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Califican decisión de no apelar en causas de DDHH como “indultos pasivos”
Funcionarios del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia argumentan que la instrucción recibida por los abogados es ilegal y arbitraria, y que forma parte de una estrategia destinada a dejar en la impunidad a criminales de lesa humanidad.
La asociación de funcionarios del Programa de Derechos Humanos (Anfuddhh) calificó esta tarde como “ilegal y arbitraria” la instrucción entregada por la nueva jefa de dicho programa a los abogados querellantes en al menos tres causas de violaciones a los DDHH de no apelar a decisiones judiciales que les favorecen, debido a razones de salud mental o médicas. Asimismo, la entidad señaló que, en la práctica, se trata de un sistema de “indultos pasivos”.
Como informó El Mostrador, el conflicto estalló cuando, en medio de la batalla legal que se produjo en torno a los distintos peritajes relativos al estado mental del exagente de la DINA César Manríquez, Carolina Garrido (quien asumió como jefa del Programa de DDHH luego del despido de su jefa histórica, Paulina Zamorano) ordenó a la abogada del Programa de DDHH no apelar en una causa que se estaba viendo en la corte de San Miguel, lo que posteriormente, según una denuncia formulada por Zamorano y otras dos exdirectivas del mismo programa, Magdalena Garcés y Tamara Lagos, ocurrió en el caso del excapitán de Carabineros Héctor Osses Yáñez y del exjefe de la CNI de Concepción Jorge Mandiola.
Ante ello, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, exabogado de Augusto Pinochet, dijo a Radio Bío Bío que “no ha habido una instrucción de este ministro” en ese sentido, lo que en sentido estricto es cierto, pues todas las fuentes aseguran que la instrucción no provino de él, sino del subsecretario de DDHH, Pablo Mira, y que quien las ha operacionalizado es la abogada Garrido.
En ese sentido, la Anfuddhh afirmó que el Estado “tiene la obligación de garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas en casos de violaciones a los Derechos Humanos”, como parte de las obligaciones nacionales e internacionales en lo relativo a crímenes de lesa humanidad, las cuales “implican orientar sus esfuerzos en la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de los responsables”.
En dicho contexto, recordó la organización, “el Programa de Derechos Humanos tiene como misión prestar apoyo legal y social a familiares de víctimas de ejecución política y desaparición forzada”, aseverando que el programa se ha hecho parte siempre en este tipo de causas y que, por ende, “la omisión de dicha intervención o la falta de ejercicio de las acciones judiciales correspondientes constituye una decisión ilegal y arbitraria, que favorece la impunidad de estos crímenes y transmite una señal contraria a la sociedad”.
De hecho, calificaron lo que está ocurriendo por esta vía como “indultos pasivos”, que se ejercen “a través de la orden de no ejercer debidamente las acciones judiciales para evitar que criminales de lesa humanidad cumplan sus condenas”, al mismo tiempo que se busca emitir indultos “que liberaría a las y los perpetradores, sin posibilidad de revisión judicial alguna”.
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