Entre lo artificial y lo inteligente: la distopía ya llegó

Si nuestro futuro contenía una cuota importante de incertidumbre, la IA parece estar actuando como un acelerador, al menos en las percepciones ciudadanas. Por una parte, la élite política observa cómo este fenómeno corre muy por delante de sus posibilidades de entenderla y mucho menos de establecer alguna suerte de regulación. Por la otra, las personas que desarrollan actividades laborales que podrían ser reemplazadas por la IA plantean sus temores:  en la última encuesta del ICSO de la UDP, un 44% señala preocupación por que la IA lo reemplace en su trabajo, alcanzando un 45% entre las mujeres y entre quienes tienen más de 30 años (40%). 

Pese a este clima de incertidumbre,  una gran mayoría de personas han hecho suya la IA . Ella aparece integrada de forma transversal en varios ámbitos de la vida cotidiana, que va desde la salud a lo laboral, pasando por la organización de la propia cotidianeidad. No se trata de un fenómeno acotado a ciertos grupos etarios ni a usuarios avanzados, sino de un uso ya naturalizado en la vida cotidiana–aunque naturalmente con mayor intensidad entre los nativos digitales.

La tecnología colabora en la mejora de la calidad de vida de las personas, pero se identifican claramente sus consecuencias negativas. El discurso es más dual, que polarizado entre defensores y detractores, y esa ambivalencia muestra una tensión que puede hacerse más intensa a medida que la IA se expande especialmente en el ámbito laboral. La demanda por regulación emergerá entonces con mucha más fuerza.

En otros estudios de la serie Clima Social hemos observado que pese a los relatos críticos, existe una expectativa sobre el rol del fiscalizador y proveedor del Estado, siempre con una demanda simultánea de transparencia y eficiencia.. Eso se proyecta también a esta nueva esfera que adquiere notoriedad en las preocupaciones de las personas. Crece la expectativa de demandas y medidas desde el Estado hacia la educación crítica individual y los acuerdos sociales en materia de tecnología e IA.

Esa expectativa de mayor regulación pública sobre la IA no surge solamente del temor al impacto laboral. Predomina una mirada de cautela o, sencillamente, sospecha de intervención de actores que usen la tecnología y los datos personales asociados a ella para influir sobre las personas y administrar el poder, en desmedro de la democracia. De una u otra manera, el caso Cerimedo y sus acciones en nuestro país en al menos 3 eventos electorales transforma esa sospecha en una duda ya más instalada en las percepciones de las personas, como señalaron en un focus group realizado con mujeres: “Muchas aplicaciones, aunque digan que no, las están ocupando para manejar el poder alrededor del mundo, para saber cómo piensan las personas, Trump ganó así, usó Facebook, para saber como opinaban los ciudadanos y que se les podía decir”.

Se ve a las instituciones políticas incapaces de regular tecnologías, en una primera instancia por la velocidad del cambio y la instalación de éstas, y posteriormente que lo hagan más allá de sus propios fines de poder, económico, social o político. Frente a esa desconfianza, se genera una cierta esperanza -sin mayor reflexión sobre su viabilidad- sobre la capacidad ciudadana y de la educación de generar conciencia ética sobre el uso de tales tecnologías. Esto fue dicho en un focus group de hombres: “Es tan dinámico -el cambio-,  es tan rápido que no alcanzamos a generar reglas sobre qué nos va a hacer bien o mal”.

¿Cuál ha sido la respuesta  frente a esta expectativa de los actores políticos?

Limitada o no, al menos al nivel de la demanda que señalan varios estudios en torno a  la IA. En el caso del Gobierno la señales han sido confusas, partiendo por las reuniones no detalladas del Presidente Kast con Peter Thiel.

Pero yendo al fondo: el Gobierno impulsó una norma que permite el uso de textos y datos sin autorización previa para entrenar modelos de IA, generando debate sobre propiedad intelectual.  Finalmente está pendiente una indicación sustitutiva total para modificar el proyecto sobre regulación de IA que presentó el Presidente Boric. El fundamento estaría en la decisión de acercarse a un modelo que promueva la inversión y la innovación como el que sigue  Estado Unidos y que marca distancia con el que prevalece en Europa centrada en la prevención de riesgos y prohibiciones.

Solo marginalmente los partidos políticos han integrado esta preocupación entre sus prioridades. La excepción es el diputado Winter, que ha propuesto la idea de una nueva mirada sobre el desafío de las izquierdas, cual es contener la acumulación de poder que generaría la IA, en contra de los más desposeídos y la democracia.

Las cifras de desempleo están actualmente en un 9,4%, las peores en 5 años, con fuerte impacto en menores de 24 años y profesionales -1 de cada 3 desempleados tiene título universitario-, un contexto que puede aumentar la preocupación frente a la IA. Se trata de un tema emergente que, cual tsunami, remece todo en la economía, la política, la ciencia y el conocimiento, las relaciones sociales e incluso aquellas más íntimas y familiares. Las regulaciones se quedan cortas frente a un fenómeno que cuestiona incluso lo que consideramos humano.

El 80% de los encuestados se muestra de acuerdo con exigir que existan personas atendiendo en ciertos servicios de atención al cliente, aunque el 56% prevé que en 20 años la mayoría de los servicios serán atendidos por robots. La distopía ya llegó y ni la sociedad ni el Estado parecen estar preparados para enfrentarlo.