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El abogado Ramón Mayorga y candidato a doctor en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional, valora la iniciativa planteada por el gobernador Jorge Flies en el marco del plan de Cancillería, pues apunta a “colaborar en una gestión descentralizada de los asuntos humanitarios”.
Días dramáticos y convulsionados vive la sociedad afgana durante las últimas semanas luego de que los talibanes tomaran nuevamente el poder en el país de Asia del sur. Y es que ante el temor que la retirada de las tropas estadounidenses -como se anunció-, haga recrudecer el conflicto político que por décadas enfrenta su población, miles de familias se han aglomerado en el aeropuerto de Kabul para ser parte de las evacuaciones humanitarias que están teniendo lugar con el fin de salvaguardar vidas.
Este complejo escenario hizo reaccionar a gran parte de la comunidad internacional, entre ellos, al Estado Chileno, que anunció, a través de la Cancillería, la iniciativa de recibir a cerca de 300 refugiados provenientes de Afganistán vinculados con la comunidad de dicho país en Chile. Una acción de acogida de la que no sólo hizo eco el gobierno central, sino también el de la región más austral, con un plan para dar asilo a posibles refugiados, impulsado por el gobernador de Magallanes, Jorge Flies Añón.
Al respecto, el académico del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Magallanes, Ramón Mayorga Mc Donald, se refirió a la iniciativa de la nueva autoridad regional, planteando “se trata de una iniciativa valiosa y además respetuosa de la asignación de competencias que en materia de relaciones exteriores y aplicación de la normativa sectorial migratoria corresponden al Gobierno a nivel central”, lo que lo lleva a sostener que “como está planteado, me parece que Magallanes puede implementar un proyecto humanitario de estas características”.
¿Cómo evalúas el involucramiento de Chile en el tema humanitario con las y los refugiados de Afganistán en términos jurídicos y de derechos humanos?
Ninguna sociedad está libre de enfrentar, en algún momento de su historia, acontecimientos dramáticos que obliguen a desplazarse a causa de la naturaleza o el ser humano. Es por ello que la mayoría de los Estados han coincidido en la necesidad de ofrecer una protección especial a solicitantes de asilo y refugiados. Sin duda que la actitud proactiva de las autoridades nacionales y regionales es positiva. Es un involucramiento que sintoniza con la idea de ofrecer una solución sostenible y solidaria al fenómeno del refugio en el mundo, donde cada Estado y cada territorio puedan aportar un granito de arena a la hora de brindar protección a quienes enfrentan una situación tan dramática, y no sobrecargar solo a algunos países en esa tarea.
La iniciativa del Gobierno central, de acoger a cerca de 300 ciudadanos afganos es una política humanitaria que, a decir verdad, va más allá de lo abiertamente exigido por los compromisos internacionales adoptados por Chile en materia de protección de los derechos humanos. Estos compromisos, en el caso chileno, datan del año 1972, cuando se ratifica y entra en vigor la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, a la que se han ido sumando paulatinamente otros instrumentos como la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, y más recientemente el Pacto Mundial sobre los Refugiados.
¿En qué medida Magallanes está preparado para afrontar un plan de estas características?
En particular, respecto al Programa Humanitario de Acogida propuesto por la nueva máxima autoridad regional, me parece que se trata de una iniciativa valiosa y además respetuosa de la asignación de competencias que en materia de relaciones exteriores y aplicación de la normativa sectorial migratoria corresponden al Gobierno a nivel central. En los términos planteados por el Programa, me parece que Magallanes puede implementar un proyecto humanitario de estas características, pensando en que se trata de una iniciativa ajustada a la escala de la región, con un pequeño número de familias que, además, tienen en muchos casos vínculos familiares con residentes en Chile.
Magallanes es una región que en definitiva se ha forjado a partir de la diversidad, de una multiplicidad de orígenes nacionales y no sería la primera vez que se integran a nuestra sociedad ciudadanos de naciones lejanas y diversas culturalmente. La integración de dichas comunidades, que eventualmente pasen a formar parte de nuestra sociedad, debe producirse en términos bidireccionales: los nuevos miembros deben procurar adaptarse a ciertos aspectos de nuestra realidad social (como el dominio del idioma, por ejemplo), y de la misma manera nosotros, como sociedad de acogida, debemos procurar acoger a estos nuevos miembros, valorando su diversidad y su aporte a la construcción de una vida en común.
Las medidas planteadas por el Gobierno Regional, a tu juicio ¿irían en la línea correcta? ¿Habría algo más que hacer al respecto?
Me parece valorable que el Gobierno Regional, en la nueva etapa iniciada tras la implementación de las reformas descentralizadoras, se involucre en iniciativas como esta, que en este caso además sintoniza con lo propuesto por el Gobierno a nivel central, a través de Cancillería. Pese a que la toma de decisiones en materia de políticas migratorias, y políticas de asilo y refugio corresponde al nivel central, creo que forma parte del nuevo paradigma de la descentralización y contribuye a un manejo equitativo territorialmente de situaciones como esta, el que los Gobiernos Regionales hagan uso de las facultades que la ley les ha asignado para colaborar en una gestión descentralizada de los asuntos humanitarios.
En este sentido me parece que el Programa apunta en la dirección correcta, e idealmente sería esperable que no solo nuestro Gobierno Regional en esta materia particular, sino que todos los demás adopten también medidas que contribuyan a potenciar la vigencia de los derechos humanos de cada habitante de los territorios regionales.
