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Tras la cita con organizaciones de DD.HH los parlamentarios apuntaron contra el organismo y aseguraron que se está utilizando dicho tribunal para defensa «a homicidas y violadores de DD.HH» retardando las causas y así mantener la impunidad. La presidenta de la Cámara Baja, Maya Fernández y la titular de la comisión de DD.HH pidieron «poner fin a la incertidumbre jurídica» que ha provocado la decisión de mantener pendientes más de cuarenta causas.
Una fuerte crítica contra lo que denominaron “maniobras dilatorias por parte del Tribunal Constitucional” realizó este martes la bancada de senadores del Partido Socialista junto a otros parlamentarios de oposición como Felipe Harboe, Ximena Rincón, Jaime Quintana, Francisco Huenchumilla y Carolina Goic, tras reunirse con agrupaciones de Derechos Humanos.
Desde 2015, la defensa de diversos acusados por violaciones a los Derechos Humanos ha presentado recursos ante el Tribunal Constitucional, teniendo como resultado «la suspensión de eventuales condenas, al declararse admisibles dichos requerimientos y paralizando los procesos», reclamaron los parlamentarios.
“Con mucha molestia hemos visto que se está utilizando el TC por la defensa de los homicidas y violadores de DD.HH para retardar las causas y mantener la impunidad. Hoy hemos estado con las organizaciones de DD.HH de la región de Ñuble que claramente han denunciado esta situación, que además se está produciendo en otros lugares”, aseguró esta tarde el senador PS, Alfonso De Urresti.
Según los denunciantes, estas maniobras han sido utilizadas para aplazar el cumplimiento de la sentencia de condenados por causas de DDHH.
“Debemos avanzar para tener más verdad y justicia en los casos de violaciones de DDHH para construir una mejor sociedad en Chile”, dijo el senador y presidente PS, Alvaro Elizalde.
Los parlamentarios PS acusaron que el TC no ha actuado con la celeridad necesaria, demorando en incluir estas causas en la tabla para sus alegatos y sufriendo posteriormente nuevos retraso a la hora de dictar la sentencia.
La ley establece que el TC debe dictar fallo en 30 días luego de su análisis, lo cual sólo es prorrogable por 15 días, por lo que para los legisladores, “esto no es sólo una trasgresión a la ley, sino que es una nueva violencia contra los familiares de víctimas de la dictadura. A ellos se les vulnera su derecho a obtener justicia dentro de un plazo razonable, creando una situación de impunidad”, dijo la senadora Isabel Allende.
“Que el Tribunal Constitucional se atreva a pronunciarse sobre procesos judiciales en curso o resueltos es una nueva dimensión que demuestra la podredumbre que hay en el TC o de alguno de sus integrantes. Me parece ya una extensión de sus atribuciones que superan toda imaginación de una persona bien inspirada”, manifestó el senador Juan Pablo Letelier.
La diputada del PPD, Loreto Carvajal, la Presidenta de la Cámara, Maya Fernández, la Presidenta de la Comisión de DDHH, Carmen Hertz, el diputado radical Carlos Abel Jarpa, y agrupaciones de familiares de víctimas derechos humanos de la futura Región de Ñuble, hicieron un llamado al Tribunal Constitucional a poner fin a la incertidumbre jurídica, que ha provocado la decisión de dicho organismo de mantener pendientes más de cuarenta causas en materia de violaciones de lesa humanidad, tanto en Ñuble como en el Bio Bio.
“Hace tres años aproximadamente, las defensas de los procesados comenzaron a recurrir al Tribunal Constitucional, alegando vicios en su tramitación referentes a faltas al debido proceso y otras garantías constitucionales. Frente a esto el TC resolvió la suspensión de estas causas en la Corte de origen, con el fin de conocer y fallar sobre lo requerido”, explicó la diputada Carvajal.
La parlamentaria agregó que “hasta el momento no ha existido mayor pronunciamiento por parte de este organismo, provocando la angustia y la indignación ciudadana por la falta de justicia. Es por esta razón, que junto a organizaciones de derechos humanos hemos llevado a cabo una campaña que finalizó con éxito en la región de Ñuble, logrando captar cerca de 2.500 firmas, y el próximo lunes llevaremos una carta dirigida al Presidente del TC, Iván Aróstica, para que se pronuncie y ponga fin a esta situación de “impunidad” que se estaría produciendo”.
Por su parte, la diputada Carmen Hertz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, sostuvo que “los criminales de lesa humanidad han encontrado en el Tribunal Constitucional un espacio para asegurar la impunidad de la cual han gozado décadas. El TC paraliza las causas, declara admisible estos recursos contra una norma expresa, que son unos bodrios jurídicos que no tienen ninguna posibilidad de prosperar y por esa vía paralizan las causas, transformándose en un refugio de genocidas el Tribunal constitucional hoy”.
“El Tribunal Constitucional tiene que señalar las razones por qué no coloca en tabla las causas de derechos humanos que son prioritarias, porque el Estado chileno tiene la obligación de impartir justicia, si la deniega está infringiendo los tratados internacionales. Por la vía del TC y la parálisis que hace no colocar en tabla estas causas tenemos, insisto, un refugio para los genocidas y la impunidad”, concluyó la diputada Hertz.
Asimismo, la diputada Maya Fernández, señaló que “yo creo que es un mínimo respeto por nuestros compatriotas que sepan qué pasó con sus familiares y que se vean estas causas lo antes posible”.
Finalmente, Rosario Peña, Presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos de Chillán, indicó que “después de tantos años de espera esperamos que nos digan la verdad, porque la verdad ha sido a medias, de dónde están nuestros seres queridos, de saber qué hicieron con ellos, porque nunca es tarde para saber la verdad, y eso es lo que nosotros estamos luchando hace 40 años”.
