Opinión
En 1972, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano emitió un informe donde se declaraba que los temas medioambientales no son sólo de interés científico, sino también social. Esto implica que toda acción que aporte a disminuir el impacto ambiental aporta a su vez a la sociedad que la rodea.
Desde esa fecha hasta hoy hemos avanzado en relevar el rol del medioambiente en el desarrollo de las ciudades, a la vez que la sociedad civil ha potenciado la multiplicación de organizaciones sociales con foco específico en el cuidado y la protección del medioambiente, promoviendo el desarrollo de una conciencia colectiva al respecto.
En este panorama llega la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) o Ley de Reciclaje, que obliga a las empresas a hacerse cargo de sus productos cuando se desechan. Hace pocos días se dio a conocer el reglamento de metas y valorización de la categoría “Envases y Embalajes”, quizá el más masivo y desafiante dado su impacto en la generación global de basura.
Comenzarán a crearse una serie de sistemas de gestión que se harán cargo del proceso. Pero paralelamente, las empresas podrían convertirse en catalizadores de un cambio cultural. Un aglutinador de un cambio de conciencia (y prácticas) con sus proveedores, con su competencia y con la ciudadanía. Esa que antes de botar algo a la basura, lo pensará dos veces. Entonces, la conciencia medioambiental, ahora con la Ley REP, vuelve a ser, más que un tema técnico, uno social y cultural.
Para hacerse una idea, un estudio elaborado por la Subdere en agosto de 2018 cifró en 7,48 millones de toneladas los residuos sólidos domiciliarios y asimilables (RSDyA) producidos a nivel nacional en 2017, número que representa un aumento de 9,98% respecto de 2012. ¿No se podría ahora entonces pensar el consumo de otra manera? Tanto en las decisiones de compra, como en las actividades posteriores a ella, adquiriendo conciencia a nivel individual y colectivo en torno a la responsabilidad por el impacto que tiene nuestros hábitos.
Por otro lado, en Chile los sectores socioeconómicos más vulnerables se ubican en áreas que tradicionalmente tienden a verse más directamente impactados por la operación industrial o sus externalidades. Por eso, establecer una preocupación por mitigar y disminuir los impactos ambientales, trae consigo necesariamente beneficios sociales y una mejor calidad de vida, especialmente en aquellos sectores.
Desde el punto de vista de las empresas no es más filantropía, sino creación de conciencia. A su vez, instalar modelos de negocio que interpreten la creciente preocupación ambiental además de integrar soluciones innovadoras que permitan abordar los desafíos inmediatos del crecimiento sin destruir el planeta es un desafío clave para Chile.
