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Caso incendios: el round entre las empresas eléctricas y el fiscal Arias Falta de mantención del tendido eléctrico podría ser causa de los siniestros, según el persecutor

Caso incendios: el round entre las empresas eléctricas y el fiscal Arias

Molestia generaron en la industria las palabras del miembro del Ministerio Público, a quien tildaron de irresponsable, tras haber hablado de eventuales negligencias de las empresas eléctricas en el origen del incendio en Pumanque. Desde la Fiscalía de O’Higgins le bajan el perfil y no comentan dicha reacción, pero aseguran que continuarán indagando las razones del siniestro y que las críticas no serán elementos a considerar a la hora de hacer una imputación penal.


Es el primer nudo de conflicto respecto a la búsqueda de responsables de algunos incendios que han afectado a la zona central de nuestro país. Al respecto, el fiscal de O’Higgins, Emiliano Arias, afirmó que la falta de mantención del tendido de energía podría ser una de las causas de los siniestros en aquella región, apuntando a una eventual negligencia de las empresas eléctricas en el origen del incendio en la localidad de Pumanque, que ha dejado más de 40 mil hectáreas afectadas. Tales dichos surgen tras el testimonio de un hombre que habría visto ramas en el tendido eléctrico y que habrían producido chispas. Las declaraciones del fiscal Arias no cayeron bien en la Compañía General de Electricidad (CGE), responsable de mantener la franja de seguridad libre de elementos combustibles y que es indagada por el Ministerio Público respecto a otro incendio en la región: el de Paredones, el 13 de diciembre.

La Compañía General de Electricidad (CGE) fue propiedad de los grupos familiares Marín, Almería y Pérez Cruz, quienes hasta el 2014 eran los accionistas mayoritarios de la eléctrica, con más del 54% capital social. Ese año, una gigante española dedicada al rubro energético, Gas Natural Fenosa, adquirió el 96,50% del capital social de la chilena, manteniéndose como la accionista mayoritaria hasta la fecha.

Desde la empresa cuestionaron al persecutor y afirman que “la industria eléctrica está indignada con la actuación del fiscal Arias, quien con total irresponsabilidad adelanta juicios temerarios sobre la causa de los incendios, solo con fines mediáticos». En la empresa eléctrica, donde creen que son solo apreciaciones del referido Fiscal Regional, aseguran además que en incendios anteriores, siempre hay algún dueño de predio que hace denuncias a destiempo, cuando la situación se ha salido de control con el objetivo de obtener ganancias vía demandas.

En conversación con El Mostrador, el fiscal Emiliano Arias fue enfático en señalar que no hay una apreciación personal para apuntar a la eventual responsabilidad de CGE sino que hay indicios y testimonios que darían cuenta del origen de dicho siniestro, con diligencias en curso y que podrían demostrar las falencias que posiblemente hubo en una falla eléctrica, la que podría haber dado origen al incendio.

“En relación con los incendios con incidencia eléctrica, representan el 15% pero son los más devastadores, por cuanto son los que han quemado, como un hecho objetivo en la región, la mayor cantidad de hectáreas. Encontramos incendio en Paredones, que son 8 mil hectáreas, otro en El Cuzco, y ahora eventualmente podría ser el de Pumanque, en el que existen indicios en este momento de que podría ser de causa de naturaleza eléctrica, indicios que se basan en los antecedentes públicos de una declaración de un testigo ubicado por Carabineros el mismo día en que se inició el fuego. Para poder determinar concretamente si es un incendio que se debe a una falta o una no adecuada mantención del tendido eléctrico o de la zona seguridad, tengo que esperar las pericias de Labocar y OS5 de Carabineros”, afirma Emiliano Arias.

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El Fiscal Regional de O’Higgins añade que, desde que llegó en mayo del año pasado a dirigir dicha Fiscalía, se coordinó con Conaf, Carabineros y la PDI. Desde noviembre hasta enero de 2017 han recibido 85 denuncias por incendios en toda la región. “Yo he investigado no solo este tipo de empresas sino distintos tipos de imputados, dependiendo de los delitos de que se trata. Lo que ocurre es que, de los 85 delitos, se pueden categorizar, ya que los hemos investigado todos; delitos que están con causa en estudio, por así decirlo, que son 40; 15 delitos que tiene un origen eléctrico; 15 con origen en quemas ilegales; 10 delitos en relación con negligencia en el uso del fuego y 5 delitos que son delitos intencionales, donde tenemos a cinco personas en prisión preventiva”, detalla el persecutor.

Consultado por las críticas de las empresas eléctricas respecto a sus dichos, Arias les baja el perfil y sostiene que “no van a ser un elemento a considerar a la hora de hacer una imputación penal” y añade que, justamente en cuanto a esta indagatoria, hay diligencias que falta por analizar.

“No me puedo referir a las diligencias concretas de investigación cuando no se ha formalizado las mismas, pero, en general, en todos los incendios que son de incidencia eléctrica, se apunta a determinar si se cumplió con la normativa eléctrica y, si no se cumplió con la normativa, quién no cumplió. Por ende, puede ser cualquier persona que interviene en la cadena de mantención, esto es, la misma empresa, que puede ser GCE, o el contratista, si es que se le encargó en algún momento la reparación de algún desperfecto, o las empresas dedicadas a mantener la franja aislada de elementos combustibles. Ellos (empresa CGE) son responsables según lo que establece la ley”, asegura el fiscal.

Palabra del gremio eléctrico

Mientras se batalla en terreno por el control de los incendios en diferentes puntos del país, en el gremio de las compañías eléctricas también se refirieron a las palabras del fiscal Arias, relativas a apuntar a una negligencia de la empresa de la zona como responsable de los siniestros que han arrasado con miles de hectáreas.

Consultado sobre los argumentos del persecutor, el director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, hizo un llamado a la prudencia, a preocuparse de controlar el fuego y ayudar a las comunidades afectadas. “Necesidad de prudencia a la hora de analizar, investigar y dar a conocer resultados de investigaciones preliminares. El fiscal ni siquiera cuenta con peritajes y solo cuenta con indicios e hipótesis. Pareciera ser que ya se ha efectuado una especie de antejuicio, donde se indican responsabilidades que, en las palabras al menos, suenan como definitivas. En el caso de las empresas eléctricas, restablecer la energía eléctrica donde se pueda y, donde no, instalar generadores de emergencia pequeños y grandes, colaborando con helicópteros para las autoridades, con forraje para los animales, y las investigaciones deben seguir su curso. Las empresas van a colaborar”, afirmó Castillo a El Mostrador.

Un panorama en el que la Superintendencia de Electricidad y Combustible también decidió entrar. Respecto de la eventual responsabilidad que pudiera recaer en las empresas a cargo, el superintendente Luis Ávila fue claro. “La normativa es muy clara en el sentido de señalar que siempre la mantención del tendido eléctrico para efectos de velar por la seguridad de las personas y la continuidad del servicio corresponde a las empresas eléctricas” y añadió que, en relación con las franjas de seguridad, “son los concesionarios los que siempre tendrán el deber de mantener y cautelar por los aspectos de seguridad y calidad de servicio”, puntualizó el superintendente.

Respecto a este escenario de normativas, el director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas manifiesta que estas “son cumplidas por las empresas durante todo el tiempo, respecto a las cuales hay un enorme esfuerzo diario de las empresas para cumplir con estas obligaciones. No somos nosotros, son las autoridades las que han dicho que estamos en circunstancias excepcionales, tanto desde el punto de vista de las temperaturas, la humedad y el viento. Todo esto genera una situación que ha sido catastrófica”.

El fiscal Emiliano Arias espera poder establecer en esta semana el inicio de una responsabilidad penal o la ausencia de esta.

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