Responsabilidad penal adolescente: la ilusión del castigo

Criminalizamos a un niño que fue abandonado a los 10 años, que dormía en la calle a los 12, que consumía drogas para no sentir a los 14. Lo encerramos esperando que salga “arreglado”. Eso es lo que hemos normalizado en los tribunales de justicia. Y luego nos preguntamos por qué reincide. La pregunta correcta es: ¿Por qué esperamos que una prisión haga lo que la sociedad se negó a hacer cuando tenía una oportunidad real?

La Defensoría de la Niñez acaba de publicar datos que confirman esa contradicción. No porque el análisis requiera cifras. Sino porque las cifras cierran lo que la lógica ya había abierto: estamos castigando síntomas mientras ignoramos enfermedades.

En los últimos años, las tasas de ingreso de adolescentes al sistema de justicia se han retomado a niveles similares a 2016. No es un máximo histórico, ni una explosión reciente. Hay un problema, pero no el que la política intenta resolver.

El 10% de los adolescentes concentra el 28% de las detenciones. Si la reincidencia está concentrada en tan pocos casos, ¿tiene sentido endurecer penas para todos? Las medidas que circulan en el Congreso —aumentar gravedad de sanciones, bajar la edad de imputabilidad a 12 años, expandir régimen cerrado—responden como si el problema fuera disperso, como si más castigo detuviera conducta. La investigación internacional lo refuta desde hace dos décadas.

La privación de libertad tiene la mayor reincidencia: 53% en centros de régimen cerrado frente a 27% en programas de libertad electrónica. Cuando se suma internación provisoria —decisión de medida cautelar en encierro— el efecto se agrava.

Datos de Sename muestran que en delitos graves los adolescentes con internación provisoria reingresan al sistema 0,6 veces en promedio. Los que no pasaron por encierro preventivo, solo 0,3 veces.

En otros términos: privamos de libertad a adolescentes y luego nos sorprende que reincidan más.

El Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez analizó trayectorias. El 15% de los casos en el registro de Carabineros (Programa 24 Horas) aparece tanto por vulneración de derechos como por conducta delictiva. Lo que emerge es claro: los casos con inicio más temprano en la vulneración terminan con más gravedad en RPA. Entonces, el problema no es la edad penal, sino que un niño desvinculado de la escuela a los 10 años, que experimentó violencia intrafamiliar, que consumía drogas a los 12, que dormía en la calle a los 14, llegaría inevitablemente a un tribunal,  pero no como un caso de RPA aislado. Llegaría con cinco años de abandono previo.

Treinta y cuatro comunas explican el 60% de los casos. Todas tienen alta correlación con el Índice de Vulnerabilidad Escolar de Junaeb: desvinculación escolar, situación de calle, consumo problemático. La defensoría identifica que baja la reincidencia cuando el adolescente crece: capacitación laboral, reintegro escolar, salida de calle. También señala algo incómodo: si esos factores funcionan, privarlos de libertad mientras debería estar ocurriendo la reinserción es contradictorio.

Todo eso ocurre en el territorio, con servicios que ya existen, pero no están coordinados. Nada de esto pasa en un tribunal de justicia.

El camino que conocemos

Los proyectos de ley en el Congreso comparten algo: expanden privación de libertad como respuesta. Actúan en varios niveles: algunos quieren endurecer penas para los 14 y 15 años, otros bajar la edad de imputabilidad a 12, otros proponen que los reincidentes de 16 y 17 años vayan a cárceles de adultos. Existe un proyecto de registro público de adolescentes “vandálicos” que bloqueará acceso a beneficios estatales, educación gratuita, licencia de conducir. No son medidas de igual intensidad, pero todas responden al mismo supuesto: que más castigo disuade.

La investigación internacional hace dos décadas que lo refuta. Las medidas que circulan no tienen evidencia para reducir delincuencia ni propiciar reinserción.

El costo fiscal de agravar penas en 14-15 años y bajar imputabilidad es al menos 42 mil millones de pesos. Eso es dinero que podría ir a prevención. No irá.

Una alternativa existe

No es teórica, la Ley N° 21.430 de Garantías y Protección Integral la consagra, varios alcaldes la practican, datos de la Defensoría la respaldan. Pero tampoco es simple.

Se trata de construir un Sistema Comunal Integrado donde las Oficinas Locales de la Niñez coordinen servicios que ya están dispersos: Mejor Niñez, SENDA Previene, Programa 4 a 7, Somos Barrio, establecimientos educacionales abiertos, Centros de Cuidados. El objetivo es lo opuesto a un tribunal: compartir información temprana, actuar antes de que la vulneración se cristalice en delito.

Para la responsabilidad penal adolescente, hay medidas que tienen respaldo: rediseño del régimen cerrado con calidad real, planes de egreso vinculantes, sistema nacional de alerta temprana. También especialización de jueces en infancia, que hoy están subsumidos en juzgados generalistas. Una perspectiva de género que no criminalice madres en familias monoparentales.

Lo que se excluye es más importante: no restringir sanciones en medio libre cuando funcionan, no escalar automáticamente por reincidencia como si fuera castigo, no entregar a víctimas poder sobre cómo se ejecuta la condena, porque las víctimas rara vez piden menos severidad. La supervisión debe garantizar individualización, no devenir trampa hacia máxima severidad.

Los costos de estos servicios no son triviales. Centros comunitarios de salud mental (COSAM) cuestan entre 1.500 y 6.400 millones por 50.000 usuarios. Programa Lazos cuesta aproximadamente 146 millones anuales por comuna. Pero son inversiones que previenen antes de que alguien llegue a tribunal. Eso no significa que funcionen mejor o peor que las penas. Solo que actúan en otro nivel.

Lo que falta

Hay un riesgo que merece nombrarse. Cuando aislamos el sistema de justicia penal del de protección integral —como hacen los proyectos de endurecimiento—, depositamos toda la responsabilidad en un aparato que no fue diseñado para resolver vulnerabilidades. El tribunal maneja reinserción y conducta delictiva. La protección integral maneja trauma, trayectorias de abandono, exclusión social. Aumentar expectativas de que un tribunal resuelva lo segundo es aumentar las posibilidades de que fracase en ambas.

La Defensoría ofrece datos que complican el cuadro. La reincidencia baja cuando hay hitos de desistimiento como capacitación, educación reintegrada, salida de calle. Sube con el castigo. Treinta y cuatro comunas explican el 60% de los casos. Eso es concentrado y territorial, por lo tanto escalable, en teoría.

Pero hay preguntas sin respuesta. ¿Funciona la coordinación cuando no hay financiamiento? ¿Cuándo las municipalidades tienen presupuestos recortados? ¿Cuándo Mejor Niñez está saturado?

El debate legislativo que viene debería tener estos datos, pero no para elegir ganador, sino para admitir que ambos caminos tienen problemas: el punitivismo cuesta más y fracasa más. El preventivo es incierto y requiere coordinación que hoy no existe.

¿Cuál es mejor? Probablemente el segundo. Pero no porque sea perfecto. Sino porque intenta algo distinto. Sin embargo: ¿Pueden las municipalidades financiar duplas psicosociales sin apoyo del Ministerio de Desarrollo Social? ¿Tienen poder real para hacerlo? Esas preguntas también importan.

Los datos de la defensoría son claros. Pero la decisión es política. Y la política requiere no solo evidencia, sino poder real para implementar. De eso, hay menos claridad.