general. Esto tiene aspectos positivos para quienes tienen la suerte de adjudicarse un fondo, y negativos para quienes no, con excesos por cada lado.
El año pasado tuve la suerte de adjudicarme un Fondecyt de Iniciación, lo que me valió más felicitaciones por parte de los colegas que cuando defendí la tesis doctoral. Todo concurso genera estos efectos de distinción, los cuales creo deben tomarse con cierta distancia y humildad. Por el otro lado, quedar sin Fondecyt puede tener implicancias dramáticas, tanto personales –baja en la autoestima– como institucionales –dejar de ser reconocido como investigador por sus pares–. También creo que es exagerado. Los concursos, por cierto, apuntan a la meritocracia, pero no dejan de tener elementos circunstanciales.
De todas formas, estas situaciones, relatadas a partir de la experiencia personal pero fácilmente generalizables, dejan clara la relevancia de explorar la posibilidad de que impere un criterio político en la atribución de los Fondecyt. Con la pregunta, más allá de discusiones posibles sobre el detalle de su formulación, todo bien entonces.
[cita tipo=»destaque»]El asunto se complica desde el momento en que los autores presentan su diseño de investigación, señalando lo que sería –según ellos– la “presunción de inocencia” y las “hipótesis de la sospecha”. En este punto yerran fundamentalmente, al seleccionar la unidad de análisis equivocada y, a partir de esto, levantar hipótesis incorrectas. Primero entonces, en materia de unidad de análisis, se focalizan en las universidades, y desconocen el proceso real mediante el cual se adjudican estos fondos.[/cita]
El asunto se complica desde el momento en que los autores presentan su diseño de investigación, señalando lo que sería –según ellos– la “presunción de inocencia” y las “hipótesis de la sospecha”. En este punto yerran fundamentalmente, al seleccionar la unidad de análisis equivocada y, a partir de esto, levantar hipótesis incorrectas.
Primero entonces, en materia de unidad de análisis, se focalizan en las universidades, y desconocen el proceso real mediante el cual se adjudican estos fondos. Los tratan como si fueran fondos atribuidos a las instituciones, cuando en realidad se atribuyen a individuos, que participan en algunos comités específicos por disciplina. En consecuencia, las hipótesis que levantan son falaces.
En las ciencias sociales se ha desarrollado en los últimos años una importante corriente de trabajo en torno a los “mecanismos causales”, que presta particular atención a los procesos mediante los cuales una causa produce su efecto. ¿Cómo sería en este caso? ¿El gobierno les daría instrucciones a los integrantes de los comités de Conicyt para que favorezcan a ciertas universidades? Esto sería una hipótesis sin ningún asidero, y casi insultante para los académicos que participan en distintos niveles de este proceso.
No es sorprendente que, después de este error inicial, la relación que ellos establecen entre “años políticamente claves” y variación en los fondos carezca de fundamentos para ser considerada algo más que una coincidencia. Por lo tanto, los autores se equivocan en la relación que establecen y, de paso, al no considerar hipótesis alternativas, pierden la oportunidad de sacar interpretaciones más relevantes de sus datos.
Sí, existen tendencias preocupantes en la investigación en Chile, como el hecho de que las tasas de aprobación de los concursos Fondecyt vayan bajando dramáticamente. ¿Será porque los investigadores son malos? ¿O porque hay un complot de parte de las instituciones privadas? No, simplemente ocurre que hay cada vez más concursantes, escenario particularmente preocupante ahora que vamos hacia restricciones presupuestarias. En vez de elucubrar en torno a una relación entre la política electoral y los resultados de Conicyt, sería mejor que se focalizaran en las políticas públicas que se están implementando. Pero esto requiere un trabajo más arduo y no rinde frutos inmediatos como portadas de diario.
Para concluir sobre la metodología del “estudio”, lo que mayor incomodidad genera es el vocabulario tomado prestado de la epistemología de Karl Popper para construir su argumentación. Al hablar de hipótesis y su falsación, entregan un velo de cientificidad a una reflexión que carece de sus fundamentos básicos, como la búsqueda de una explicación parsimoniosa o, al menos, verosímil. Esto es más lamentable aún en la medida que los datos presentados sí podrían ser interesantes, al igual que sus conclusiones, que pueden ser objeto de discusiones muy relevantes. Tienen un conjunto de datos que muestran cierta evolución –tampoco tan fuerte sobre la base de lo que muestran–. En efecto, hay universidades, de todo tipo, que han incentivado la investigación de sus académicos, por distintos medios. Es un tema que merece atención.
Puede ser que conlleve con él ciertos sesgos, al igual que la focalización en los artículos indexados ISI. Sin embargo, calificar este proceso como una “derechización” de las universidades es desconocer el trabajo de académicos que se esfuerzan por cumplir con estándares elevados en su quehacer profesional. La reorientación hacia los ISI significa también una profesionalización de la actividad de investigación, para salir de la opinología y los comentarios impresionistas. Sin duda, plantea desafíos para las humanidades. También, sin duda, puede ser discutible como criterio único de evaluación. Sin embargo, reducirla a una “derechización” es un reduccionismo que raya en el simplismo.
La ciencia en Chile tiene muchos problemas que quienes la hacemos tenemos que enfrentar, en particular en las ciencias sociales. Hay equilibrios por buscar entre, por un lado, la apertura y horizontalidad que permite la modalidad del concurso y, por el otro, lo que serían los beneficios de una mayor programación en torno a objetivos estratégicos. Sobre todo, falta mayor financiamiento, en particular para darles el lugar que merecen a quienes han desarrollado un importante trabajo en programas de doctorado nacionales e internacionales en los últimos años, y no encuentran actualmente condiciones laborales dignas en las universidades chilenas.
En este sentido, para la credibilidad de todos nosotros como comunidad científica, un “estudio” con fundamentos tan débiles nos hace un flaco favor. Quizás daba para una columna o un ensayo, formatos en los cuales Mayol –desconozco los trabajos anteriores de Araya– ha destacado en el pasado por su capacidad de poner temas sobre la mesa, en su peculiar estilo. La política científica merece mayor seriedad y rigurosidad analítica.
