Piñera busca trabar primera marcha del movimiento estudiantil convocada para este jueves
«Quiero aprovechar esta oportunidad para dejar meridianamente claro que la gratuidad en la Educación Superior ha llegado para quedarse y que no habrá lucro en la Educación Superior Universitaria», anunció el presidente durante la firma del proyecto de ley para Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.
Previo a la segunda vuelta presidencial, Sebastián Piñera, entonces candidato, impulsó la línea de alcanzar el 90% de gratuidad para los estudiantes de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, tras el emplazamiento de Manuel José Ossandón.
Desde ese entonces se comenzó a cuestionar si el discurso frenteamplista y la agenda de derechos sociales y la necesidad de tener una educación gratuita, demandada por el Movimiento Estudiantil, había logrado capturar la agenda de la centroderecha.
Sin embargo, el ahora mandatario, siempre se mantuvo lejos de esta mirada. La propuesta siempre fue fortalecer el sector técnico profesional sobre la base de la política de acceso y financiamiento vía voucher, es decir, se mantiene el principio mercantilizador impulsado en la reforma de 1981 y profundizado durante el período concertacionista.
Durante esta mañana, todas las miradas se volcaron al presidente Piñera, quien irrumpió en la agenda nacional, para dar anuncio de su proyecto de ley que expande la gratuidad en la Educación Superior Técnico Profesional.
Desde La Moneda, Piñera señaló: «Quiero aprovechar esta oportunidad para dejar meridianamente claro que la gratuidad en la Educación Superior ha llegado para quedarse y que no habrá lucro en la Educación Superior Universitaria».
Con el discurso de que «la Educación Superior Técnico Profesional no ha recibido de parte del Estado el reconocimiento y el apoyo que merece, siendo muchas veces postergada frente a las necesidades de los planteles universitarios», el mandatario indicó que esta iniciativa beneficiará a 13.000 estudiantes.
Es decir, a contar el próximo año el total de estudiantes de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales que estudian bajo la gratuidad llegará a 167 mil.
Sin embargo, la totalidad de los estudiantes que pertenecen a los CFT e IP, es de 502.729, y de esos, 154.000 (Fuente Cned 2017) estudian bajo la gratuidad.
En otro términos, si llevamos a estos 13.000 nuevos estudiantes beneficiados con el anuncio del Ejecutivo, la gratuidad se ampliaría solo en un 8%.
Actualmente los Institutos profesionales en Chile son seis; el IP Adolfo Matthei, IP Arcos, IP Inacap, Ip de Chile, IP Duoc UC y el IP Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux.
En cuanto a los centro de formación técnica, son sietes; CFT Ceduc UCN, CFT de la Araucanía, CFT del Maule, CFT Enac, CFT Inacap, CFT San Agustín de Talca y CFT Ucevalpo.
El proyecto, además se enmarca en cuatro aspectos centrales, según detalló el Jefe de Estado: Mejorar la calidad de la educación en todos los los niveles, ampliar la cobertura de educación preescolar, fortalecer el sistema de capacitación de trabajadores y potenciar el sistema de educación técnico-profesional tanto a nivel escolar como superior.
En cuanto, a su mención sobre la eliminación del lucro en la educación, la diputada Cristina Giradi, dijo que esto «es un contrasentido», ya que «gran parte de las instituciones que son CFT e IP son instituciones con fines de lucro».
«Entonces, realmente como vamos a asegurar que los beneficios le lleguen de verdad a las familias más pobres que hoy día están en estas instituciones, si estas son con fines de lucro», cuestionó.
Cabe recordar que para el próximo 19 de abril está convocada la primera marcha estudiantil del año, que también será la primera bajo la segunda administración de Piñera.
Desde la Confech definieron llamar a paro a todas las universidades para ese día. Además, durante los días previos a la movilización, se realizarán una serie de manifestaciones pacíficas por todo el país.
La consigna de la movilización será «Chile ya decidió», haciendo alusión al fallo del Tribunal Constitucional (TC) que modificó una parte del proyecto de gratuidad entregado por Michelle Bachelet, y que ahora permite a las universidades tener controladores con fines de lucro.
