PAÍS
“Esto no es fácil”: gobernadores mantienen ofensiva para evitar recorte de $250 mil millones
Gobernadores y Hacienda atraviesan un nuevo periodo de diez días para alcanzar un acuerdo por el Presupuesto 2027, tras el empate en la votación de la partida el pasado lunes. Las autoridades regionales solicitan mantener la base presupuestaria del 2026 y resguardar la inversión sectorial.
Tras el empate en la votación de la partida destinada al financiamiento de los gobiernos regionales, la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos abrió espacio para una nueva ventana de negociación entre los gobernadores y el Ministerio de Hacienda. La instancia acordó postergar por diez días la discusión, con la expectativa de que durante ese período las partes puedan acercar posiciones y alcanzar un entendimiento antes de retomar la votación, prevista para el próximo 2 de noviembre.
La decisión busca destrabar un conflicto que se arrastra desde hace varias semanas y que ha convertido los recursos regionales en uno de los nudos políticos de la discusión del Presupuesto 2027. El Ejecutivo y los gobiernos regionales deberán ahora intentar construir un acuerdo que permita modificar o compensar parte de la reducción propuesta por Hacienda.
El punto de mayor tensión está en los cerca de $250 mil millones menos contemplados para las 16 regiones, cifra que equivale a una reducción cercana al 4,8% del presupuesto regional total y que, en el caso de los recursos propios y de inversión, puede llegar hasta el 7%.
Para los gobernadores, el recorte no solo compromete proyectos específicos, sino que restringe la capacidad de los Gores para planificar inversiones y dar continuidad a políticas y programas definidos desde los territorios.
En la sesión de este lunes, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, reiteró que la dificultad de la propuesta del Ejecutivo no solo es técnica, sino también política. Esto, porque “se parte de la base, y así queda en el debate público, de que el problema que justifica esta rebaja es una mala ejecución culpable de todos los gobiernos regionales”.
Lo que, de acuerdo con lo señalado por las autoridades regionales, es consecuencia de las propias rigideces de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y las dificultades de ejecución de los servicios públicos con los cuales las regiones tienen algún tipo de convenio.
“Lleguemos a un acuerdo que respete tres principios fundamentales. Uno, mantener el presupuesto 2026 para hacer lo que hay que hacer en las regiones. (…) Segundo, mayores flexibilidades como las que ha propuesto el nivel central. Y tercero, el acuerdo de los gobernadores de que en el caso que algún Gobierno Regional no cumpla con la ejecución del 50% al 30 de junio, ahí se pueda hacer una rebaja contra resultado en el caso en particular, pero no esta regla genérica que castiga a todas las regionales por igual”, puntualizó Orrego.
En consecuencia, el resultado de las conversaciones de estos días determinará si Hacienda logra mantener su diseño presupuestario, si debe flexibilizar parte del ajuste o si el conflicto vuelve al Congreso sin un acuerdo político entre el Ejecutivo y las regiones. En ese escenario, la discusión pone nuevamente a prueba cuánto espacio efectivo tendrá la descentralización frente a las restricciones fiscales del próximo año.
La senadora DC y presidenta de la Cuarta Subcomisión Mixta, Yasna Provoste, valoró la apertura de esta nueva instancia de diálogo. “Hubo un avance muy importante en el diálogo entre las partes. Se ha materializado un espacio formal de conversaciones, por lo mismo, destaco la unanimidad de la Subcomisión para postergar la votación”, señaló, relevando la posibilidad de que la mesa conformada logre avances concretos.
“Las conversaciones todavía están muy lejos”
Para el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, las conversaciones todavía están muy lejos de la base de negociación propuesta por los gobiernos regionales. La autoridad señaló que, si bien desde Hacienda han dicho que hay una diferencia de un 4.2%, el cálculo de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras –con infractores reales de IPC y dejando específicamente el presupuesto de inversiones como elemento fundamental de discusión– existe una brecha casi del 13%.
“Hay gobiernos regionales como el de Rancagua que llega a menos 20% y esa es la base para los cuatro próximos años presupuestarios. Lo que hemos pedido es que tengamos igual presupuesto que el presente año. Si no fuera igual, que tenga una disminución muy acotada y que de alguna manera sea compensada en otras líneas, pero lejos del 13%”, dijo en conversación con El Mostrador.
En esa línea, la autoridad insistió en que la base de negociación debe ser el año 2026, donde “probablemente se va a discutir qué porcentaje de rebaja existirá en comparación con este año, la que tiene que ser acotada y ojalá con un aporte adicional según eficiencia del gasto”.
“Yo creo que el piso lo está dando la racionalidad de la conversación en el Parlamento. Acá las bancas de distintos colores políticos, los gobernadores de distintos colores políticos, le han insistido al Ejecutivo, con quien hemos conversado mucho, de que hoy día los gobiernos regionales son de altísimo impacto en las regiones. Y si queremos impactar el crecimiento y especialmente el empleo el próximo año, que es lo más crítico para la comunidad, tiene que ser con los gobiernos regionales y no rebajando los presupuestos de estos”, sentenció Flies.
La búsqueda de certezas financieras
Por su parte, el gobernador regional de Los Lagos y presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi), Alejandro Santana, sostuvo que sostendrán varias reuniones con el Ministerio de Hacienda para concretar puntos de acercamientos ante una nueva votación en la Cuarta Subcomisión Mixta.
Si bien los líderes regionales valoran transversalmente los avances en materia de flexibilidad en la ejecución presupuestaria, también enfatizan que el acuerdo con el Ejecutivo debe garantizar la no afectación en la inversión sectorial y los proyectos propios de cada región.
“Creo que hoy día el análisis que está desarrollando el ministerio es mucho más cercano a la realidad. Se han eliminado esas brechas de distorsión que había en términos de la evaluación de la ejecución presupuestaria y sobre esa base me quedo con una sensación de que estamos avanzando. Espero que en las próximas reuniones técnicas podamos decir que hay un acuerdo que permita tener certezas, no solo jurídicas, sino que principalmente financieras, para que los planes de desarrollo de cada una de las regiones de Chile se mantengan”, señaló Santana.
En ese sentido, el presidente de Agorechi reconoció que, si bien los primeros encuentros han sido positivos, persisten matices y elementos por corregir. “Esto no es fácil, porque efectivamente hay dos posiciones, pero espero que al final de las reuniones de trabajo podamos decir –por las regiones y por Chile– que hay un acuerdo y una señal del Ejecutivo para incentivar una alianza estratégica con los gobiernos regionales”, añadió.