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El lunes, el contralor general solicitó a Pérez la renuncia a su cargo, Solicitud que fue rechazada por medio de una carta que la subcontralora envió a la máxima autoridad del ente contralor.
Continúan las horas de tensión en la Contraloría General de la República (CGR). La pérdida de confianza del contralor general Jorge Bermúdez en quien fuera su mano derecha, la subcontralora Dorothy Pérez, ha generado no ha pasado desapercibida.
El lunes, tal y como dio a conocer Bío Bío, Bermúdez solicitó a Pérez la renuncia a su cargo. Sin embargo, la solicitud de Bermúdez fue rechazada. «Lamento informarle que no resulta legalmente procedente su requerimiento -ni en la forma ni en el fondo- y que no presentaré mi renuncia a los cargos de subcontralora general y Juez de Cuentas», expresó la subcontralora a través de una carta enviada al contralor.
En sus argumentos, la abogada alude al artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que dispone que «el contralor y el subcontralor gozarán de las prerrogativas e inamovilidad que las leyes señalan para los miembros de los tribunales superiores de justicia y que la remoción del Contralor y del Subcontralor corresponde al Presidente de la República previa resolución judicial tramitada en la forma establecida para los juicios de amovilidad que se siguen contra los ministros de los tribunales superiores de justicia y por las causales señaladas para los ministros de la Corte Suprema».
En el escrito, la subcontralora alude al hecho de haber sido citada en calidad de testigo por la fiscalía en el marco del fraude a Carabineros. Situación que habría generado la pérdida de confianza del contralor, motivando así la solicitud de renuncia.
Ante ese escenario, la abogada sostiene en la misiva que «no existe sentencia alguna que haya dispuesto mi remoción y no existe ninguna imputación penal ni administrativa firme en mi contra, sino que solo he sido citada en calidad de testigo (esto es, según el Código Procesal Penal, un tercero que colabora y aporta en la investigación) que jamás he incurrido ni se me ha imputado ninguna irregularidad que amerite que ud. me aplique sin forma de juicio y ajeno a todo procedimiento legalmente tramitado, una sanción como la remoción de mi cargo que he servido fiel y lealmente como funcionaria pública de nuestra querida y respetada institución por cerca de 15 años».
Finalmente, Pérez lamentó profundamente el error «en que su alta investidura está incurriendo y rogando para que dios lo lleve a recapacitar y le permita analizar en derecho y en justicia esta situación».
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