La inacción del gobierno frente al proyecto que busca “frenar” el acceso al aborto en tres causales

El controvertido proyecto de ley que propone escuchar los latidos del embrión o feto como parte del proceso previo a la interrupción legal del embarazo en Chile, ha levantado las alertas respecto al debate sobre los límites del Estado frente a las decisiones reproductivas, el resguardo de la autonomía moral de las mujeres y los intentos por incorporar a la atención sanitaria una experiencia destinada a incidir emocionalmente antes de una prestación legal.  

La iniciativa “Escucha su corazón” presentada por un grupo de diputados oficialistas y del Partido Nacional Libertario, indica que cuando una mujer solicite hacer uso de alguna de las tres causales, el médico le informe “en forma previa y con carácter veraz y objetivo, que está obligado a mostrar, mediante instrumentos electrónicos, el sonido de la actividad cardíaca del embrión o feto”. Si bien la mujer puede declinar “libremente”, de hacerlo “el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo si es que esa situación (actividad cardíaca) se verifica”.

La propuesta volvió a instalar la agenda valórica dentro del oficialismo y abrió un flanco para el Gobierno, que durante la campaña presidencial había asegurado que este tipo de materias no constituiría una prioridad de su administración. La iniciativa, además, no solo cuenta con el respaldo de parlamentarios del PNL, sino también de diputados del propio partido del Presidente José Antonio Kast.

Las principales advertencias apuntan a que, en la experiencia comparada, este tipo de iniciativas suele formar parte de una estrategia destinada a introducir nuevas barreras para el acceso a derechos ya reconocidos, como la interrupción legal del embarazo en tres causales, dificultando su ejercicio efectivo mediante requisitos que buscan influir en la decisión de las mujeres.

Así lo reconoció el diputado Cristóbal Urruticoechea (PNL), impulsor de la iniciativa, que acusó a los detractores de llevar el debate solo “a un plano de emociones de la madre” y que el objetivo del proyecto era perjudicar la implementación de la interrupción legal del aborto en Chile.

“Estamos hablando de un niño que va a ser asesinado. Entonces aquí lo importante es frenar la ofensiva del aborto. Ese es el propósito final. Aquí lo que se hizo fue convertir el crimen en ley”, dijo el parlamentario en entrevista con radio Agricultura. 

La pasividad del gobierno 

Hasta ahora, el gobierno no ha manifestado una postura clara frente al proyecto.  La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, optó por no tomar posición sobre la iniciativa y trasladó el debate a la cancha del Congreso. “Nosotros entendemos que esto es una moción parlamentaria radicada en la Comisión de Salud. Los parlamentarios serán los que se tienen que pronunciar al respecto”, dijo.

Asimismo, la ministra de Salud, May Chomali, declinó opinar sobre la norma. “Serán los parlamentarios quienes van a pronunciarse al respecto. Nosotros estamos abocados en este minuto absolutamente a la emergencia, no nos vamos a pronunciar en este momento”, afirmó. 

Por su parte la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, citó a la expresidenta Michelle Bachelet y señaló que “cuando hablamos de aborto llegamos tarde”. Sin profundizar en el tema, planteó que su foco está en apoyar a las familias e “incentivar la natalidad”.

Consultado este domingo por el proyecto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, reiteró que el Ejecutivo aún no ha fijado una posición definitiva sobre su contenido y que, por lo tanto,  pensar en un veto presidencial era demasiado pronto. 

El secretario de Estado incluso planteó que desde el Ejecutivo buscará construir acuerdos, aunque se trate de materias que generan profundas diferencias valóricas y políticas.  “Yo siempre creo en el diálogo, siempre creo en la conversación, siempre creo que podemos construir acuerdos, incluso en materias que son tan polémicas como esta”, afirmó en entrevista con el programa “Mesa Central”.  

En respuesta, expertas acusan que una conducta pasiva por parte del Ejecutivo pone en riesgo una política pública vigente y que su rol no es solo administrar, sino que resguardar derechos que el propio Estado ha reconocido y legislado. 

“El Ejecutivo no solo administra mayorías parlamentarias, también entrega señales sobre cuáles son los límites democráticos que está dispuesto a defender. Es preocupante que la respuesta sea simplemente: esto se verá en el Congreso, porque el proyecto toca directamente una política pública vigente y la forma en que el sistema de salud debe atender a mujeres que atraviesan situaciones extremas. Por lo tanto, no es un asunto ajeno al Gobierno ni una discusión puramente legislativa”, explicó a El Mostrador la profesora del Departamento de Promoción de Salud de la Mujer y el Recién Nacido de la Universidad de Chile, Jovita Ortiz. 

En ese sentido, Ortiz agregó que lo óptimo sería que el gobierno “no se pronunciara solamente sobre la viabilidad del proyecto, sino sobre el principio que está en juego. El mensaje debiera ser que las tres causales forman parte de la legislación vigente y que su implementación no puede quedar sometida a mecanismos de presión moral dentro de los servicios de salud, aun cuando no esté en su discurso de representación política”. 

Paula Salvo Del Canto, directora de Corporación Humanas, comparte que el gobierno debiera tomar una posición clara, ya que -a su juicio- gobernar no es administrar la ideología que defienden, sino que implica resguardar los derechos que el propio Estado ya ha reconocido. “No se trata de impedir el debate democrático, ni de negar que existan distintas posiciones sobre determinados temas, sino de recordar que cuando un derecho ha sido reconocido por la ley, el deber del Estado es protegerlo y no permanecer indiferente frente a iniciativas que buscan restringir su ejercicio. El silencio, en estos casos, también comunica una señal política”, advirtió. 

Por su parte, la abogada y académica de la Universidad Alberto Hurtado, Claudia Sarmiento, acusa pasividad del gobierno al ser incapaz de ofrecer proyectos que busquen mejorar la situación de las mujeres y, por el contrario, dejar avanzar iniciativas legales “profundamente lesivas” para los derechos de las mujeres “sin tener participación, sin ofrecer un rumbo, lo que hace es dejar abandonado un campo en el que hay mucho que hacer”. 

“Lo que vemos es que este vacío de orientación que podría interpretarse en un desinterés en los derechos de las mujeres incluso, lo que ha permitido es que surjan proyectos que operan en contra de ellas”, señaló en conversación con el podcast “Lo que importa”.

La autonomía y la agencia moral en riesgo

El fundamento de proporcionar mayor información mediante la escucha de los latidos del feto a las niñas y mujeres que deciden acogerse a las tres causales, ha sido rebatido por profesionales de la salud, quienes no solo advierten una vulneración del secreto profesional y la confidencialidad, sino que además el riesgo de retrotraer a través del Estado la protección de la mujer como sujeta de derecho. 

La directora Escuela de Obstetricia y Neonatología UDP, Marcela Puentes, reitera que las tres causales son en sí mismas escenarios de alta complejidad. Por lo que establecer la obligatoriedad en la escucha de latidos reviste “signos de tortura”. “A las seis, siete semanas ni siquiera hay una formación de un corazón como lo conocemos. Entonces, creo que hablar de este proyecto de ley pone en riesgo el acceso a la interrupción, porque no ayuda a tener mayor información”, comentó a El Mostrador. 

“Las mujeres conocen y saben que hay un embrión y que ese embrión tiene un potencial de vida, pero todavía no es persona. Si se obliga, se supedita esa acción al acceso y eso va a producir en quienes ya sufren un evento traumático en sus vidas y una revictimización. Por eso, cuando a sabiendas que va a causar daño lo causa en una persona que es una ciudadana y un sujeto de derechos, esos son espacios muy cercanos a la tortura”, agregó.

En esa misma línea, para la abogada Claudia Sarmiento, la norma no tiene como objetivo acoger la realidad de las mujeres y niñas, sino que busca instalar la idea de preservar la vida prenatal a todo costo o negar el hecho de que las mujeres pueden tener una agencia moral válida en estas tres causales. “A las mujeres no se les reconoce entonces como un ser humano pleno, sino como un medio para otro fin”, advirtió. 

“Cuando el entonces proyecto de aborto en tres causales pasa por el Tribunal Constitucional, hay una expresión en la sentencia del TC que es súper básica, donde dice las mujeres tienen derechos humanos. Entonces las mujeres en Chile tienen derecho a la vida, a la integridad, a la privacidad, a la conciencia, y cuando son titulares de derecho, cuando están en una situación crítica como las tres causales, ninguno de esos derechos se pone en pausa. Por tanto el Estado, en la forma en que proteja la vida del que está por nacer no puede dejar de respetar aquellos derechos”, señaló.

Cabe mencionar que la legislación vigente evidencia avances de más de tres décadas en la construcción de una institucionalidad que hoy resguarda diferentes dimensiones en materia de derechos para mujeres y niñas en Chile. 

Así lo explica la directora de Corporación Humanas, quien menciona -por ejemplo- la ley de violencia intrafamiliar, el divorcio, la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, la sanción del acoso sexual y el femicidio, la participación política de las mujeres, el aborto en tres causales y la ley integral contra la violencia, entre otros avances. 

“Estamos hablando de respuestas del Estado frente a desigualdades históricas que afectaban la vida cotidiana de mujeres. Por eso me preocupa que la agenda pública empiece a desplazarse desde cómo ampliar y garantizar derechos hacia cómo restringirlos. Las democracias no solo retroceden cuando eliminan formalmente un derecho; también retroceden cuando dejan de defenderlo, cuando debilitan las instituciones encargadas de protegerlo o cuando aceptan que esos derechos vuelvan a ponerse permanentemente en cuestión”, advirtió.