A ocho años de promulgada la ley antidiscriminación, conocida como ley Zamudio, Chile sigue sin garantizar igualdad de derechos no solo a las minorías sexuales, sino también a personas con discapacidad, el mayor colectivo del país compuesto por 2,8 millones de personas.
Las evidencias son claras. Un estudio de Fundación Iguales reveló que las causas por discapacidad concentraron el 31,8% de las denuncias realizadas durante el año 2019 ante la justicia.
Para atender el bajo número de denuncias que llegan a la justicia, se trabaja actualmente en un proyecto de ley para “erradicar actos y omisiones de discriminación arbitraria”, no incluidas previamente. Se reconoce que uno de los principales déficits en la implementación de la ley Zamudio radica en que Chile no cuenta con un órgano responsable de “analizar, estudiar y promover medidas antidiscriminación”.
Si bien es cierto que desde 2015 el Servicio Nacional de la Discapacidad impulsa el Programa de Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad, a la fecha sólo conocemos que durante 2019 se realizaron 1.812 atenciones, sin un balance que detalle los motivos de las consultas y sus resultados. La realidad expuesta en el estudio de Fundación Iguales es una muestra más de la debilidad institucional de nuestro país para garantizar los derechos de los ciudadanos. Precisamente, el Informe Anual de Igualdad y no Discrimnación del año 2016 del Instituto Nacional de Derechos Humanos evidencia que “no existe una estrategia integral de acceso adecuado para personas con discapacidad” ni medidas de acompañamiento que les permitan garantizar efectivamente su derecho de acceso a la justicia.
La experiencia internacional demuestra que un órgano del Estado robusto en materia de igualdad, protección de población vulnerable y no discriminación es fundamental para mitigar las causas y efectos de la segregación. Chile es el único país de latinoamérica que no cuenta con esta figura, conocido como Defensor del Pueblo, Procurador de los Derechos Humanos y Defensor del Ciudadano, entre otros.
De haber contado con este estamento, habría sido el responsable de generar directrices en tiempo y forma para la atención de personas con discapacidad, en el actual escenario de pandemia, generando protocolos que evitaran una serie de denuncias por discriminación en las atenciondes de salud. También habría velado porque niños y niñas con discapacidad tengan acceso a educación en modalidad online; que personas con pensión de invalidez total no quedaran fuera de la Ley de Protección del Empleo y tuvieran derecho al Seguro de Cesantía en caso de quedar desempleados, y que en la actual discusión sobre pensiones, sean vistos y priorizados.
Es urgente que el gobierno impulse una institucionalidad robusta que vele por los derechos de personas con discapacidad, lidere un plan de acción de largo plazo, promueva una cultura de respeto a los derechos humanos y la diversidad, provea input técnico de manera transversal a distintos órganos del Estado y políticas públicas sociales que sancionen efectivamente actos discriminatorios.
