Jorge Quiroz: el ministro y el columnista

Quien revise las columnas que Jorge Quiroz publicó antes de llegar al Ministerio de Hacienda, encontrará que el polémico Oficio 16 no aparece de la nada. Tampoco se explica únicamente por el déficit fiscal. El déficit importa, desde luego. Pero explica la coyuntura, no la arquitectura del documento. Lo que allí se expresa es una visión previa, persistente y reconocible sobre el Estado, la política y el gasto público.

En esas columnas hay un patrón estable. El Estado aparece como una maquinaria propensa a la captura, atravesada por programas inerciales, grupos que defienden rentas, burocracias que se reproducen y gastos que se acumulan sin suficiente prueba de eficacia.

La política, por su parte, aparece como el reino de la promesa: derechos, subsidios, programas, reformas, todo muchas veces formulado sin internalizar costos, incentivos ni restricciones. La inversión privada, en cambio, no es heroica. No permanece por patriotismo ni por apelaciones morales. Florece, según Quiroz, solo bajo reglas estables, certeza jurídica, disciplina fiscal, respeto a la propiedad y un ecosistema tributario razonable.

Leído desde esa matriz, el Oficio 16 deja de ser una circular técnica y se vuelve una pieza de economía política. Su lenguaje es administrativo, pero su operación es doctrinaria. Cuando Hacienda exige línea base, marco de mediano plazo, evaluación exante, monitoreo, ajuste presupuestario y eventual discontinuidad, no está simplemente pidiendo ordenar planillas. Está introduciendo una forma de ver el Estado: todo programa debe demostrar que merece seguir existiendo.

La filiación intelectual de Quiroz ayuda a entender la escena. Su razonamiento tiene una base neoclásica liberal: incentivos, costo de oportunidad, inversión, productividad, formalidad, ahorro, retorno esperado. A eso se suma una sensibilidad Public Choice: el Estado no como encarnación transparente del bien común, sino como espacio de captura, rentas y autopreservación burocrática. Se agrega un institucionalismo de reglas, propiedad y certeza jurídica; y también una veta hayekiana, desconfiada de la ingeniería política y de los rediseños estatales que suponen saber más de lo que efectivamente saben.

En “Los programas públicos y el despilfarro”, publicada en El Mercurio, Quiroz ya había formulado casi el antecedente directo del Oficio 16. Allí toma datos de Dipres para sostener que el Estado chileno cuenta con cerca de 700 programas públicos y que en 2023 gastaron US$ 42.600 millones. Su lectura no es solo que hay gasto alto, sino que hay desorden: programas sin criterios claros de priorización, problemas para estimar gastos administrativos, ausencia de indicadores y una baja disposición a cerrar programas mal evaluados. La tesis de fondo es clara: el Estado no solo gasta; se reproduce.

En “A propósito de Gladiador II”, esa intuición se vuelve más política. Allí Quiroz recurre a la imagen de las “bandas pretorianas”: grupos beneficiados por sinecuras, privilegios y reparticiones públicas que se oponen ferozmente a cualquier intento de ajuste. En esa columna aparece un Quiroz casi programático: quien intente ordenar el gasto enfrentará empleados públicos, gremios, universidades, sindicatos y empresas estatales. El Oficio 16 puede leerse, precisamente, como el primer movimiento administrativo contra esas bandas.

Por eso es equivocado reducirlo a una lógica de motosierra anarcocapitalista, a lo Milei. Quiroz no propone una demolición teatral del aparato público. Su operación es más sobria, más técnica y, por lo mismo, más profunda. No corta primero: clasifica primero. No busca solo producir una escena de ruptura: busca instalar un régimen de evaluación. La motosierra hace espectáculo; el bisturí produce procedimiento. El Oficio 16 pertenece a esta segunda familia.

Ese bisturí aparece con especial claridad en la propia estructura del oficio. Hacienda no solo instruye la preparación del presupuesto 2027. Sitúa el proceso dentro de un Marco de Mediano Plazo 2027-2031, declara un “cambio de paradigma” y subordina nuevas iniciativas a la sostenibilidad financiera en ese horizonte. También exige distinguir gastos legalmente comprometidos de propuestas complementarias y someter la oferta programática a criterios de evaluación, continuidad, rediseño o discontinuidad.

Aquí está la mutación central. El gasto público deja de presumirse legítimo por su trayectoria, por su finalidad social o por su sola inscripción en una política pública. Pasa a estar bajo sospecha de despilfarro, salvo que se demuestre lo contrario.

El problema, obviamente, no está en evaluar. Sería absurdo defender que el Estado no deba revisar, corregir, fusionar o cerrar programas. El problema está en creer que toda política pública puede evaluarse bajo el mismo régimen de medición. Hay programas que entregan bienes visibles, contables, inmediatos. Otros intervienen problemas densos: rezago educativo, abandono escolar, convivencia, vulnerabilidad familiar, salud mental, exclusión territorial, integración cultural, investigación científica.

Sus efectos son lentos, indirectos y acumulativos. A veces su resultado más importante consiste en evitar que una trayectoria se rompa, que una comunidad se deteriore, que una capacidad institucional desaparezca.

Confundir lo difícil de medir con lo irrelevante o inútil es ceguera tecnocrática. La cifra no solo describe; también ordena. Define qué cuenta como éxito, qué plazo parece razonable, qué evidencia merece crédito y qué tipo de política pública queda bajo sospecha. Una racionalidad presupuestaria puede detectar despilfarro, duplicidades y programas mal diseñados. Pero también puede castigar intervenciones que trabajan sobre realidades más complejas que sus indicadores.

Allí se juega el punto habermasiano. Quiroz entiende su tarea como ciencia y técnica objetivas. Pero ahí hay una visión de mundo particular y nada ingenua. Bajo la forma de evaluación, desempeño y sostenibilidad opera una teoría del Estado: la idea de que la política tiende a prometer de más, que el gasto tiende a expandirse por inercia, que los grupos organizados capturan recursos y que Hacienda debe funcionar como tribunal de realidad frente a la fantasía programática de la política.

Esa idea ya estaba en sus columnas. En “El verso y la prosa”, Quiroz advertía que gobernar exigía enfrentar fragilidad fiscal, bajo crecimiento y deterioro del Estado de derecho. En “Pregunta para el próximo debate”, calificaba los programas de gobierno como construcciones cercanas a la fantasía, sostenidas sobre supuestos de crecimiento que rara vez se cumplen. En “Chile puede más”, recurría a McCloskey para defender una productividad fundada en dignidad empresarial, libertad de permiso y retorno esperado.

La agenda del Oficio 16 no aparece entonces como una improvisación en contexto de emergencia fiscal: es la administración pública leída desde esa economía moral del límite.

Por eso la discusión pública debiera desplazarse. No basta preguntar si hay déficit. Tampoco basta preguntar cuánto se recorta. La pregunta de fondo es otra: qué tipo de Estado se produce cuando toda política social debe comparecer permanentemente ante Hacienda para probar que merece existir. Ese es el punto relevante para una oposición, hoy completamente extraviada y que critica más a los espantapájaros que a la realidad.

El Oficio 16 no sorprende. No inaugura una mirada. La ejecuta. El déficit heredado abrió el espacio y la mejor coartada, y las columnas de Quiroz entregan la doctrina de manera parcelada pero completa. Lo que emerge no es solo un ajuste presupuestario, sino una reorganización del Estado social bajo una regla de sospecha fiscal permanente.

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