Investigación
Retraso en rendiciones y devolución de obras: denuncian a Contraloría a Fundación Salvador Allende
Una denuncia a Contraloría por irregularidades en la fiscalización de $592 millones, transferidos en 2024 por el Serpat a dos fundaciones vinculadas a la familia Allende, acusa que una de ellas habría rendido solo el 8% de esos recursos y que, pese a esto, recibió nuevos desembolsos en 2025 y 2026.
Una acuciosa revisión de las rendiciones de fondos públicos de dos fundaciones ligadas a la familia del expresidente Salvador Allende solicitó la fundación Fuerza Ciudadana, con el objeto de verificar los controles y condiciones de desembolso que el Servicio de Patrimonio Cultural (Serpat) transfirió en 2024 a ambas organizaciones, por un total de $592.136.000.
La denuncia, presentada el 4 de noviembre, busca esclarecer si es que los recursos entregados fueron fiscalizados oportunamente y si se sometieron a los cierres de rendiciones preestablecidos para habilitar nuevos desembolsos. Además, se solicita revisar las condiciones de 93 obras de arte entregadas en custodia el año 2017 a la misma fundación, pinturas que fueron utilizados como dación de pago por una deuda de $556 millones, tal como informó en su oportunidad El Mostrador.
La presentación judicial, basada en datos del Sistema de Rendición de Cuentas (Sisrec), plantea que la Fundación Salvador Allende –la otra organización sin fines de lucro– solo ha rendido un 8,02% de los dineros entregados el año 2024 y que al 1 noviembre de 2026 todavía le faltaría por rendir el 80% de los gastos ejecutados.
El abogado Raimundo Palamara –el mismo que patrocinó la querella por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende– plantea en el escrito que una demora de este tipo no puede “quedar sin examen” del órgano contralor, más aún cuando se continuaron pagando remesas en los años 2025 y 2026.
“Explicación documental”
La denuncia apunta a una serie de incumplimientos de la Fundación Salvador Allende, partiendo por no respetar la fecha del cierre administrativo, que no debía exceder el 31 de diciembre de 2024. Cualquier cambio –añade el documento– deberá constar por escrito y contar con acto administrativo aprobatorio.
La rendición aparece en el sistema de ese año como en estado de “ejecución”, pero sin acreditar prórroga. El año 2025 el proyecto se encontraría cerrado y el de 2026 estaría en ejecución, con $706.460.000 transferidos, existiendo una diferencia de “$21.849.000 entre el convenio original 2026 y el monto registrado, lo que –según la denuncia– “requiere explicación documental”.
“El aumento de las asignaciones anuales y el cierre del proyecto 2025 no subsanan por sí mismos las obligaciones del proyecto 2024. Debe establecerse qué comprobaciones realizó Serpat antes de celebrar y pagar los nuevos convenios, quién certificó el cumplimiento de las rendiciones anteriores y, de haberse utilizado una excepción, cuál fue su fundamento, autoridad, alcance, plazo y caución. La aprobación presupuestaria no reemplaza esos controles”, asegura el documento enviado a Contraloría.
Otro ítem en cuestión apunta al financiamiento adicional de arriendo y contribuciones, a través del Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones Patrimoniales de 2024, aprobado con un presupuesto de arriendo y otro de pago de electricidad que en total suman $49.883.543. Además de un aporte de $15.285.872 para pago de contribuciones de bienes raíces.
“Se pide verificar si elegir que fondos públicos para fines culturales se destinen al pago de contribuciones de un inmueble de un privado que corresponde a la otra Fundación de la familia Allende y sin que el convenio que transfiere los fondos siquiera lo mencione tal objetivo, citando meramente el folio donde consta la solicitud, la que por cierto fue eliminada de transparencia activa del servicio (quedando alojada solo en el caché de internet consultada por Google su contenido)”, precisa el documento.
El “cambalache”
Un reportaje de la Unidad de Investigación de El Mostrador, en junio de 2025, dio cuenta de la cancelación de la deuda de una propiedad del Serviu por parte de la Fundación Salvador Allende, a través de la dación en pago de 93 obras de arte, cuya tasación total sirvió para cancelar una deuda de más de 8 años, equivalente a $556 millones de pesos.
El inédito “cambalache” de la deuda por obras de arte de la propiedad ubicada en calle República 475, gestado en enero de 2016, terminó en un acuerdo con el Serviu para que las obras fueran resguardadas en la misma fundación; o sea, que no se movieran del lugar donde estaban, a fin de custodiarlas “ante cualquier eventual deterioro”.
Tras la publicación de este medio y varias acciones legales, la resolución exenta Nº 45 del Serviu, de febrero de 2026, determinó que las obras todavía se encontraban bajo custodia en la Fundación Salvador Allende y que esta requería retirarlas del lugar para poder desocupar el recinto. El mismo documento autorizó para estos efectos un contrato de embalaje, retiro, traslado y entrega de las obras al Serviu, con un gasto máximo de $10.109.050.
A propósito de esta última gestión, el documento solicita verificar la custodia material de las obras, el inventario, las actas de salida, recepción, ubicación actual, responsables e informes de conservación, cobertura de seguros y respaldo del pago del transporte, a fin de verificar si las obras todavía permanecen en la fundación que lleva el nombre del expresidente de la República.
El Mostrador se comunicó con la Contraloría General de la República, donde aseguraron que la denuncia había sido acogida y se encontraba en trámite.
La Fundación Salvador Allende, en tanto, aseguró a este medio que los recursos del año 2024 fueron rendidos y aprobados por el Serpar, que los aportes entregados los años siguientes se otorgaron porque se había rendido aquel año y que el traslado de las obras de arte se realizó con dineros provenientes del Serviu.