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Foto: Bancada del Partido Republicano/Camara.cl
Oficialismo pisa el acelerador por paquete legislativo y se abre a sesionar en semana distrital
Con el ministro Poduje advirtiendo que “se me acaba la plata el 30 de abril” y con los diputados Romero y Durán disponibles para sesionar durante el receso, la coalición gobernante empuja para votar la ley miscelánea antes de fines de mayo. En la oposición, la ofensiva al TC vuelve a tomar vuelo.
Con la firma del Presidente José Antonio Kast aún fresca, en el oficialismo no se anduvieron con rodeos este miércoles: la consigna es apurar la máquina. Y no solo en el discurso. En la práctica, ya hay diputados de derecha dispuestos a sacrificar semanas distritales —ese “receso” en terreno— para despachar la ley miscelánea antes de que el calendario político les pase por encima.
El tono lo marcó el presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero (Partido Republicano), que sin maquillaje puso el objetivo sobre la mesa. “Estoy disponible y espero que todos los parlamentarios estemos disponibles para atender una urgencia social”, dijo en Radio 13C. Y fue más allá, advirtiendo que si no se activa trabajo legislativo en semana distrital, “tendríamos que retomarlo a principios de mayo”, perdiendo tiempo clave.
Romero no escondió el trasfondo político de la jugada. “Yo no le tengo miedo al debate; a lo que le tengo miedo es a la inacción, al sabotaje”, lanzó, dejando claro que el oficialismo quiere evitar que el proyecto se empantane en la cocina parlamentaria. Eso sí, también abrió la puerta a cambios: “El proyecto no tiene por qué salir como entró”.
En la misma línea, vía comunicado, el diputado RN Eduardo Durán reforzó la urgencia con un mensaje directo: “Este proyecto no es un favor al Gobierno, es una urgencia para Chile”. Y alineándose con la idea de apurar los tiempos, se declaró “completamente a disposición para sesionar durante la semana distrital” si eso permite destrabar la tramitación.
Poduje: “Se me acaba la plata el 30 de abril”
La presión no viene solo del Congreso. Desde el gabinete, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, puso una fecha límite incómoda. “Se me acaba la plata el 30 de abril”, sentenció en Radio Duna.
Desde La Moneda: Iván Poduje, Mara Sedini, Claudio Alvarado, el Presidente José Antonio Kast, Jorge Quiroz, José García Ruminot y María Jesús Wulf, durante la firma del Plan de Reconstrucción Nacional.
El jefe del Minvu fue incluso más allá: “leí en el diario que se va a aprobar en septiembre, no nos sirve”.
Así, con el reloj corriendo, en La Moneda empujan para que la iniciativa se vote en bloque, general y particular, en el menor tiempo posible. La meta que ronda en el oficialismo es ambiciosa: sacar el proyecto de la Cámara antes de fines de mayo.
Advertencia de la oposición
Pero al frente no compran la premura. Desde la oposición, el diputado PS Raúl Leiva bajó el entusiasmo y advirtió que el Ejecutivo está forzando los tiempos de una reforma compleja. “Hay que decir las cosas como son: esta es una reforma tributaria”, remarcó, cuestionando que se pretenda despachar en semanas algo que —a su juicio— requiere acuerdos de largo plazo y mayor legitimidad social.
En paralelo, el PPD mantiene la presión política. El diputado Jaime Araya insistió en el clásico “obras son amores y ver para creer”, emplazando al Gobierno a cumplir rápido con los compromisos —como la devolución del IVA— si quiere sostener los votos que hoy le permiten respirar.
Desde el Frente Amplio, el diputado Jorge Brito, integrante de la Comisión de Hacienda, elevó el tono y abrió un nuevo flanco: anunció una reserva de constitucionalidad contra el artículo 12, acusando que cambia la recaudación municipal y “castiga al 90% de las comunas de menores ingresos”. A su juicio, la medida rompe el principio de equidad territorial y, de paso, volvió a cargar contra Hacienda, apuntando al ministro como responsable de decisiones que —dice— han agravado el costo de la vida.
La ofensiva al TC vuelve a tomar vuelo
A horas de la firma del “Plan de Reconstrucción” por parte del Presidente Kast, diputados de oposición endurecieron el tono y reactivaron la amenaza de llevar la iniciativa al Tribunal Constitucional, esta vez con reservas de constitucionalidad ya sobre la mesa.
El diputado Leiva adelantó coordinación opositora para acudir al TC, poniendo el foco en la invariabilidad tributaria por 25 años incluida en la propuesta. Según dijo, la norma limitaría a futuros gobiernos y dejaría en manos del Ejecutivo la definición de qué empresas acceden al beneficio.
Desde la DC, el diputado Patricio Pinilla acusó que el texto es un “Frankenstein legislativo”, apuntando a que mezcla múltiples ideas matrices en un solo proyecto, lo que —a su juicio— vulnera la Carta Fundamental. Aunque la bancada había abierto una puerta a revisar su postura, ahora instala un nuevo flanco que podría escalar durante la tramitación en comisiones.
Las dudas no se quedan ahí. Desde el PC, Bárbara Figueroa advirtió posibles conflictos de interés en normas que podrían favorecer a autoridades, mientras que en el FA, Matías Fernández cuestionó el cambio en contribuciones, acusando que beneficiaría principalmente a sectores de mayor patrimonio, incluyendo integrantes del gabinete.
Con el proyecto recién ingresado, la discusión arranca tensionada y con un eventual paso por el TC cada vez más instalado como carta de la oposición.
