La reconstrucción fue la excusa

Las grandes transformaciones económicas rara vez se presentan con su verdadero nombre. Se visten de urgencia, de inevitabilidad o de bien común. Esta vez eligieron una palabra imposible de rechazar: reconstrucción.

Pero basta leer la ley para entender que no estamos frente a una ley de reconstrucción. Estamos frente a una reforma estructural del modelo económico chileno que utiliza la tragedia de miles de familias como vehículo político.

Reconstruir es levantar viviendas, escuelas, hospitales, puentes y barrios. Es devolver esperanza a quienes perdieron todo. Esta ley hace otra cosa: modifica el sistema tributario, cambia reglas ambientales permanentes y redefine la relación entre el Estado y los grandes conglomerados económicos.

Es, en los hechos, un cambio de paradigma.

El libreto recuerda al de los Chicago Boys de los años ochenta: bajar impuestos a las grandes empresas, reducir regulaciones y confiar en que el mercado resolverá por sí solo los problemas del país. Han pasado más de cuarenta años y esa promesa sigue sin cumplir lo que ofreció.

La rebaja del impuesto a las grandes empresas implica una menor recaudación fiscal con la esperanza de que llegue más inversión. Pero una rebaja tributaria no obliga a invertir. Las utilidades pueden repartirse, destinarse al pago de deudas o salir del país. Lo único seguro es que el Estado dispondrá de menos recursos para financiar salud, educación, seguridad o vivienda.

Mientras tanto, las pymes continúan enfrentando los mismos obstáculos de siempre: falta de financiamiento, menor acceso al crédito y una economía que no termina de despegar. Una vez más, el beneficio permanente queda concentrado en quienes ya tienen mayor capacidad económica.

Y el capítulo ambiental merece una alerta aún mayor.

La ley restringe mecanismos para impugnar permisos ambientales, limita espacios de revisión y flexibiliza determinadas evaluaciones. Pero lo más grave es que abre la posibilidad de que el Estado deba indemnizar determinados gastos de empresas cuando una Resolución de Calificación Ambiental sea anulada en los casos previstos por la ley.

En otras palabras, si un permiso ambiental termina siendo invalidado, la cuenta puede terminar pagándola toda la ciudadanía.

Se privatizan las ganancias y se socializan los riesgos. No se trata de estar contra la inversión. Chile necesita crecer, crear empleo y recuperar dinamismo. Pero ningún país serio construye desarrollo debilitando su institucionalidad ambiental o trasladando al Estado riesgos que corresponden al mundo privado.

Si el Gobierno quería impulsar una reforma tributaria y modificar la legislación ambiental, debió hacerlo con transparencia y llamando las cosas por su nombre. Lo que no corresponde es utilizar la reconstrucción como excusa para rediseñar el modelo económico del país.

Y cuando dentro de algunos años se pregunte quién pagó el costo de esta ley, la respuesta será evidente: lo pagarán los trabajadores, las pymes, las regiones y las futuras generaciones, con un Estado que recaudará menos, asumirá mayores riesgos y verá debilitadas herramientas construidas durante décadas para proteger el medio ambiente. La reconstrucción fue solo el argumento.

El verdadero objetivo fue reinstalar un modelo donde el interés de los grandes conglomerados vuelve a imponerse sobre el interés general. No es la reconstrucción de Chile; es la reconstrucción de un viejo modelo económico que el país ya conoce demasiado bien: en 1990, había más de 5 millones de pobres…