Aldo Valle, vicepresidente del Cruch: “En la práctica se consolidará el mercado privado transfiriendo mayores recursos públicos a ese sector”

El vicepresidente del Consejo de Rectores (Cruch), Aldo Valle, se refirió a una reunión con los ministros de Educación y Segpres, Adriana Delpiano y Nicolás Eyzaguirre, respectivamente, en donde se les explicó diversos aspectos del proyecto sobre universidades estatales, afirmando que salieron del encuentro con la misma incertidumbre que los ha llevado a criticar al gobierno.

En entrevista con La Tercera, Valle dice que concurrió el viernes pasado junto a representantes de los planteles estatales, Ennio Vivaldo y el de las instituciones regionales, Patricio Sanhueza, al encuentro con los ministros de Estado y que se extendió por cinco horas.

“Fue una reunión extensa en la que escuchamos primero a la ministra Adriana Delpiano y luego al ministro Nicolás Eyzaguirre, quienes se extendieron sobre diversos aspectos del proyecto. Después, hablamos los rectores y pasamos a analizar en especial lo relativo al financiamiento público. Recibimos más información, hicimos algunas observaciones que esperamos se consideren, y se habló, claro, de los efectos que tendría no presentar el proyecto en los próximos días o de separar algunos temas para que sean ingresados con posterioridad”, precisa el vicepresidente del Cruch.

En cuanto a lo explicado por Eyzaguirre, Valle menciona que se refirió a lo que iba en el proyecto, indicando que había aportes basales específicos, pero que los recursos correspondientes eran materia de ley de presupuesto, sin que pudiera anticipar algún indicador, porcentaje o ítem de gasto o inversión determinado.

“Desde luego, hizo un esfuerzo por persuadirnos de las bondades del proyecto en materia de financiamiento, en el sentido de que las regulaciones establecidas iban a terminar con el lucro y la mercantilización. El ministro Eyzaguirre trató de convencernos de que se fortalecerá la educación pública, pero en la práctica se consolidará el mercado privado, transfiriendo mayores recursos públicos a ese sector. No hay ninguna señal acerca de cómo cambia esa cuantiosa transferencia de recursos”, agrega.

Valle también señala que en la oportunidad no se les mostró el articulado del proyecto, añadiendo que se les solicitó respaldarlo, ya que “era importante nuestro apoyo para llevar adelante esta reforma. A mi juicio, es muy difícil esperar que el otro manifieste una voluntad definida respecto de algo que no conoce. Decir que uno está de acuerdo con llevar a cabo una reforma, implica también una crítica al estado actual de las cosas, pero no equivale a entregar un apoyo a cualquier reforma”.

Sobre lo que pudieron conocer en la reunión, el académico sostuvo que el sistema de financiamiento fue explicado con más precisión y Eyzaguirre dijo que el crédito con aval del Estado continuará de por vida, incluso para universidades que podrán fijar sus aranceles libremente, agregando que “¿hasta cuándo forzarán el endeudamiento para que los jóvenes puedan estudiar? Donde hay recursos públicos no puede haber libertad de precios, al menos para quien hace uso de ese beneficio”.

“El sistema de educación superior no puede operar como el mercado público o Chile Compras. Si lo que se pretende es un financiamiento estatal, sólo por la vía de fijar un “precio unitario” o arancel regulado por docencia, sin distinguir el carácter y fines de la institución, se transformará al Estado en un mero comprador de servicios docentes”, argumentó.

En tal sentido, dijo que “la reforma debe garantizar que un conjunto de instituciones, de carácter público o privado, junto con recibir financiamiento estatal asuman responsabilidades en el logro de objetivos de bien común y en la función social que corresponde a todo sistema educativo. Si el Estado se reduce a comprar educación a oferentes no diferenciados, terminará haciendo lo que no pudo hacer el mercado por sí mismo, tal como ocurrió en el sistema escolar”.

Valle arguye que el proyecto consolidará la cobertura privada debido a que “el Estado se convierte en un gran comprador de docencia de pregrado de la misma oferta privada que hoy existe. Es decir, habrá un gran mercado más regulado, pero financiado por el Estado igual. La propuesta de reforma conocida hasta ahora, si bien contiene aspectos positivos, como una mayor regulación pública, proyecta y consolida la actual fisonomía de la educación superior chilena: no se fortalece ahora ni para el futuro la educación pública”.

Además, estima que si no es posible a partir de estos cambios “incrementar las oportunidades de elegir entre lo público o lo privado, ni terminar con los incentivos a la privatización, si no contribuyen a fortalecer la complejidad y calidad de las instituciones públicas, y la gratuidad será el único eje del nuevo financiamiento público, esta ley no transformará el actual estado de cosas. En consecuencia, la decisión en educación seguirá respondiendo más a una lógica de mercado que a una relación de carácter cívico y de orden público”.