Crimen Organizado y Calles sin violencia: Programas de Seguridad que el Gobierno busca desfinanciar

Pese a la polémica que se generó a inicios del Gobierno, cuando se pretendió eliminar cerca de $72 mil millones en total de los presupuestos de Carabineros y la PDI (lo que tuvo que ser dejado sin efecto por el gobierno, ante los reclamos de la misma derecha), el Ministerio de Hacienda propuso eliminar para 2027 dos programas creados en el gobierno anterior, destinados a enfrentar la grave crisis de seguridad que este vivió: la Política Nacional de Crimen Organizado (PNCO) y el plan “calles sin violencia”.

Estos, en la práctica, se traducen materialmente en importantes inyecciones de recursos a las instituciones policiales y otras relacionadas para el combate del crimen organizado. Parte importante del financiamiento de los equipos de la PDI destinado a combatir el tráfico de drogas en las poblaciones (el programa MT-0) proviene de allí. El año pasado, el PNCO financió la compra de nueve camiones escaner para Aduanas, entre otras inversiones.

En el caso del Ministerio Público, “Calles sin violencia” financia buena parte de los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), que son los que se constituyen en los sitios del suceso y que, en el caso de la Región Metropolitana, por ejemplo, lograron importantes éxitos investigativos, especialmente en lo relativo a secuestros cometidos por distintas células descolgadas del Tren de Aragua, como “Los piratas”, “Los mapaches” o “La hermandad”, algunas de las cuales están reactivándose, justo en estos días.

En el caso de “Calles sin violencia” la inversión que se pretende dejar sin efecto es de 25 mil millones de pesos, mientras que en el PNCO se trata de casi 71 mil millones. En otras palabras, es casi un cuarto más de lo que se pretendía quitar a Carabineros y la PDI.

A ellos se suma el programa de Innovación y transferencia técnica territorial, por casi 2.500 millones de pesos.

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Cabe indicar que ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la cámara baja, el 23 de marzo pasado, el Subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, junto con dar a conocer la baja de presupuesto en Carabineros y la PDI, anunció también “recortes” en el PNCO y el programa “Calles sin violencia”, aunque en el caso de este último indicó que “la disminución se basará en recursos proyectados que no serán ejecutados”, como indica el acta de dicha sesión.

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Dile “No” a las drogas

En el caso del Ministerio del Interior, Hacienda recomendó eliminar para 2027 un total de seis programas, tres de ellos radicados en el Servicio nacional de prevención de desastres (Senapred). Se trata de los programas de simulacros de borde costero, de amenaza volcánica y del sector educación, los cuales suman casi 127 millones de pesos.

También, en consonancia con lo relacionado al crimen organizado, se recomendó descontinuar el “Fono drogas y alcohol”, por 275 millones de pesos, así como el programa de prevención en espacios sociales, que insume 414 millones de pesos, y el programa prePARA2, destinado a prevenir el consumo de drogas y alcohol en los establecimientos escolares, por más de cuatro mil millones de pesos.

Por medio de su cuenta de X, el diputado Jaime Araya (IND/PPD), que presidió la comisión especial investigadora sobre el crimen organizado en la macrozona norte, criticó durante la propuesta de hacienda, indicado que “en plena crisis de seguridad, Hacienda le instruyó al Ministerio de Seguridad descontinuar ambos programas. Los mismos que hoy combaten el crimen organizado en todo Chile”.

Al respecto, criticó que “Prometieron seguridad. Lo que hacen es desarmar al Estado frente al crimen. ¿Qué buscan realmente? ¿Que el crimen organizado opere sin contrapeso? Que que Chile sea un país más fácil de controlar desde las sombras? No vamos a permitirlo. No descartamos ninguna acción en el Congreso”.