Ley Miscelánea: La Moneda busca recuperar los votos perdidos en el Senado

Esta semana no hay sesiones que ganar en el Congreso, pero el Gobierno de José Antonio Kast tiene una tarea más incómoda: reconstruir, senador por senador y lejos de las cámaras, los 26 votos que se le deshicieron en público el 22 de julio. El plazo es corto. El martes 4 de agosto, apenas termine la semana regional, el Senado retomará la votación del informe de la comisión mixta de la megarreforma.

La Moneda llegó a esa jornada convencida de que despacharía su proyecto insignia. Apuró a la Cámara, hizo tramitar el informe de la mixta en pocas horas y recién al desembarcar en el Senado advirtió que no tenía los votos. La UDI pidió aplazar la discusión y el Ejecutivo retiró la urgencia para evitar una derrota. El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, lo calificó como un “error grave”: el Gobierno había buscado respaldos al frente sin comprobar que los propios seguían en sus puestos.

No fue una ausencia despistada, sino una mayoría descompuesta. Gustavo Sanhueza, de la UDI, había comunicado que votaría en contra; Enrique van Rysselberghe ya no estaba en la Sala; Vanessa Kaiser también se retiró, mientras Rojo Edwards y Matías Walker se preparaban para rechazar. El Gobierno necesitaba 26 votos y terminó descubriendo, en plena sesión, que varios tenían condiciones, dudas o derechamente habían desaparecido.

La cuenta, voto por voto

La pausa parlamentaria será, en los hechos, una ronda de negociaciones privadas. Hacienda e Interior deberán hablar por separado con los senadores que frustraron el calendario original, porque no existe una sola diferencia que resolver ni una disciplina de bancada capaz de ordenar la votación.

Sanhueza exige que el Ejecutivo aborde las deudas previsionales que mantienen los municipios con sus trabajadores, estimadas en torno a los $500 mil millones. El senador asegura que el Gobierno conocía sus reparos antes de entrar a la Sala: no estaba dispuesto a entregar nuevas compensaciones municipales sin controles sobre el manejo de esos recursos. No fue una rebelión improvisada; La Moneda simplemente calculó que podría aprobar pese a ella.

Walker puso otra condición. Exige que el Gobierno utilice el veto que presentará a la megarreforma para incorporar recursos destinados a la reconstrucción de Coquimbo y la provincia del Huasco, golpeadas por el sistema frontal. Hacienda ofreció una mesa técnica para dimensionar los daños, pero no comprometió fondos ni obtuvo el voto del senador.

Rojo Edwards mantiene reparos sobre la fórmula municipal, mientras Vanessa Kaiser no ha despejado públicamente su respaldo. Van Rysselberghe deberá estar disponible y acompañar al Ejecutivo. Hacienda entra así a la semana regional con varios apoyos por cerrar y sin margen para otro error: basta una nueva deserción para que el aplazamiento termine convertido en derrota.

La negociación tiene un precedente incómodo. En la Cámara, el Gobierno consiguió los votos del PDG después de comprometer urgencia para su proyecto de devolución del IVA pagado en medicamentos y pañales. Ahora deberá repetir esa construcción artesanal con su propia derecha y sectores del centro: ya no se trata de aprobar una reforma mediante una mayoría política reconocible, sino de sumar condiciones individuales hasta alcanzar el número mágico.

El artículo que desordenó todo

La paradoja es que el naufragio ocurrió cuando solo quedaba una disposición pendiente: la compensación a los municipios por los ingresos que perderán debido a la exención de contribuciones para adultos mayores. La fórmula aprobada en la comisión mixta ordena a la Tesorería restituir a cada municipio el total de la merma.

Alcaldes de oposición, encabezados por Tomás Vodanovic y Karina Delfino, advierten que ese mecanismo profundiza la desigualdad territorial al devolver más recursos a las comunas que actualmente recaudan más. Su propuesta es que la compensación se distribuya íntegramente mediante el Fondo Común Municipal. Sebastián Sichel defiende la fórmula y sostiene que solo preserva el equilibrio vigente.

Quiroz respondió a las críticas con una frase que terminó agrandando el conflicto: “Si prefieren que no los compensen, no se compensan, y se acabó”. El ministro intentó presentar la controversia como un asunto secundario, pero fue precisamente ese artículo el que dejó varada la reforma que La Moneda pretendía exhibir como su primera gran victoria económica.

Bunster pasa al cuerpo a cuerpo

La recomposición quedó además atravesada por la salida de Juan Pablo Rodríguez, subsecretario de Hacienda y uno de los principales articuladores parlamentarios del proyecto. Rodríguez dejó el cargo después de conocerse un resultado positivo en un examen de drogas realizado en junio, tras haber dado negativo en abril. Negó consumir sustancias, anunció acciones para esclarecer lo ocurrido y dejó pendiente la contramuestra.

Hacienda optó por cerrar filas y designó como subrogante a Tomás Bunster, de 33 años, hasta entonces jefe de asesores y coordinador de Regulación Económica. Es ingeniero civil y magíster de la Universidad Católica, trabajó casi cuatro años en Quiroz y Asociados, participó en la elaboración del programa económico de Kast y pertenece al círculo de mayor confianza del ministro.

Bunster no aterriza a ciegas: acompañó a Quiroz durante la discusión parlamentaria y conoce la arquitectura de la megarreforma. Pero su tarea cambió abruptamente. Rodríguez tenía experiencia legislativa y estaba dedicado al vínculo con el Congreso; Bunster deberá pasar de explicar regulaciones a negociar compromisos políticos con senadores que piden respuestas distintas. Su primera prueba no será técnica, sino contar correctamente.

Incluso si Hacienda recompone los votos, el proyecto seguirá rodeado de flancos. La oficina regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos remitió al Senado observaciones técnicas sobre los efectos fiscales, ambientales e indígenas de la reforma. El documento no es vinculante, pero pidió evaluar el impacto de sus medidas sobre los derechos sociales, los efectos acumulativos de la flexibilización ambiental y la eventual necesidad de consulta indígena.

La oposición, además, ya presentó tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional contra disposiciones como la invariabilidad tributaria y el régimen de indemnizaciones para proyectos cuyas resoluciones ambientales sean anuladas. Quiroz confirmó también un veto supresivo contra la eliminación del anatocismo, mientras la opción de vetar el denominado olvido financiero todavía no estaba completamente cerrada.

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La megarreforma puede terminar aprobándose el 4 de agosto. Lo que ya no puede recuperar es la imagen de control con la que el Gobierno quiso conducirla. Esta semana, sin votaciones ni cámaras en la Sala, La Moneda deberá hacer lo que no hizo antes del papelón: escuchar a sus parlamentarios, pagar políticamente las condiciones que puso cada uno y contar los votos antes de declararlos asegurados.