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Agencia Uno
Diputados RN ingresan proyecto “Chino y las tías”: cárcel y multas a quienes incumplan evacuación
La bancada de Renovación Nacional presentó una iniciativa que crea un delito para quienes desobedezcan deliberadamente órdenes de evacuación o ingresen a zonas de riesgo durante emergencias. El proyecto contempla penas de cárcel, multas y el reembolso al Estado de los costos de operativos.
Diputados de Renovación Nacional presentaron un proyecto de ley que busca sancionar con penas de cárcel, multas y el reembolso de los costos de rescate a quienes desobedezcan de manera deliberada órdenes de evacuación o prohibiciones de ingreso a zonas de riesgo decretadas durante una emergencia.
La iniciativa, denominada en las redes sociales como “Chino y las tías”, surge tras el operativo realizado en el Cajón del Maipo para encontrar a tres personas que permanecieron desaparecidas durante seis días en un sector cordillerano, despliegue que movilizó a equipos especializados de búsqueda.
El proyecto fue impulsado por los diputados Mauro González, Diego Schalper, Eduardo Durán, Claudia Mora y Rodrigo Ramírez, y propone modificar la Ley 21.364, que creó el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.
Según sus autores, la legislación vigente permite ordenar evacuaciones, establecer perímetros de seguridad y restringir el ingreso a zonas con amenaza grave, pero no contempla sanciones penales específicas para quienes incumplen esas instrucciones de forma consciente.
La propuesta incorpora un nuevo delito para quienes, “a sabiendas y sin causa justificada”, desobedezcan una orden de evacuación o una prohibición de ingreso o permanencia en un área determinada.
La iniciativa establece como sanción presidio menor en su grado mínimo o una multa de entre 11 y 50 UTM. Además, cuando el incumplimiento obligue al despliegue de servicios de búsqueda, evacuación o rescate, el tribunal deberá aplicar conjuntamente la pena privativa de libertad y la multa.
El proyecto también dispone que la persona condenada deberá reembolsar al Estado los gastos en que incurrieron los organismos públicos que participaron en las labores de búsqueda, evacuación o rescate.
El monto será determinado por el Ministerio del Interior mediante resolución exenta. Si el pago no se efectúa dentro de los 60 días siguientes a la notificación, los antecedentes serán remitidos al Consejo de Defensa del Estado para iniciar las acciones de cobro correspondientes.
La propuesta incluso contempla que, en casos calificados y mediante resolución fundada, el Ministerio del Interior pueda exigir el reembolso de esos costos sin necesidad de que exista previamente una sentencia condenatoria.
En los fundamentos del proyecto se menciona el operativo desarrollado en julio de 2026 en el Cajón del Maipo, donde el director de Seguridad Pública de la Municipalidad de San José de Maipo estimó públicamente que el despliegue superó los $100 millones. También se recuerda que el Gobierno anunció que solicitaría al Consejo de Defensa del Estado estudiar eventuales acciones para perseguir el daño patrimonial ocasionado.
Los parlamentarios enfatizaron que la iniciativa no busca limitar el deber de rescate de los organismos de emergencia, los que deberán seguir actuando para proteger la vida de las personas sin importar las circunstancias que originaron la situación de riesgo.
Asimismo, el proyecto establece una serie de excepciones para evitar que la norma se aplique de manera indiscriminada. En ese sentido, no sancionará errores de evaluación, falta de experiencia, accidentes durante actividades recreativas ni a personas que desconocieran la orden, estuvieran impedidas de cumplirla, permanecieran en el lugar para auxiliar a terceros o contaran con autorización para ingresar a la zona.
De acuerdo con sus impulsores, el objetivo es sancionar exclusivamente a quienes desobedezcan de manera deliberada instrucciones oficiales dictadas para proteger la vida y la integridad de la población durante una emergencia.
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