El lugar de ejecución del delito estaba ubicado en Recoleta, por lo que la causa le corresponde al Tercer Juzgado y no al Séptimo Juzgado de Garantía. Además el fiscal estableció que los hechos apuntan sólo al delito de estafa.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se declaró incompetente de conocer la causa por el caso de Rafael Garay y derivó todos los antecedentes al Tercer Juzgado.
Tanto el fiscal centro norte, José Morales, como el magistrado Darwin Eric Bratti, señalaron que el delito se llevó a cabo en las oficinas de Think & Co, específicamente en Bellavista 186, en Recoleta, por lo que la causa se debiese llevar en otro Tribunal.
Morales también desestimó el delito de apropiación indebida: «En un comienzo de esta investigación se consideró la existencia de un delito de apropiación indebida, pero posteriormente no se ha encontrado ninguna inversión o actividad que haya realizado el imputado con los dineros recibidos, por lo que se considera que la actuación del imputado estuvo movida desde un inicio por el ánimo de engañar a las víctimas y apropiarse del dinero entregado».
Por ello, se espera que se pida la formalización del ingeniero comercial por el delito de estafa, estimada en $1.784.237.102 millones de pesos y que tendría hasta el momento 36 víctimas.
