Ley Miscelánea tensiona regiones: cuestionan que no se haga cargo de los efectos del ajuste fiscal

El debate por la Ley Miscelánea del gobierno de José Antonio Kast sumó una nueva presión desde las regiones: el impacto del ajuste fiscal del 3% en la agenda social territorial. Senadores regionalistas y gobernadores alertaron que esta medida no puede quedar fuera de la discusión sobre una eventual reforma tributaria, que es lo que sustancialmente constituye la Ley Miscelánea, de acuerdo a su visión.

La advertencia se consolidó tras una reunión entre la Bancada Regionalista y la Asociación de Gobernadores de Chile (AGORECHI), liderada por Yasna Provoste junto y Alejandro Santana. El encuentro fijó una hoja de ruta para incidir en el diálogo con el Ejecutivo.

“El Plan de Ajuste Fiscal (3%) y los impactos que dicha medida genera en las prioridades de la agenda social en regiones, son temas que no se pueden dejar al lado”, sostuvo Provoste, marcando el eje del debate. La senadora enfatizó que el contexto económico obliga a resguardar especialmente a la clase media y a los sectores más vulnerables en regiones.

Desde los gobiernos regionales advierten que la reducción del gasto puede afectar directamente áreas críticas como seguridad, vivienda, migración y medio ambiente, donde las demandas han crecido con fuerza en los últimos años. A su juicio, los recursos disponibles ya son insuficientes para responder a esas presiones.

El planteamiento apunta a una tensión estructural: avanzar en disciplina fiscal sin debilitar la capacidad de respuesta social en los territorios. En ese marco, el bloque regionalista insiste en que una reforma tributaria no puede limitarse a incentivos económicos, sino que debe incorporar mecanismos que aseguren equidad territorial.

En paralelo, la coordinación entre senadores y gobernadores busca influir en otras discusiones clave, como el Presupuesto 2026, el proyecto “Regiones Más Fuertes” y el traspaso de competencias, todos considerados pilares para fortalecer la gestión regional.

Así, el ajuste fiscal se instala como un punto crítico dentro del debate tributario, con las regiones exigiendo que cualquier rediseño económico tenga un correlato concreto en la protección de su agenda social.