Se acotó de 202 a 118 artículos permanentes y de 60 a 40 en los transitorios. “Había aspectos en el proyecto que eran muy reglamentarios”, sostuvo al respecto la titular del Mineduc, Adriana Delpiano.
Una minuta elaborada por el gobierno confirma que se realizaron nuevos cambios al proyecto de reforma a la educación superior. La iniciativa se acota de 202 artículos permanentes a 118 y de 60 a 40 en los transitorios, consigna hoy La Tercera.
El documento aclara que la indicación será de tipo sustitutiva y anuncia que «se incorpora el delito de lucro, el cual se ha trabajado con expertos penalistas”. Materia que será incorporada en el capítulo dedicado a la futura Superintendencia de Educación Superior.
“El delito busca resguardar que los recursos de las instituciones serán utilizados en el cumplimiento de los fines de ésta, y sanciona penalmente a quienes teniendo facultades de dirección en la institución celebren estos actos con personas relacionados en los cuales estos tengan un interés”, señala la minuta.
De igual forma, el gobierno optó por mantener la actual Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y descartó así la idea original que era crear un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, que incluía una agencia acreditadora y un consejo para la calidad.
En este punto, el escrito propone cambios en la composición del organismo «lo que soluciona los conflictos de interés de los actuales consejeros, al eliminar a los incumbentes como integrantes de este organismo”.
En otras palabras, elimina la participación de los representantes de las instituciones que hoy pueden ser consejeros de la CNA.
Sobre los nuevos cambios a la reforma educacional, la ministra del Mineduc, Adriana Delpiano, dijo este martes que “había aspectos en el proyecto que eran muy reglamentarios”, razón por la cual se acotó el documento.
Respecto de la acreditación, la secretaria de Estado sostuvo que la CNA esté compuesta por “personas que no tengan un vínculo directo con las instituciones, que no sean juez y parte”.
Por otro lado, la minuta plantea conservar la obligatoriedad de la acreditación de las instituciones, aunque, descarta que sea por niveles. La reforma original establecía tres categorías de acreditación: A, B y C. Estas, dependían de alcances en materia de investigación (internacional, nacional o regional) y la certificación se extendía por ocho años de manera general.
Ahora, se plantea eliminar «las referencias a los niveles de calidad, manteniéndose la acreditación por años. Corresponderá a la CNA realizar una propuesta de cuáles serán los niveles de calidad del sistema”.
«Se establece que la acreditación puede tener un máximo de ocho años (no siete como sucede actualmente) y que una institución con tres años se entiende acreditada, y que con dos años obtiene una acreditación condicional”, agrega.
En caso de que un plantel no logre la acreditación, se establece el nombramiento de un administrador provisional, y si en tres años no se certifica, se procede al cierre.
