La afectada habría sido una joven colombiana de 21 años que llegó al sur del país a trabajar en una «tienda de zapatos». En la acción judicial se afirma que “la prevención en este caso en particular falló, siendo doña L.D.M.C. víctima del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Y el Estado debe hacerse cargo de investigar y sancionar a los responsables de un delito tan grave y complejo”.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por trata de personas, lo que según el artículo 441 del Código Penal, castiga a quienes a través de la violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, traslade, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo la pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud.
En este caso la acción judicial se presentó contra la colombiana Luz Deysi Córdova Correa -quien se encuentra en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas- y las personas que resulten responsables por el delito de trata de personas, específicamente en el caso de una joven de 21 años proveniente del mismo país.
De acuerdo al INDH, la mujer de iniciales L.D.M.C. fue contactada en Antioquia, al noroeste de Colombia, donde le ofrecieron un trabajo falso como vendedora de una tienda de zapatos en Chile, específicamente en la ciudad de Punta Arenas. En julio de este año al llegar a la ciudad austral -luego de un viaje por Ecuador, Perú y Bolivia- se dio cuenta que el lugar de trabajo no era lo que le habían dicho.
La «tienda de zapatos» se trataría de una casa de citas donde iban hombres a pagar por tener relaciones sexuales. Allí se enteró que debería tener sexo y que el dinero se destinaría la mitad para ella y la otra mitad para las dueñas del negocio. Al negarse, afirmó haber sido maltratada, que le quitaron el dinero que llevaba, que la amenazaron de muerte y le intentaron robar su pasaporte. La suma de lo que adeudaba a sus contratantes era de $2,8 millones y le dijeron que tendría que «culiar duro para pagar».
Después de ser expulsada -de acuerdo a la información del INDH- la joven consiguió llegar hasta la Policía De Investigaciones (PDI) donde luego de las diligencias pertinentes consiguió volver a su país.
«El INDH estima que en este caso se cumple todo lo dispuesto en Código Penal, que tipifica el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y establece que dicho delito constituye una clara violación de derechos humanos reconocidos por tratados internacionales vigentes en Chile», se afirma en el comunicado.
En el texto de la querella se establece que “la prevención en este caso en particular falló, siendo doña L.D.M.C. víctima del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Y el Estado debe hacerse cargo de investigar y sancionar a los responsables de un delito tan grave y complejo”.
El INDH además solicitó a la PDI una orden amplia de investigar para indagar sobre la identidad y funciones de las personas que colaboran con la querellada en las distintas fases de la trata. Pide que se realice además un peritaje a fin de confeccionar un perfil patrimonial de la imputada e investigación sobre situación bancaria de la misma.
Según estudios citados por el Instituto en la querella, la trata de personas moviliza 12 mil millones de dólares en el mundo, con bajos riesgos y grandes ganancias para las redes de tratantes y sería el tercer negocio más lucrativo para la delincuencia organizada a escala mundial, sólo superado por el tráfico de drogas y el de armas.
