Sustentabilidad
Estudio analizó la relación entre agua y constitución de 92 países del mundo, lo que confirma “que Chile es el único que asegura la propiedad del agua en su Carta Fundamental”.
Chile es el único país, entre 92 naciones, cuya Constitución consagra explícitamente la propiedad privada de derechos de agua. Esa es la principal conclusión del estudio realizado por el Centro de Derecho y Gestión del Agua de la Universidad Católica (UC) -que reúne a siete facultades- en que se analizó las cartas fundamentales de países de tres continentes.
La coordinadora de campañas de Greenpeace, Estefanía González, afirmó que el estudio “refuerza que asegurar la propiedad privada del agua en la Constitución es una aberración que debemos frenar ya”.
Y agregó que “es momento de modificar de fondo el modelo del agua, considerarla un bien común y garantizar a escala constitucional, no la propiedad privada sobre ella, sino su acceso como derecho para personas y naturaleza”.
González afirmó que “en un contexto donde se han entregado -en promedio- tres veces más derechos de agua que la realmente disponible, y más del 50% de ella ni siquiera está catastrada, es urgente modificar todo esto en la nueva Constitución”.
Lo anterior es respaldado según una encuesta realizada por Greenpeace y la consultora internacional Offerwise en enero de este año, donde 89% de quienes contestaron manifestaron que el acceso al agua debe ser prioridad en la futura Carta Fundamental.
Por ello la coordinadora de campañas de la organización afirmó que “es urgente que las candidaturas a constituyentes manifiesten de manera clara su posición respecto al agua y sinceren si estarán dispuestos a consagrarla como derecho para las personas y proteger sus funciones ecosistémicas”.
Greenpeace presentó la plataforma www.yovotosueltaelagua.cl, que reúne a las más de 1.300 candidaturas a la Convención Constituyente y permite a la ciudadanía solicitarles el compromiso de asegurar que el agua sea considerado un derecho humano y un elemento vital para los ecosistemas en la redacción de la nueva Constitución.
