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Desde Abril… depende de todos!

por 19 febrero, 2018

Desde Abril… depende de todos!
Después de muchos años de espera, de un par de cambios de Gobiernos, después de diversas reuniones de la Sociedad Civil que trabaja en temas de discapacidad, de audiencias con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Desarrollo Social, con el Servicio Nacional de la Discapacidad - entre otros organismos-, después de 11 mociones parlamentarias, y a casi 7 meses de espera por la publicación de sus reglamentos, ya podemos decir que el 1 de Abril será la fecha de inicio de la Ley de Reserva de Cuotas de Personas con Discapacidad, Ley 21.015, que obliga a empresas y organismos públicos sobre 100 trabajadores a contratar el 1% de su dotación, con personas en situación de discapacidad.
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Si bien como Fundación Ronda - organización sin fines de lucro, en la que trabajamos día a día por incluir socio laboralmente a personas con discapacidad o comunidades con barreras de acceso – estamos felices y muy esperanzados de este anuncio hay varias cosas por las que es importante reflexionar.

Primero, para que las empresas y el sector público puedan acreditar a sus trabajadores, las personas con discapacidad tendrán que tener una pensión de invalidez o bien contar con la RND (Registro Nacional de Discapacidad), documento que permite acreditar que la persona está inscrita formalmente de acuerdo a su situación de discapacidad. El certificado indica nombre completo, número de RUN y fecha de nacimiento de la persona, tipo de discapacidad, grado y número del dictamen de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).

Cabe destacar que según la última ENDISC II - Encuesta Nacional de la Discapacidad -, solo el 8% de los casi tres millones de personas con discapacidad lo tienen, generando una total complejidad de cara a los requerimientos de la Ley. Por lo mismo, las preguntas que nos hacemos y que queremos que los organismos gubernamentales nos apoyen a contestar son:

¿ Como apoyaran a las empresas que requieren cumplir con esta Ley, en educar respecto al proceso, agilizando y facilitando la tramitación para los postulantes a estas empresas, o bien a las personas con discapacidad que hoy trabajan en la organización sin esta acreditación ?

¿ Cuál será el apoyo específico que se dará a las personas con discapacidad o las fundaciones y ONG que trabajan con discapacidad, para que sus usuarios se informen y obtengan de forma fácil y sin tanta burocracia la obtención del carnet?

¿ Se han reforzados las oficinas de COMPIN a lo largo de todo Chile, considerando que debiese aumentar la demanda por su obtención?

¿ Existen campañas comunicacionales ya pensadas para romper mitos y estigmas respecto a la obtención del carnet?

Ya que hoy por el porcentaje informado hay un tema de fondo que hay que solucionar primero, sobretodo acordándonos que recién ahora empezamos a conversar y elevar nuestra consciencia respecto a los derechos y la plena igualdad de las personas con discapacidad en nuestra sociedad, hace 30 años atrás eran tildados de enfermos o sujetos de caridad.

Segundo, cuando hablamos respecto a las obligaciones del sector privado, se establece que la empresa puede elegir los dos primeros años de vigencia de la Ley - sin tener que dar razones fundadas - si quiere o no contratar y cumplir con su cuota. Si su elección es no contratar, tiene dos posibles medidas alternativas;

1.-  Celebrando y ejecutando contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad.

2.- Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones que trabajen en temas de discapacidad y así lo confirmen sus estatutos.

Pero las preguntas que surgen son sobre todo en la primera medida, ya que aquí no queda claro si es que va a existir un tope para las empresas prestadoras de servicio que sean contratadas para cumplir con la medida alternativa, ya que así podría ser muy fácil que con un mismo número de trabajadores con discapacidad, muchas empresas cumplan su cuota, enriqueciendo a esta empresa pero no cumpliendo el fin último que persigue esta ley que es la creación de nuevos puestos de trabajos para personas con discapacidad, ya que según la Endisc II EL 61% de los más de 2.600.000 de personas sobre 18 años  con discapacidad está fuera del mercado laboral.

En esa misma línea, tampoco se especifica ni sugiere el cómo las empresas y organismos públicos debieran realizar estas contrataciones, el modelo de inclusión laboral sugerido por los especialistas en discapacidad, como por ejemplo el cómo realizar modelos de intermediación laboral, como funciona le modelo de empleo con apoyo, la necesidad de realizar una evaluación de puesto de trabajo para entender la accesibilidad universal del lugar como también el tipo de funciones y requerimientos que se necesitara por parte del trabajador y que tipo de discapacidad es a fin o ideal para ese cargo, nada de eso esta resuelto.

Estos mismos temas se replican en el sector público, sumando que en el reglamento se establece que la Exigencia no será obligatoria para el Poder Judicial, el Ministerio Público,  el Congreso Nacional, la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional y demás tribunales especiales creados por Ley, el Servicio Electoral, la Justicia Electoral  y tampoco en el Banco Central.

Personalmente, lo que más me entristece, que esto se les dijo antes no en una vez, sino en muchas oportunidades, toda la sociedad civil nos organizamos y levantamos cada uno de los artículos de los reglamentos que había que aclarar hasta con la propuesta del cómo hacer la bajada, no de forma irresponsable ni ilógica, sumamente aterrizado, pero que pasó… nada. La consulta ciudadana tampoco fue considerada en hacer ajustes en los reglamentos y tener una co-construcción con los especialistas que están al servicio en nuestro país para revertir este tema y no solamente crear igualdad de oportunidades en las personas con discapacidad, sino también sujetos empoderados que estén dispuestos a cumplir con sus deberes y alzar su voz.

Hago un llamado al nuevo gobierno a que nos apoye creando medidas paliativas y planes de acción potentes, para que esta ley no sea letra muerta y no solo se generen contrataciones exitosas sino que sea el puntapié inicial para romper paradigmas y cambiar nuestra mentalidad como sociedad, tanto en las personas con discapacidad y sus entornos cercanos, como también en empresas, organismos públicos y ciudadanos en general , tenemos que dejar de dar el pescado y enseñar a pescar, basta ya de populismos que solo generan obligaciones incoherentes ya que sin los apoyos y herramientas todos nos vemos afectados.

Fundaciones como Ronda, son aliados para los ministerios y organismos públicos, ya que estamos apoyando a contribuir a solucionar un problema, ojalá se nos escuchara más y entendiera que lo que buscamos es que las cosas se hagan desde el lugar que realmente se cumpla el lema que nace en la convención de la ONU el 2006, “ Nada de nosotros sin nosotros “ . Es imposible que logremos una real transformación sin escucharnos y sobretodo sin entender los reales requerimientos y necesidades de cada comunidad con barreras de acceso que queremos apoyar y de cada sector de la sociedad, sea el tema que sea, esto es clave para lograr lo que todos soñamos, un Chile libre de estereotipos y discrimación, una sociedad libre y empoderada.

 

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Envíada por Claudio Jiménez Rojas | 14 octubre, 2019

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