Inclusión
Tras una encuesta voluntaria de más de 70 mil trabajadores de empresas con más de 100 funcionarios, se detectó un 2,45% de personas que saben de algún diagnóstico discapacitante no informado a su empleador, o bien, que no saben que lo tienen.
Según cifras de la Dirección del Trabajo, desde el pasado 1 de abril a la fecha, cerca de 1200 empresas han registrado contratos en el marco de la nueva ley, por un total de 4.300 trabajadores, cifra muy menor a las exigidas por la Ley de Inclusión Laboral.
La normativa vigente en Chile exige que el 1% del total de empleados de una empresa, pública o privada, con más de 100 funcionarios, corresponda a personas con alguna discapacidad acreditada por el Registro Nacional de Discapacidad (RND) o mediante Pensión de Invalidez.
Pero el modelo de inclusión laboral de OpenCluster reporta un promedio del 2,45% en más de 70 mil trabajadores encuestados voluntaria y anónimamente.
El diseño implementado en 38 empresas parte por reformular el discurso y hacer un abordaje responsable por sobre asistencialista, y de concientización colectiva por sobre de sensibilización frente a la condición de discapacidad.
En opinión de Rodrigo Arias, presidente del directorio, «antes que salir a buscar personas en situación de discapacidad para ocupar plazas o cargos inventados, nuestra propuesta es hacer una radiografía certera y genuina de la realidad de las empresas, de modo que empleadores y funcionarios tomen conciencia responsable de la discapacidad y la vean como una oportunidad y no como una carga”.
En los meses anteriores, el modelo ha logrado detectar discapacidades ocultas en el personal activo antes de incorporar nuevos recursos en situación de discapacidad, además de asesorar a trabajadores bajo la Ley de Protección de la Vida Privada.
De un total de 71.813 trabajadores de empresas asesoradas por OpenCluster, 29.543 respondieron la encuesta voluntaria, detectando 2.872 personas con alguna discapacidad, y 1.759 que calificaron como candidatos para ser acreditados con el RND.
Se estima que un 20% de los chilenos en edad laboral tiene alguna discapacidad y un 80% de las personas con discapacidad que trabajan, desconocen que presentan una discapacidad acreditable.
El proceso de levantamiento de este tipo de información ha demostrado ser altamente enriquecedor para las compañías, ya que en vez de poner en riesgo el puesto laboral, ayuda a que el entorno social tome conciencia de las condiciones de salud con las que muchos conviven.
Epilepsia, fibromialgia, enfermedades de la infancia como meningitis o poliomielitis, son solo algunas de las más frecuentes en la población laboral activa.
En una lógica que implica enseñar y nivelar conocimientos al interior de las organizaciones, el modelo invita a ver capacidades en vez de discapacidades y a convertir la cultura organizacional en torno a la discapacidad, de forma que sea vista como una oportunidad.
Dado que los modelos de acreditación inclusiva exigen de al menos 3 meses, hoy solo existe la posibilidad de acudir a medidas subsidiarias, como el outsourcing de servicios entregados por personas en situación de discapacidad o la donación sin beneficios tributarios a fundaciones que trabajen en pos de la inclusión laboral, de modo de cumplir con las exigencias de la Ley.
La contratación mediante outsourcing de servicios como podría ser catering, servicios de call centers o de teams promocionales, deben ser entregados por personas en situación de discapacidad y facturados demostrando dicho compromiso.o bien, contratar los servicios de una empresa que provea servicios de outsourcing con personas en situación de discapacidad. El valor de dichos servicios contratados deberá ser por el valor desde abril a la fecha o el saldo pendiente.
De otro modo, las empresas deberán certificar donaciones a fundaciones acreditadas, sin beneficios tributarios.
