Eventuales pagos indirectos por 10 millones mensuales durante al menos cinco años
El remezón que vivió la UDI con la renuncia de Pablo Longueira la semana pasada, dejó en la UTI a la colectividad, que busca desesperadamente poner fin al desgaste que vive como consecuencia de los casos de financiamiento ilegal de platas políticas en que varios de sus líderes han estado implicados. Pero las cosas podrían ir peores. El antiguo equipo de fiscales liderados por Sabas Chahuán, que llevaba la causa que hoy lidera Pablo Gómez, tenía en la mira los millonarios y sostenidos pagos recibidos por un histórico socio del “coronel” UDI: 10 millones de pesos mensuales recibidos desde SQM al menos por cinco años, además de otras aristas que podrían abrir un nuevo juicio en su contra. La investigación y las diligencias necesarias están en la cancha del nuevo persecutor.
Un encuentro reservado e íntimo, que cerró una de las semanas más complejas que ha vivido la UDI, sostuvieron el viernes 11 de marzo dos de sus más emblemáticas figuras, hoy caídas en desgracia: el ex senador Jovino Novoa y el ex ministro Pablo Longueira.
La cita, que no duró más de una hora, según consigna El Mercurio, se concretó en la oficina del ex ministro de Economía en Providencia, dos días después de que anunciara su renuncia a la colectividad que juntos ayudaron a conformar al alero de Jaime Guzmán en los 80. Hito que reunió a los poderosos “coroneles” que, además de tener un rol histórico en la colectividad, comparten protagonismo en los casos de financiamiento irregular de la política que han remecido al país.
Hasta el momento, el caso de Longueira parece ser el más complicado: hace una semana el fiscal que lleva la arista SQM, Pablo Gómez, reconoció que el Ministerio Público está investigando al ex parlamentario por posible cohecho, en relación con el intercambio de correos electrónicos, mientras era senador, con el entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse, que habrían incidido en la elaboración de un artículo de la ley de royalty minero que benefició directamente a la compañía. Situación que se cruza con los más de 730 millones de pesos a los que aparece vinculado el ex candidato presidencial a través de proveedores sospechosos de SQM, entre 2009 y 2015, según un informe elaborado por la firma de abogados estadounidense Shearman & Sterling.
Si bien Novoa ya fue condenado en noviembre pasado tras un juicio abreviado en el caso Penta, el acuerdo al que llegó el fiscal Carlos Gajardo con la defensa de Novoa limitó la pena a tres años de presidio, sin inhabilidad para ejercer cargos públicos. Una sanción bastante menor, en opinión de los abogados querellantes, que solo podía entenderse como parte de una justicia negociada para favorecer a Novoa. Para la Fiscalía, sin embargo, la sentencia fue todo un éxito.
A mayor abundamiento y a diferencia de Longueira, Novoa no renunció al partido, y la directiva de la colectividad no le exigió explicaciones ni lo sancionó.
Pero la investigación en torno a Novoa y a las platas políticas aún tiene mucho hilo por cortar, específicamente en el caso SQM –que hoy lidera el fiscal Pablo Gómez–, ya que existe un buen número de aristas pendientes que podrían desembocar en una investigación de mayores proporciones y consecuencias que las realizadas en su contra en el caso Penta.
Así lo señalan fuentes ligadas al Ministerio Público, que aseguran que “todo lo que es Novoa en el caso SQM, no está terminado. Que haya sido condenado en la causa Penta no significa que no tenga responsabilidad sobre otros hechos y que no pueda ser nuevamente acusado”.
Según fuentes cercanas al caso, en la investigación que realiza la Fiscalía existen dos áreas con abundante información que comprometen a la UDI y a Novoa, de las cuales aún no se ha tomado ninguna decisión. Una parte de estas se refiere a las declaraciones presentadas por la ex asesora Lily Zúñiga, en relación con la red de emisores de boletas falsas que administraba la secretaria del ex senador, Marisol Cavieres. En este punto –afirman las fuentes– existen muchos nombres, una buena parte de ellos militantes UDI, que no han sido aún judicializados, pero en torno a los cuales se han decretado varias diligencias que apuntarían a levantar el secreto bancario de los emisores, para comprobar el destino de tales fondos. La consecuencia de ello sería una inminente solicitud de formalización.
La segunda área de investigación y que constituye el mayor talón de Aquiles para el ex senador, dice relación con una compañía de su ex socio, el abogado y asesor legal de Icare, Roberto Guerrero del Río.
El nexo entre Guerrero y Novoa podría eventualmente permitir establecer una línea de investigación contra Novoa similar a la que se sigue contra Longueira: el cohecho.
El 16 enero de 2015, la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, obtenía 10 tomos de contabilidad de SQM. Fue la primera vez que apareció una factura emitida por la sociedad Guerrero y Cía., por un valor de 10 millones de pesos. No fue la última.
Entre los socios de la compañía, que se dedica a la prestación de servicios profesionales legales, se encuentra el abogado Roberto Guerrero del Río, del estudio jurídico Guerrero Olivos, del que –hasta ocho días antes de la diligencia– también era miembro Jovino Novoa y al que se incorporó tras su salida como editor de El Mercurio en 1985.
Si bien Novoa no tiene un vínculo directo en Guerrero y Cía., la principal firma del ex senador en la mira de la Fiscalía, la sociedad Inversiones y Mandatos –que usó boletas falsas para rebajar impuestos en su sociedad– le emitió a Guerrero y Cía. 11 facturas en 2013, por un total de $ 74.659.000. Nada raro si se toma en cuenta la existencia de una relación de décadas con su entonces socio en Guerrero Olivos.
[cita tipo=»destaque»]Tres meses después de que se encontrara la primera factura a la sociedad Guerrero y Cía., Matías Astaburuaga –el mismo abogado jefe de SQM que preparó la propuesta de royalty minero que Contesse envió a Longueira– realizaba su primera declaración ante el fiscal Gajardo, en la que, al ser consultado, aseguró que Guerrero y Cía. no había sido contratada “ni ha prestado servicios para la Fiscalía de SQM. Nunca se me ha enviado ni he visto informe alguno preparado por ellos relativos a SQM. No tenemos relación con los abogados de ese estudio en la Fiscalía de SQM, nunca los he visto en el edificio de SQM, es decir, ignoro que exista cualquier vínculo de servicios prestados con ellos y SQM”.[/cita]
Pero la aparición de una factura a SQM por parte de Guerrero y Cía. podía tener un sello similar al de las boletas Penta, por lo que se encendieron las alarmas en el equipo de fiscales que en ese tiempo dirigía la causa, entre los que se encontraba Carlos Gajardo.
A medida que fue avanzando la investigación se acreditó que, al menos desde 2009, año a partir del cual el Ministerio Público tiene competencia para investigar, la sociedad Guerrero y Cía. habría recibido un monto mensual de 10 millones de pesos por parte de SQM. En total, según acreditó un informe tributario de la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) de la Fiscalía, a la que tuvo acceso El Mostrador, la minera no metálica registra en su libro de compras, entre los años comerciales del 2009 al 2013, facturas exentas de IVA de Guerrero y Cía. Ltda. por un monto total de 600 millones de pesos.
Estos pagos abren una serie de interrogantes, especialmente al tomar en cuenta que el fiscal de SQM, Matías Astaburuaga, aseguró en sus declaraciones en calidad de testigo ante la Fiscalía, que nunca aprobó ni supo que la compañía realizara trabajos para la sociedad controlada indirectamente por Julio Ponce Lerou.
Tres meses después de que se encontrara la primera factura a la sociedad Guerrero y Cía., Matías Astaburuaga –el mismo abogado jefe de SQM que preparó la propuesta de royalty minero que Contesse envió a Longueira– realizaba su primera declaración ante el fiscal Gajardo, en la que, al ser consultado, aseguró que Guerrero y Cía. no había sido contratada “ni ha prestado servicios para la Fiscalía de SQM. Nunca se me ha enviado ni he visto informe alguno preparado por ellos relativos a SQM. No tenemos relación con los abogados de ese estudio en la Fiscalía de SQM, nunca los he visto en el edificio de SQM, es decir, ignoro que exista cualquier vínculo de servicios prestados con ellos y SQM. Pagos de servicios por 10 millones de pesos mensuales para Guerrero y Cía. yo no los autoricé y no guardan relación por los montos y por la continuidad con los contratos que efectuaba la Fiscalía de SQM”.
Según detalló Astaburuaga, el trabajo legal de SQM se realiza internamente “y nuestras asesorías legales externas son muy limitadas. En algún caso de existir un juicio relevante yo puedo contratar un abogado externo que nos ayude (…). Creo que en estos 26 años no hemos contratado a más de 10 personas diferentes, pues no ha sido necesario pues tenemos mucha práctica judicial”.
Luego, el 19 de junio de 2015, y esta vez ante la fiscal Carmen Gloria Segura, ahondó en el tema y detalló que no había tenido relación profesional con la sociedad en cuestión ni con ninguno de los socios, agregando que “no me consta que dichos servicios hayan sido prestados. Tampoco recuerdo que don Patricio Contesse me haya comentado acerca de tales servicios o que haya emitido algún comentario relacionado con ellos frente a mí y a terceros y nunca me entregó o exhibió algún informe vinculado con dichos servicios”.
Al exhibírsele una serie de facturas emitidas por Guerrero y Cía. correspondientes a 2012, señaló que “puedo decir que la persona que requiere el servicio y que tiene las facultades para hacerlo es la persona que autoriza el pago y en este caso quien autorizó el pago a través de la firma de la orden de compra que observo fue Patricio Contesse, e ingresó la orden de compra doña Katherine Bischoff, que era su secretaria, y yo nunca vi ni autoricé ninguno de estos documentos”.
El 25 de agosto pasado, Roberto Guerrero fue citado a declarar como imputado a la Fiscalía, pero optó por guardar silencio. Posteriormente, en una segunda declaración, aseguró que los servicios a SQM sí fueron prestados.
El Mostrador se contactó con Guerrero y Cía., pero no obtuvo respuesta.
El equipo de platas políticas de la Fiscalía –conducida hasta noviembre de 2015 por Sabas Chahuán– tenía en la mira las boletas de Guerrero y Cía. y de otros facilitadores cuando se acordó con la defensa de Novoa la realización de un juicio abreviado. Lo mismo pasaba con los correos de Longueira, que estaban en manos de los fiscales al menos desde noviembre del año pasado. En este caso existía mucha claridad de que el delito que se debía investigar era cohecho.
En lo concerniente a Novoa y su vínculo con Guerrero, las sospechas iban en la misma dirección. Pero ad portas de la salida del Fiscal Nacional del cargo, no era el momento de hacer imputaciones. Por eso habría existido un acuerdo de arribar al juicio abreviado, pero no cerrar la puerta en SQM y así posteriormente poder investigar en profundidad todos los cabos sueltos que apuntaban a Jovino.
Las sospechas de cohecho en torno a Novoa estaban instaladas al interior de la Fiscalía, específicamente en el período que coincide con los pagos al estudio Guerrero y Cía., cuando Novoa aún era senador, o sea, entre 2009 y 2013. Al año siguiente el coronel de la UDI dejó el Congreso.
Según esta línea investigativa, durante estos años, Novoa habría sido facilitador de boletas falsas cuando ejercía el cargo de senador a través de Guerrero y Cía., es decir, habría recibido indirectamente el dinero de SQM por esta vía, incluso mientras era presidente de la Corporación el año 2009. En el caso que las indagaciones se orienten al cohecho, la Fiscalía deberá revisar todas las actuaciones de Novoa en torno a trámites legislativos en relación con la minería para determinar si existieron actuaciones para beneficiar a SQM.
El delito de cohecho es muy difícil de probar. Según explica el abogado especialista en derecho penal Jaime Couso, “en Chile la configuración del tipo penal es demasiado exigente”. En todo caso, aclara, existen dos comportamientos de cohecho distintos. “Uno, contemplado en el artículo 248 bis del Código Penal, se refiere a que un funcionario público haya recibido o pedido plata por ejecutar un acto propio de su cargo, pero con infracción de deberes, alguien que ejerció su función de manera torcida a cambio de dinero”, como, por ejemplo, votar a favor de una proyecto porque le pagaron.
La otra figura de cohecho, la del “artículo 248” del Código Penal, es “más simple, con la que basta que un funcionario público haya aceptado o pedido dinero o beneficios por haber ejecutado su trabajo. Es más sutil: el que soborna no es tan explícito en el sentido de condicionarlo para un acto concreto, sino para asegurar lealtad de manera más general. Ahí no hay que comprobar que ese funcionario actuó de manera torcida en infracción de deberes de su cargo”.
Según fuentes cercanas al caso, “la línea investigativa que permite sospechar que Novoa estaría cometiendo cohecho en virtud de las boletas de Guerrero y Cía. responde al carácter permanente de las mismas y al hecho de que era su socio”.
Bajo esta óptica, el encargado hoy de definir si hincar el diente en esta arista es el fiscal Pablo Gómez.
De hecho, el informe de la UNAC sugería el año pasado que “para poder conocer, entre otras cosas, quiénes son los otros clientes de la sociedad y verificar si corresponden a empresas relacionadas y también para establecer quiénes emitieron boletas de honorarios a la sociedad, se sugiere incautar la contabilidad de Guerrero y Compañía: libro diario, libro mayor, inventario y balances, libro de retenciones, libro de FUT, Libro de Compras y Ventas”.
Si el Ministerio Público activa y enriela las investigaciones en torno a esta arista, “la consecuencia para Novoa, es que podría ser condenado nuevamente, ya que se construye un caso con nuevos hechos, y al tener una condena previa podría dirimirse que no tenga derechos a beneficios, lo que, hipotéticamente, significaría una pena de cárcel”, asegura un conocedor del caso.
