La comuna concentraría todas las baterías de plomo en desuso del país
Durante la última semana la comunidad se ha tomado el edificio de la Gobernación y la Conadi, para expresar su rechazo a la norma que regulará el movimiento transfronterizo de residuos tóxicos. ¿La razón? La única planta que realiza el reciclaje de baterías está en esa ciudad –que en 2009 fue declarada “saturada” por material particulado– y ya no quiere más contaminación. El reglamento impediría la exportación e importación de desechos como este. La comunidad acusa lobby e injusticia medioambiental. La autoridad, por su parte, dice que Chile ratificó el acuerdo de Basilea, lo que impide enviar desechos a otros países en vías de desarrollo.
El 26 de enero fue reingresado a Contraloría el reglamento que regula el movimiento transfronterizo de residuos tóxicos. El Gobierno aceptó algunas observaciones hechas por el organismo durante la toma de razón, pero una modificación central tiene en pie de guerra a Calama: si la versión original permitía la exportación de baterías de plomo de vehículos de todos los tamaños, el texto ahora lo prohibirá.
¿Por qué afecta a Calama? Porque la única empresa que opera en Chile y que tiene autorización legal para procesar baterías de vehículos y estacionarias para extraer el plomo, es RAM-Recimat, que funciona hace 15 años y se encuentra en el sector Puerto Seco de Calama. Es una compañía de reciclaje, almacenamiento y tratamiento adecuado de residuos peligrosos industriales, tales como borras plomadas, chatarra de plomo, baterías de plomo-ácido fuera de uso y drosses, según han señalado desde la misma firma.
Sergio Chamorro, asesor jurídico de la “Federación Nacional de Pobladores Calama sin Plomo”, dice que al ser la única empresa con resolución de calificación ambiental, concentraría todas las baterías en desuso del país en una sola comuna. “La empresa está a metros de la Teletón, de la Comunidad Indígena Yalquincha, de nuestro río Loa, y del tranque de relaves de Talabre, que viene botando desechos tóxicos de la minería desde 1954 hasta la fecha”, comenta Chamorro.
La preocupación principal de los vecinos estriba en el alto nivel de contaminación de Calama, declarada como zona saturada por material particulado desde el año 2009. La principal causa de muerte es el cáncer y registra más de 2 mil casos de enfermedades respiratorias en invierno. Por eso, la comunidad se ha volcado a las calles a impedir que la ciudad se transforme en un basurero “de desechos tóxicos”. Ya se han registrado tomas de la Conadi y de la Gobernación.
Aunque las principales fuentes de contaminación por plomo se encuentran en la explotación minera, la metalurgia, las actividades de fabricación y reciclaje, más de tres cuartes partes del consumo mundial de plomo corresponden a la fabricación de baterías de plomo-ácido para vehículos de motor.
El vicepresidente de la Sociedad de Pediatría de Calama, Iván Silva, señaló a la prensa que “los niños están siendo muy afectados por toda la problemática de contaminación en la ciudad” y añadió que su calificación como “saturada” ya es un problema: “Esto impacta por sí solo y provoca serios problemas respiratorios y bronquiales en nuestros niños. Esto, sumado a la contaminación de este tóxico, que es un producto químico generador de daño de todos los sistemas y especialmente en los primeros años de vida de nuestros pequeños, que es cuando su cerebro se está desarrollando a mayor velocidad. Por lo tanto, cualquier daño generado por este tóxico genera cambios brutales en lo que va a ser su vida”, recalcó Silva.
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Lo que también les molesta a los vecinos es que la empresa Recimat, según dicen, no se ha portado como un “buen vecino”, puesto que el año 2017 presentaron el proyecto “complemento módulo RAM”, que tiene como objetivo instalar un segundo horno de fundición. “Esta intención fue manifestada a través de una Declaración de Impacto Ambiental y no un Estudio de Impacto Ambiental y hemos presentado un conjunto de observaciones, pero dada su calificación se prohíbe la participación de la ciudadanía”, enfatiza Chamorro.
El asesor jurídico también hace hincapié en el acta número 953 de la Seremi de Salud de Antofagasta, del 7 de enero de 2016. “Entonces se decretó, después de una fiscalización que se realizó a esa empresa, que existía riesgo potencial a la salud de las personas que habitan en los sectores aledaños a la empresa”, puntualiza Chamorro.
La comunidad desconfía asimismo de los vínculos políticos que pueda tener la compañía, ya que la consultora ambiental Gescam ha sido su asesora durante varios años. Gescam es de Hernán Durán de la Fuente, cuñado del ex Presidente Ricardo Lagos, y comparte responsabilidades con su hija, Valentina Durán.
Según la plataforma Ley del Lobby, en octubre de 2016 el ex ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, se reunió con Arturo Fermandois, Antonio Carrecedo y otros dos gestores de intereses en nombre de RAM-Recimat. El acta señala: “Los representantes de la empresa RAM solicitaron a la autoridad que en el marco de la nueva normativa de movimiento transfronterizo de residuos, se privilegie la valorización en Chile”.
Desde Recimat sostienen que “parece al menos extraño que el debate se centre en un solo producto de los miles que incluye la regulación. Ahora existe una propuesta sometida al escrutinio de la Contraloría, que aún no se pronuncia oficialmente y, por lo tanto, no podemos adelantar juicios sobre aquello”.
El negocio de las baterías es un suculento botín donde el competidor más cercano no está en Chile sino en Perú. También se ha dado cuenta de un negocio informal, fundiciones clandestinas y hasta contrabando de baterías de un país a otro.
Sobre este tema, desde Recimat manifiestan que tienen claridad respecto a que hay importantes intereses económicos “de quienes quieren exportar baterías a costa del medio ambiente. Por ejemplo, en Perú el costo de procesar una batería es cuatro veces más bajo que en Chile por energía y mano de obra, sin embargo, no hay legislación ni restricciones ambientales a esta actividad, lo que ha ocasionado graves daños en zonas de extrema pobreza. También esta demanda de exportar baterías se cruza con el alto interés por acceder al ácido sulfúrico de las baterías para actividades de narcotráfico”, precisan.
Lo que hizo hervir la molestia de los vecinos de Calama es que se enteraron por la prensa de la enmienda al reglamento, en una entrevista con el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, publicada el día 12 de febrero.
Mena explica que Chile ha ratificado el convenio de Basilea, lo que significa limitar la exportación de residuos peligrosos a países que no sean parte de la OCDE y, además, hacerse cargo en el país de esos residuos si a nivel local hay capacidad de procesarlos. “En la discusión que hemos tenido con Contraloría aparece que, para aplicar esto en el sentido más estricto, es necesario no exportar baterías si es que hay capacidad localmente, ni ningún otro residuo. Esto rige para todos los residuos, no es sobre un residuo en particular”, señala Mena.
Hay organizaciones ambientales que también han defendido la posibilidad de que Chile se haga cargo de su basura tóxica sin traspasar fronteras de otros países. Mena suma más argumentos en este sentido: “El convenio de Basilea dice que no llevemos residuos a otros países en vías de desarrollo y, como no nos gustó recibir desechos, como los que nos pasó en Arica en los años 90, debemos ser buenos ciudadanos ambientales”.
