PAÍS
Tras el sobreseimiento definitivo del sumario interno en el Servel, que exculpó al director del organismo, Raúl García Aspillaga, de las acusaciones de acoso sexual y laboral, y del fallo de la Corte de Apelaciones que declaró inadmisible el recurso de protección que presentó la denunciante y que tenía por objeto dejar en evidencia la parcialidad del sumario, un reciente fallo de la Corte Suprema revocó la decisión del tribunal de alzada tras considerar que sí había elementos que pudieran infringir garantías constitucionales. Esto implica, en la práctica, que todos los antecedentes de esta denuncia sexual y laboral que se manejaban privadamente, al estar protegidos por el secreto del sumario, ahora tendrán que ventilarse públicamente en tribunales, situación que, al margen de la decisión que se adopte, tiene –según fuentes internas– más que complicado el jefe del Servicio Electoral.
«En el mes de julio de 2017 comencé a vivir situaciones incómodas e impropias con el Director Nacional de Servel don Raúl García Aspillaga, comenzó a buscar una cercanía conmigo que me incomodaba enormemente, por ejemplo buscaba quedarse a solas conmigo, me visitaba en mi puesto de trabajo, me tomaba la mano, entre otras, ello gatilló un estrés tremendo en mi persona».
Así parte la narración que hizo una ex funcionaria del Servicio Electoral en el recurso de protección que presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El escrito tenía por objeto revertir la resolución del sumario interno que llevó a cabo Salim-Hanna Sepúlveda y que sobreseyó a García Aspillaga, al no encontrar elemento alguno que pudiera acreditar como ciertas las acusaciones.
El caso, que recobró vigencia justo ahora cuando el país experimenta un debate nacional respecto de la histórica discriminación hacia la mujer, partió en febrero de este año, cuando trascendió que la ex funcionaria envió una carta al presidente del consejo de la institución, Patricio Santamaría Mutis, en la que denunció una serie de episodios ocurridos dentro y fuera de las dependencias laborales, en los que el actual director de la entidad habría ejercido hostigamiento en su contra.
Ante ello, el Servel anunció que se realizaría un sumario interno para esclarecer los hechos, a cargo del subdirector de Partidos Políticos, Roberto Salim-Hanna Sepúlveda, tras lo cual rechazó de forma unánime la denuncia y dispuso dictar el sobreseimiento definitivo.
Ante el rechazo de la denuncia, la ex funcionaria presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en la que acusó falta de «imparcialidad y objetividad» en la investigación sumaria, asegurando que Salim-Hanna Sepúlveda era subalterno y amigo del director del organismo electoral. «El Consejo Directivo incurrió en un grave error al designar al fiscal en el caso, puesto que era predecible que un subordinado jamás tendrá la opción real y concreta de sancionar a su superior jerárquico, es entendible que existiera un temor por parte del fiscal si determinaba que los hechos eran actos impropios de carácter sexual».
[cita tipo=»destaque»]»Siempre he mantenido una actitud de respeto hacia él, guardando siempre la distancia y no dejando margen a doble intenciones», agregó. «Porque no solo es acoso sexual, cuando la víctima es invadida o violentada en sus zonas sexuales o íntimas, sino que puede ser cualquier parte de su cuerpo, incluyendo sus manos, cuello o cintura, traspasando la esfera de privacidad que tiene cada persona”. Y luego plantea que “tengo la absoluta convicción de que si hubiera cedido ante sus acciones, normalizando sus actuaciones y aceptando la dinámica de relación perversa que buscó imponerme, hoy seguiría trabajando en el Servel, sometida al riesgo de que continuara profundizando sus acciones inapropiadas”.[/cita]
La denunciante, de iniciales L.E.N.S, afirmó, en el escrito que presentó ante tribunales, que García instaló un ambiente de «intimidad», «de forma extrema y en múltiples situaciones cotidianas», que ella rechazó en muchas ocasiones.
«Siempre he mantenido una actitud de respeto hacia él, guardando siempre la distancia y no dejando margen a doble intenciones», agregó. «Porque no solo es acoso sexual, cuando la víctima es invadida o violentada en sus zonas sexuales o íntimas, sino que puede ser cualquier parte de su cuerpo, incluyendo sus manos, cuello o cintura, traspasando la esfera de privacidad que tiene cada persona”. Y luego plantea que “tengo la absoluta convicción de que si hubiera cedido ante sus acciones, normalizando sus actuaciones y aceptando la dinámica de relación perversa que buscó imponerme, hoy seguiría trabajando en el Servel, sometida al riesgo de que continuara profundizando sus acciones inapropiadas”.
Tras revisar los antecedentes, la Corte de Apelaciones de la capital, presidida por Leopoldo Llanos Sagristá, e integrada por los ministros Jaime Balmaceda Errázuriz y Juan Antonio Poblete Méndez, declaró inadmisible el recurso el pasado 19 de abril.
Entre los criterios para desechar los argumentos de la denunciante, el tribunal de alzada determinó lo siguiente: «En la presentación efectuada en estos autos no aparece que se hayan mencionados hechos que eventualmente puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales».
Con todo en contra, la ex funcionaria del Servel se jugó la última carta y apeló a la Corte Suprema. En un fallo conocido este martes, el máximo tribunal revocó la decisión de la Corte de Apelaciones, al considerar –en clara diferencia con esta– que sí había antecedentes que pudieran constituir vulneración de garantías constitucionales, por lo que obliga al tribunal de alzada a conocer el fondo de la denuncia, tras declarar su admisibilidad.
El Servicio Electoral declinó referirse al asunto con el argumento de no haber sido –todavía– notificado formalmente. Fuentes, sin embargo, al interior del servicio, plantean que la situación provoca más que una incomodidad en su director, porque, al margen de la decisión que el tribunal pueda tomar respecto de los hechos denunciados, el mero hecho de que la Corte conozca el fondo de la causa, implica, en la práctica, que todos los antecedentes de esta denuncia sexual y laboral que se manejaban privadamente, al estar protegidos por el secreto del sumario, ahora tendrán que ventilarse públicamente en tribunales, situación que –de acuerdo a fuentes internas– tiene más que complicado el jefe del Servicio Electoral.
