Opinión
La derrota de la reforma en educación, la imposibilidad de lograr un cambio que altere el curso del sistema educacional instaurado hace 40 años, no es solo una derrota de Bachelet y su Gobierno. Fue la confianza y las expectativas que depositó la ciudadanía en el movimiento social, mediante su participación y apoyo a las movilizaciones, lo que construyó la posibilidad política de reformar la educación.
La reforma educacional se encuentra en punto muerto. La gratuidad del gobierno se redujo a una inyección poco significativa de recursos al mismo sistema de educación superior irracional, mercantilizado y segregador que conocemos.
Peor aún, dividió y polarizó a los actores y movimientos que pusieron sobre la mesa la posibilidad de discutir una reforma sustantiva al modelo de educación superior.
Hoy, estudiantes, autoridades y académicos de instituciones públicas y privadas se disputan entre ellos el resguardo del acceso a financiamiento, carentes de un espacio democrático que permita reponer el horizonte de proyecto de esta discusión.
La debilidad política del Gobierno –golpeado por los escándalos de corrupción y su incapacidad de ofrecer una dirección a las reformas que reconstruya la relación con la ciudadanía– ha permitido una ofensiva de los actores e intereses conservadores y neoliberales de este país, con influencia en todos los partidos políticos, instalándose la falsa polaridad entre “crecimiento” y “reformas” como políticas excluyentes, y única salida posible.
Este escenario construido por el Gobierno es sumamente grave. Primero, porque no es cierto que las reformas que pide la ciudadanía estén condicionadas al ingreso de mayores recursos: se trata, principalmente, de un problema de voluntad política de redirigir los recursos que hoy existen, como subsidios a privados, muy ineficientes y base para negocios, hacia la expansión de un sistema público, que sea mayoritario en términos de matrícula, racionalmente administrado y con control democrático. Segundo, porque se reduce la idea de reformas a las modificaciones legales propuestas por el Gobierno como único horizonte posible, siendo estas, además de confusas, medidas que no alteran la mercantilización de los derechos sociales y de la vida cotidiana.
[cita tipo=»destaque»]Hay que superar la mera crítica al Gobierno y ofrecerle al país una propuesta de reforma que vuelva a situar el horizonte en una transformación a nuestro sistema educacional. Creemos que es posible concebir una propuesta que represente un avance en el sentido más claro que estableció la ciudadanía en sus demandas: una educación pública, gratuita y de calidad. Tenemos claro que una reforma radical al mercantilizado sistema educacional chileno no es posible en el corto plazo, pero sí lo es empezar a avanzar en una dirección que implique revertirlo sobre la base de cambios progresivos.[/cita]
Es preciso alertar sobre los peligros que implica este escenario. La derrota de la reforma en educación, la imposibilidad de lograr un cambio que altere el curso del sistema educacional instaurado hace 40 años, no es solo una derrota de Bachelet y su Gobierno. Fue la confianza y las expectativas que depositó la ciudadanía en el movimiento social, mediante su participación y apoyo a las movilizaciones, lo que construyó la posibilidad política de reformar la educación. No lograr siquiera un avance en construir un nuevo sistema de educación pública, es también el fracaso del movimiento social por la educación, de sus organizaciones, formas de movilización y liderazgos, en tanto vehículo para lograr cambios para Chile. Nadie gana con el fracaso de la reforma educacional.
Esto constituye un desafío para el conjunto de estudiantes, familias, organizaciones, instituciones y personalidades que los últimos diez años han dedicado su tiempo, ideas y esfuerzo para lograr un cambio democrático en la educación. Aún es tiempo.
Hay que superar la mera crítica al gobierno y ofrecerle al país una propuesta de reforma que vuelva a situar el horizonte en una transformación a nuestro sistema educacional. Creemos que es posible concebir una propuesta que represente un avance en el sentido más claro que estableció la ciudadanía en sus demandas: una educación pública, gratuita y de calidad. Tenemos claro que una reforma radical al mercantilizado sistema educacional chileno no es posible en el corto plazo, pero sí lo es empezar a avanzar en una dirección que implique revertirlo sobre la base de cambios progresivos.
Eso es precisamente lo que no hace la gratuidad que ha ofrecido Bachelet, que solo ahonda en dicha mercantilización. Lograrlo sería el primer paso hacia una educación verdaderamente nueva.
