Salud
El primer protocolo obligaba a toda persona que tenga VIH y quiera vacunarse a exhibir un documento para demostrar su estado de salud. Luego de los alegatos de los activistas, esta indicación se eliminó. A pesar de lo anterior, esto no se llevó a la práctica. Por su parte, el ministro de Salud, Enrique Paris, en conversación con Mesa Central, afirmó no tener conocimiento de este requerimiento, pero apoyó la idea de respetar el derecho de resguardo de la intimidad.
El miércoles pasado, el activista por los derechos de las personas que son VIH positivo, Víctor Hugo Robles, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del protocolo del Ministerio de Salud que exigía “un certificado médico que acredite el diagnóstico GES 18, conocido públicamente como VIH/SIDA” para acceder a la inoculación.
Para muchas personas, esta situación vulneraba el derecho de confidencialidad y era una indicación discriminatoria. Es por eso, que el actual documento se modificó resguardando la confidencialidad del paciente. No obstante, esto aún no se lleva totalmente a la práctica.
“Esta denuncia no solo demuestra la falta de empatía e interés de las políticas públicas de integrar el VIH como una preocupación nacional, sino que viene a ser una constante del Gobierno de Chile. Nunca fueron integradas las demandas y preocupaciones de personas con VIH”, afirmó el activista.
En esta línea, Víctor Hugo Robles enfatizó que desde que apareció el primer caso de COVID-19, ellos empezaron a pedir información sobre su situación, cómo debían enfrentar la pandemia y sus dificultades en término de salud, sin embargo, aseveró que nunca han recibido información directa de parte del Ministerio de Salud.
Con respecto al recurso de protección señaló que su propósito es reestablecer la normativa y denunciar la vulneración del derecho de la ley que protege la confidencialidad del diagnóstico. “Yo como una persona que vive con VIH me siento afectado en mi integridad física y psicológica. El objetivo de este recurso es presionar al Ministerio de Salud”, recalcó.
A pesar de que la inoculación para enfermos crónicos comienza el 22 de febrero, Javier Núñez, quien está en tratamiento de VIH, fue a vacunarse este lunes a un Centro de Salud Familiar en Peñalolén por ser parte del área de la salud. No obstante, no lo pudo hacer.
Tras presentarse en el recinto, le hicieron las preguntas correspondientes antes de inyectar la dosis y tras decir su estado le pidieron un certificado de su infectólogo acreditando que esté habilitado para ser vacunado. Luego, tras una conversación, el personal le indicó que puede ser cualquier examen de carga viral para ser vacunado. “Evidentemente este protocolo que se inició para las personas viviendo con VIH no está claro para los profesionales que están realizando la campaña de vacunación”.
Esta situación se enmarca en que el actual documento indica que “las personas con VIH candidatas a recibir la vacuna es preferible que estén en antirretroviral”. Incluso, el protocolo ministerial sugiere que los que no cumplan con los requisitos establecidos consulten a un equipo de atención para evaluar su condición.
Esta recomendación, según explicó Víctor Hugo Robles, confunde al personal de salud y hace que exijan documentos que no deberían. “En el instructivo, en ninguna parte señala que el estado debe ser demostrada a través de un certificado médico, pero los servicios públicos están aplicando mal la política pública. Lo que lo que dijo ayer el ministro de Salud no tiene ninguna validez porque se está aplicando otro criterio”, argumentó.
Michael Diaz, director ejecutivo de la Fundación SIDA Maule, enfatizó en que las organizaciones llevan años trabajando en la creación de una política pública, sin embargo, el Ministerio de Salud no las ha considerado. “Respecto a la vacunación contra el Covid-19 no sólo estaba en juego la confidencialidad de los diagnósticos sino también una serie de garantías establecidas en la Ley de Derechos y Deberes del Paciente”, indicó.
Además, agregó que esta acción constitucional no es un hecho aislado, ya que “en Chile estas situaciones pasan con regularidad porque existe una obstinación del programa VIH en hacer las cosas entre cuatro paredes, con un desconocimiento de la realidad (…) No existe voluntad para avanzar en una política pública del VIH. El Covid nos ha demostrado la fragilidad del sistema y la vulneración de derechos”.
Actualmente, tras la presión de las organizaciones, el programa nacional de control y prevención del VIH decidió eliminar la exigencia de un certificado médico para acceder a la vacuna. No obstante, lo que más preocupa, según Robles, es que esta información baje a los centros de inoculación y que exista un documento que oficie esa información para que se aplique efectivamente el próximo 22 de febrero.
