El efecto Grau: Republicanos desisten de ir tras Gabriel Boric

En el comité de senadores republicanos del Congreso explican que el fracaso político de la acusación constitucional (AC), que presentó un grupo de diputados oficialistas contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, tuvo un efecto futuro disuasivo y pedagógico.

La derrota en el Senado “descomprimió” la tensión sobre otras arremetidas. La principal apuntaba a explorar un libelo acusatorio contra el expresidente Gabriel Boric, el que “no corresponde” y sería “una irresponsabilidad”.

Entre los dirigentes republicanos con más experiencia en política manifiestan una fuerte oposición a cualquier atisbo de explorar una acusación constitucional contra Boric, basándose en razones de estabilidad institucional, evaluación de la gravedad de las faltas y estrategia política.

Si bien, los efectos políticos de un fracaso constitucional se analizaron el fin de semana pasado, este jueves, en la reunión de la comisión política de la colectividad, la situación fue analizada con “mayor crudeza y sentido de moraleja”.

En enero pasado dirigentes republicanos y del PNL deslizaron la hipotética idea de explorar jurídicamente una acusación constitucional contra Gabriel Boric —en alusión al balance de las herramientas legales vigentes tras el término del año legislativo 2025—, recordando que la oposición disponía legalmente hasta el 11 de septiembre posterior al término del mandato presidencial para interponer un libelo.

La idea giraba en torno a que no existía impedimento técnico-jurídico para revisar la gestión completa del exmandatario, sugiriendo como eventual causa la forma en que se otorgaron los indultos presidenciales vinculados al estallido.

La especulación regresó con más énfasis el 9 de junio pasado, cuando la diputada del Partido de la Gente, Pamela Jiles, acusó que quienes define como “derechita cobarde” llegarían a un acuerdo en el Senado para no aprobar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau; además, emplazó a que se presente un libelo contra el expresidente Gabriel Boric.

“Si son tan choros, ¿Por qué no hacen una acusación constitucional contra Boric? ¿Por qué no hacen la acusación constitucional, si son tan choros, contra quien es el responsable último o no de aquellas siete acusaciones que se le hacen a Grau?”, cuestionó Jiles.

No obstante, en el Partido Republicano las opiniones mayoritarias, tras el fracaso de la acusación contra Grau, terminaron por desestimar el uso de una herramienta contra Boric.

Senadores republicanos destacan el llamado a la “cordura” frente a presiones externas. La idea de una acusación contra Boric generaría un daño institucional significativo y, posiblemente, un fracaso político de costos mayores en la relación con Chile Vamos y con los partidos de la oposición.

Más aún considerando que en 2027 no se descarta que, a lo menos, uno de tres senadores investigados por la justicia sea desaforado y, con eso, la derecha pierda un voto decisivo. Los senadores destacan el enorme perjuicio que se le causa al país al acusar a un presidente de la República; para ellos, este tipo de acciones generan un daño sistémico que prefieren evitar. Consideran que su rol dentro del sector es actuar como un “freno” y llamar a la sensatez, argumentando que no se puede proceder simplemente porque “un par de locos en Twitter” lo exijan por rencores pasados relacionados con el estallido social o daños previos.

Los planteamientos sobre Boric incluyen una fuerte denuncia por la “estrechez económica” derivada de su administración. Se le cuestiona haber gastado el 20% de toda la capacidad de endeudamiento de Chile en apenas los primeros 100 días de su gestión en 2026 (del 1 de enero al 11 de marzo).

Un senador republicano reafirma que el gobierno de Boric “gastó lo que tenía y lo que no tenía”, adelantando activos de empresas públicas y traspasando deudas por 3.200 millones de dólares para el año siguiente, dejando al sucesor “sin plata”.

Otro senador señala que personalmente no le gustaría avalar una acusación de este tipo a menos que se tratara de un “delincuente”, aclarando explícitamente que ese “no es el caso” del expresidente.

Un planteamiento estratégico que admiten en el Congreso es que el proceso fallido contra el exministro Grau sirvió para “descomprimir cierto apasionamiento político”.

Entre los legisladores republicanos con experiencia consideran que, tras la derrota en la AC, las voces que pedían acusar al Presidente perdieron fuerza, lo que facilita la tarea interna de convencer a sus diputados de que una acusación contra Boric “no corresponde”.

Internamente, la estrategia también buscó gestionar la tensión entre la “impulsividad” de los diputados y la moderación del Senado de la colectividad fundada por J.A. Kast.

Fuentes del partido explican que se optó por no “cortar el elástico” con los diputados debutantes, permitiendo a los parlamentarios de la Cámara Baja actuar sin sentirse “asfixiados” por los senadores moderados que no hicieron uso de la palabra al votar: Arturo Squella, Miguel Becker e Ignacio Urrutia.

Esto apuntó a mantener la cohesión interna, a pesar de que el mérito jurídico de la acusación era discutible por la falta de evidencia sólida.

El análisis republicano: éxito comunicacional y equilibrio interno tras AC-Grau

En el Partido Republicano han realizado un profundo balance estratégico tras la derrota legislativa de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.

En la colectividad del Presidente reconocen que el fracaso de la acusación constitucional contra Nicolás Grau ha revelado profundas grietas y costos políticos tanto para el Gobierno como para el Partido Republicano. Según las fuentes, este episodio evidenció una falta de articulación política crítica en el Ejecutivo, manifestando un “desapego” entre los partidos que lo apoyan y la administración central.

Para el bloque republicano, el costo principal radica en una crisis de identidad oficialista. Sus diputados, pese a representar al partido del Presidente, parecen no haber asimilado su rol de gobierno, persistiendo en un “clima de impugnación” y rebeldía propio de la oposición.

Las fuentes indican que la colectividad tiene serias dificultades para asumir la responsabilidad de “tragar muchos más sapos” de lo que desearían para otorgar estabilidad al sistema.

A esto se suma la presión externa del Partido Nacional Libertario (PNL), que al estar fuera del Gobierno, ejerce una influencia que genera “pavor” en las filas republicanas, forzándolas a acciones que tensionan la relación con su propio Ejecutivo.

Algunos legisladores comentaron a El Mostrador que la dinámica de la acusación mostró que los legisladores oficialistas no se sienten plenamente integrados en el proyecto común, priorizando polémicas constantes sobre la lealtad institucional. Este desorden interno sugiere que la coalición no logra construir las confianzas necesarias para dar soporte político efectivo al programa de gobierno.

No obstante, según personeros de la colectividad, el proceso, aunque fallido en votos, permitió simplificar la compleja realidad financiera del país para la opinión pública: “No hay recursos por culpa del Gobierno anterior”.

El Partido Nacional Libertario (PNL) ejerce una presión constante sobre el bloque republicano, forzándolos a mantener un tono de confrontación. Sin embargo, el liderazgo senatorial prefiere evitar este “apasionamiento político”, utilizando la derrota de la acusación contra Grau como una válvula de escape necesaria.