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No obstante los cuestionamientos, Ley Mordaza 2.0 sigue avanzando
Presentado como un escudo contra las filtraciones, el proyecto terminó bajo sospecha de convertirse en un cerrojo para la circulación de antecedentes que han permitido destapar algunos de los mayores casos de corrupción de los últimos años.
El Senado pisó el freno. La votación en general del polémico proyecto de ley que “modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la protección de determinados antecedentes de un proceso penal” (Boletín 17484-07) fue aplazada en la Sala tras semanas de intenso fuego cruzado.
Lo que en el papel se redactó como un blindaje institucional contra el crimen organizado, en la práctica ha encendido las alertas de un intento por apagar las luces sobre las investigaciones de corrupción que incomodan al poder.
Conocida por sus impulsores como la “ley antifiltraciones” y bautizada por sus detractores como una peligrosa “ley mordaza 2.0”, la iniciativa atraviesa hoy su momento más crítico.
El origen: un cerrojo al Ministerio Público
Ingresada en abril de 2025 por los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS), la moción busca castigar con severas penas de cárcel —que pueden llegar a la reclusión menor en su grado medio a máximo— a quienes divulguen antecedentes de una investigación penal.
El argumento oficial es formalmente impecable: evitar que las filtraciones desde la Fiscalía o las policías frustren allanamientos en curso o pongan en la mira de sicarios a testigos protegidos.
Sin embargo, el texto original dejó una puerta abierta que levantó al gremio periodístico en pleno. Al tipificar la “divulgación indebida”, la amenaza penal no solo apuntaba al funcionario público desleal, sino que arrojaba una red lo suficientemente amplia como para arrastrar a la prensa, asfixiando el flujo de información en casos de malversación de fondos o fraude al Fisco.
Durante el trámite en la Comisión de Constitución en 2025 y principios de 2026, los autores intentaron aplacar las críticas argumentando que la inclusión de la palabra “ilegítimamente” blindaba a los reporteros amparados en la Ley de Prensa, pero la redacción siguió generando profundas suspicacias.
Weibel y el fantasma del espionaje
El debate no se está dando en el vacío. Esta misma semana, el periodismo de investigación chileno anotó una victoria judicial con la condena en el caso “Operación Topógrafo”, que sancionó el espionaje ejecutado por la inteligencia militar contra el periodista Mauricio Weibel tras destapar el fraude del “Milicogate”.
En medio de este clima, Weibel disparó con munición gruesa este miércoles en los micrófonos de Radio ADN. Alerta ante el avance del boletín, el investigador fue categórico al vincular las intenciones de la normativa: “Aparentemente hay senadores que no quieren que la prensa hable de corrupción”.
Para los críticos, la contradicción es insoslayable: mientras los tribunales castigan el espionaje a la prensa, el Congreso tramita una herramienta legal que podría intimidar a las fuentes bajo amenaza de cárcel, secando la principal vía por la cual la ciudadanía se entera de los delitos de cuello y corbata.
Comite Unido pisó el freno
El frenazo legislativo, sin embargo, no fue un accidente. Quien activó el freno de emergencia en la Sala fue la senadora comunista Claudia Pascual, integrante de la comisión de Constitución.
Actuando en representación del Comité Unido —el bloque táctico que aglutina las fuerzas del PC, el Frente Amplio, la DC y los regionalistas—, la parlamentaria utilizó su prerrogativa reglamentaria y exigió la “segunda discusión” del proyecto.
Esta maniobra, respaldada por el peso orgánico de toda esta bancada mixta, desbarató la tramitación exprés de la “Ley Mordaza 2.0”, sacándola de la tabla y obligando a sus acorralados impulsores a buscar enmiendas a contrarreloj antes de atreverse a enfrentar nuevamente al hemiciclo.
Fuentes parlamentarias ligadas a las tratativas advierten que este receso táctico será breve: la tensión amenaza con regresar al hemiciclo a la vuelta de la semana regional, asomando una inminente reactivación del debate legislativo a partir de la próxima semana.
Control de daños: el compromiso de De Urresti
Con la votación en general aplazada y la presión mediática en ebullición, los autores del proyecto han tenido que salir a contener el daño reputacional y desmarcarse de las acusaciones de censura.
Este jueves, el senador socialista Alfonso de Urresti, uno de los cerebros de la moción, entregó a El Mostrador una extensa declaración que busca trazar una línea roja y blindar el objetivo original de la ley:
“Una investigación penal exitosa requiere rigor procesal, no filtraciones que alerten al crimen organizado antes de actuar. Sancionar con dureza al funcionario público que traiciona su mandato filtrando datos críticos es una obligación del Estado (art. 246 ter). Sin embargo, la labor del periodismo de investigación es intransable”.
Consciente del flanco abierto, De Urresti comprometió una cirugía mayor al cuerpo del proyecto durante su inminente tramitación en particular, apuntando directamente a la redacción del cuestionado artículo 246 quáter:
“Por ello, exigiremos perfeccionar el artículo 246 quáter: la responsabilidad penal debe apuntar a la falla institucional, no a la prensa. Se restringirá la difusión exclusivamente en aquellas diligencias donde esté en riesgo inminente la vida de víctimas y testigos, o el éxito de un operativo policial, en total armonía con la Ley de Prensa y las garantías constitucionales”.
El parlamentario remató su intervención disparando contra lo que considera ataques infundados al espíritu de la ley: “Reducir esto a eslóganes o caricaturas confunde a la ciudadanía. Aquí no se persiguen noticias ni se busca afectar líneas editoriales; el Estado persigue delitos y no puede permitir que la negligencia interna frustre investigaciones de alta complejidad. Por lo mismo, este debe seguir siendo un debate abierto a todos los actores sociales de cara al país. Estaremos atentos a sugerencias de indicaciones que persigan estos principios. La meta es una: Certeza jurídica para investigar y condenar; libertad absoluta para informar”.
Cabe mencionar que el senador Pedro Araya (PPD) y la exsenadora -hoy embajadora de Chile en Uruguay- Luz Ebensperger (UDI), impulsores del proyecto, han sostenido que la iniciativa no busca sancionar el ejercicio del periodismo, sino corregir una asimetría de la legislación vigente y reforzar la protección de las investigaciones penales.
Araya ha afirmado que el objetivo es endurecer las penas para quienes, teniendo acceso a antecedentes reservados, los filtran indebidamente, mientras que Ebensperger ha insistido en que el artículo más cuestionado está dirigido a fiscales, abogados, imputados, querellantes y otros intervinientes que divulguen información de la carpeta investigativa, y no a restringir la labor informativa de la prensa.
El fantasma del 2016 y la trampa del “el que”
El apodo de “Ley Mordaza 2.0” no es una simple hipérbole tuitera; es el amargo recuerdo de un déjà vu legislativo. En 2016, cuando las esquirlas de los casos Penta y SQM amenazaban a la clase política en pleno, el Congreso ya había intentado penalizar a quienes publicaran filtraciones judiciales, una intentona que naufragó ante el repudio total de los defensores de la libertad de expresión.
Hoy, casi una década después, esta versión remasterizada revive con una redacción letal. Al establecer penas de cárcel —presidio menor en su grado medio a máximo— para “el que de cualquier modo entregare, informare, difundiere o divulgare” antecedentes reservados, el proyecto oculta una trampa gramatical. Al usar el genérico “el que”, y no limitar la sanción exclusivamente a los funcionarios públicos, la espada de Damocles penal queda colgando directamente sobre la cabeza de cualquier reportero o ciudadano que se atreva a destapar la olla en investigaciones de alto interés público, como ya se ha visto en los recientes casos Hermosilla, ProCultura o Monsalve.
El silencio táctico de La Moneda y lo que viene
Mientras el Senado debate el proyecto antifiltraciones, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast aún no ha fijado una posición formal durante su tramitación legislativa. Aunque el Mandatario incluyó la iniciativa entre las prioridades de seguridad de su primera Cuenta Pública, la moción sigue siendo de origen parlamentario y, hasta el cierre de esta edición, el Ejecutivo no le ha otorgado urgencia ni ha intervenido oficialmente en la discusión en Sala.
Ese bajo perfil contrasta con las críticas que el propio Kast formuló como candidato presidencial a disposiciones que, a su juicio, podían afectar la labor periodística, mientras hoy el debate público ha quedado principalmente en manos de los senadores autores de la iniciativa y de sus detractores.
La suspensión temporal de la votación en la Sala es apenas una tregua táctica. El proyecto deberá volver al hemiciclo para su votación en general, y las indicaciones prometidas por legisladores como De Urresti serán el verdadero “test de blancura”.
La moneda está en el aire: el Congreso chileno deberá demostrar si es capaz de alcanzar el complejo equilibrio quirúrgico entre proteger los operativos antimafia y garantizar que el periodismo pueda seguir fiscalizando al poder, o si —bajo la inexpugnable excusa de perseguir al crimen organizado— se terminará por pavimentar una zona de confort para la corrupción institucional.
