«Solo un 1% de las jubilaciones obtenidas por las mujeres estará sobre el salario mínimo», es otra de sus conclusiones
La seguridad social, tal como en 2012, fue incluida en el catastro que el organismo hace sobre la situación de los derechos fundamentales en nuestro país. En ese sentido adscriben al sombrío diagnóstico de la OIT y a las recomendaciones de la Comisión Bravo.
Este lunes fue dado a conocer el informe anual sobre la situación de los Derechos Humananos en Chile en el período 2016.
El informe, a cuya entrega asistió la Presidenta de la República Michelle Bachelet, incluye un apartado titulado «Derechos Económicos, Sociales y Culturales», en cuyo contexto se analiza la situación de las pensiones a los jubilados, particularmente el sistema de capitalización individual administrado por la industria de AFP.
El diagnóstico actual se basa en el informe del INDH correspondiente a 2012 y las conclusiones de la denominada Comisión Bravo, convocada por Bachelet para proponer mejoras al sistema. Se incluyen además las apreciaciones hechas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el sistema chileno.
El informe recuerda que «en 2011, la OIT criticó el modelo chileno de capitalización individual y alertó sobre la inobservancia de las normas de seguridad social del Estado». Y añade: “Los planes de pensiones basados en la capitalización del ahorro individual administrado por fondos de pensiones privados se estructuraban sin tener en cuenta no solo los principios de solidaridad, participación en los riesgos y financiación colectiva, que constituyen la esencia de la seguridad social, sino también los principios que propugnan una gestión transparente, responsable y democrática del sistema de pensiones con la participación de los representantes de los asegurados”, recuerda el informe.
En esta línea, el estudio consigna «que el 50% de la población financia actualmente una pensión igual o menor a $37.667; y que el 50% de los jubilados recibe prácticamente un tercio de sus ingresos laborales como pensión. Al realizar una proyección para el periodo 2025‐2035, un 58% de las pensiones autofinanciadas se encontrará por debajo de la línea de la pobreza, y solo un 6% estará por sobre el salario mínimo. Al desglosar por sexo, solo un 1% de las pensiones que obtendrán las mujeres estará sobre el salario mínimo», afirma el texto.
El informe, al igual que la Comisión Bravo, menciona la notoria diferencia entre las pensiones del sistema privado y las que reciben los jubilados de las Fuerzas Armadas. «Estas duplican ‐y a veces triplican‐ las pensiones recibidas por el promedio de la población civil. En 2011 se estimó que la pensión promedio entregada por CAPREDENA ascendía a $600.862, mientras que en DIPRECA correspondía a $584.217».
Por último, se suman a las recomendaciones de la comisión en cuanto a que las FFAA, Carabineros, PDI, Gendarmería y asimilados, deberían tener, en general, igual trato de incorporación y cotizaciones que el resto de los trabajadores, debiendo atenderse a las características específicas de su ocupación. «[Con esto] se espera cumplir con el principio de trato uniforme de la OIT, y disminuir el gasto fiscal asociado actualmente al financiamiento de este régimen”, afirman.
