Inclusión
Uno de los pilares de la autonomía es la independencia económica. En el caso de las personas con discapacidad, y pese a la Ley de Inclusión Laboral, existen aún múltiples desafíos, también relativos a la zona que se habite. En Copiapó, la falta de profesionales adecuados para la formación educativa es una de las barreras, por ese motivo desde El Mostrador, conversamos con la directora de un colegio especial de la capital atacameña.
A Patricia Suazo le suena el timbre de manera constante, golpean su puerta y le escriben por WhatsApp cada minuto. Se conectó un poco más tarde de lo acordado por lo mismo, incluso sentada parece que está en movimiento. Allí, frente al computador con una polera gris oscuro y los primeros rayos del sol nortino cayendo afuera de su oficina, mira su pared a menudo, donde están las fotos de su gran orgullo: los estudiantes.
En 2012, luego de haber vivido y trabajado de profesora de educación básica, su primera carrera, en su natal Temuco y en la isla Juan Fernández antes y después del tsunami, llegó a Copiapó con las lágrimas en el rostro. Es que el cambio de vida “es muy fuerte”, expresó, pasar del verde sureño a la sequía atacameña, o del disfrute de las lluvias a no poder tomar agua de la llave por su contaminación. Pero con los años se acostumbró y hoy disfruta la vuelta a clases, que calificó como “una bomba de fuego”: coordinar horarios, personal, tener el equipo completo y todo “lo necesario” para llevar a cabo un ciclo escolar presencial atípico.
Pero es feliz. Llegar a la escuela y recibir el “buenos días directora” o un simple “hola pati” de quienes tienen dificultades para pronunciar palabras más largas, dibuja una sonrisa en ella y toda la comunidad que construye Los Conejitos, una escuela que es parte de Coanil Chile, una fundación presente desde Arica hasta Castro que cuenta con 29 escuelas y otros servicios destinados a personas con discapacidad. Desde su oficina, contó lo difícil que es cumplir con las medidas sanitarias con alumnos “tan amorosos”, muchos de ellos que se reencuentran en abrazos y besos luego de casi dos años de encierro, por su situación de riesgo.
“Yo siempre pasaba por fuera del colegio y decía: aquí quiero trabajar”, expresó la profesional. Partió siendo reemplazante, después tomó más horas, estuvo dos años como profesora en el nivel laboral (destinado a estudiantes mayores de 16 años que lograron ciertos aprendizajes) y se quedó ahí: “durante mi ejercicio, descubrí que podía ser una herramienta útil para llevar a los estudiantes al mundo laboral” contó. Al tiempo, llegó un profesor de danza a pedirle trabajo, quería brindar talleres. “Algo me dijo que ese jovencito (llamado Paulo Cifuentes), podría ser una buena pieza para la escuela”. Él vivió el mismo proceso que ella, reveló Patricia, “se fue encantando, entonces lo formamos”. Hoy es el único educador diferencial varón del colegio, que comparte con las otras trabajadoras, todas psicopedagogas.
A menudo, durante la entrevista, Patricia mencionó a las psicopedagogas y por este motivo se le preguntó si había más educadores o educadoras diferenciales. “Aquí hay un déficit tremendo de educadores diferenciales, por eso trabajamos con psicopedagogas con autorización docente” destacó con el volumen más alto que en el resto de la conversación. Y agregó que no está la carrera en la región “ya que la educación superior está orientada por sobre todo al trabajo minero” razón por la cual desde institutos y universidades, forman técnicos en educación diferencial, psicopedagogía y personal para asistencia de aula.
El ejercicio de la docencia está reglamentado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 y 2, que fija el texto sistematizado de la Ley 19070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación; en la Ley 20.370 General de Educación art. 46 y la norma específica correspondiente al Decreto Supremo Nª352 (2003). En este engranaje legal, se específica quiénes pueden y no ser docentes en las aulas del país, y también quienes pueden habilitarse para ello en caso de ser necesario. Durante su segundo gobierno, la presidenta Michelle Bachelet impulsó una reforma educativa que incluyó múltiples modificaciones al sistema, cuestión que también reconfiguró las habilitaciones docentes.
En el caso de las psicopedagogas, nombradas en femenino porque son en su mayoría mujeres, quedaron inhabilitadas para ejercer la docencia en las aulas ya que, según la reforma, son formadas para trabajar con grupos pequeños, no cursos de varios alumnos. Por este motivo, destacó Suazo, las profesionales que trabajan en escuelas “van de apoyo al aula, se pide un permiso especial para que acompañen a educadoras diferenciales”. Es una habilitación docente que, “desde 2014, que asumí la dirección, pido este permiso y tengo que justificar que ese pedido es por la ausencia de educadores diferenciales en la región” destacó.
El protocolo a seguir cuando no existen profesionales habilitados a trabajar en las aulas, en este caso educadores diferenciales, es buscar un educador básico con mención en discapacidad u otra similar, y en el cuarto lugar están las psicopedagogas. “El problema es que ya no existen educadores con esa mención porque las universidades ya no la están dando”, señaló Patricia.
Entre ocho y quince alumnos tienen las salas de Los Conejitos Copiapó. En la actualidad, todas ellas son lideradas por psicopedagogas, que se encuentran en formación de educación diferencial. Esto porque, a pesar de los esfuerzos en buscar profesionales con este perfil, están fuera de la región y “no es fácil” tomar la decisión de irse a Copiapó.
De acuerdo al último censo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la capital de la Región de Atacama registró, hasta 2017, una población de 153.937 habitantes. La zona, caracterizada por la actividad minera, es además una de las cinco ciudades más caras de Chile, según el Índice de Costo de Vida para Ejecutivos (ICVE), elaborado por el Centro de Estudios de Economía y Negocios de Universidad del Desarrollo, y además del costo, y producto de la actividad económica de la zona, recursos como el agua, el aire y la tierra presentan altos índices de contaminación, situación que llevó a que en 2021 el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) oficiara al Ministerio de Medio Ambiente para que se declare “zona saturada de contaminación” a las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla.
Resaltó Suazo, que un arriendo “de un departamento no sale menos de 380 mil pesos y la calidad de vida no es la misma que en el sur donde, por ejemplo en la novena región, egresan todos los años educadores diferenciales. Nadie quiere venir y por eso antes de ofrecerles el trabajo, les cuento a qué se tienen que enfrentar acá. Y no son los únicos profesionales que faltan”. Para la trabajadora de la educación, no se trata de despreciar la zona, por la cual ya siente “cariño” sino de las implicancias que tiene vivir allí y trasladarse de sur a norte. Asimismo destacó que “también faltan terapeutas ocupaciones”, consecuencia también de la falta de formación de profesionales en la zona.
En una ocasión, Patricia vio a una profesora que “tenía una cosa especial”: cuando notaba que un alumno no aprendía ni lograba los aprendizajes que sus pares, se acercaba a él y buscaba la manera de explicarle de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. Esa imagen nunca se borró de su mente y fue su inspiración para especializarse en la educación para personas con discapacidad.
En este sentido, sostuvo que efectivamente “hay alumnos más rápidos y más lentos”, pero a veces los apoderados “los estancan” al hacerles todo en casa y con ello “dificultan su desarrollo”. En la escuela la gran meta es la inserción laboral efectiva, considerada el pilar de la autonomía. De no lograrlo, los estudiantes permanecerán allí máximo hasta sus 26 años, “y es muy triste”. La idea, manifestó Suazo, es que este hermano, “mal llamado hermanito, no sea como una planta más en la casa”. Y para eso “hay que partir empoderando a los papás para que entiendan que los hijos merecen la mejor atención para recibir las mejores herramientas para un futuro independiente”.
Una vez que los alumnos superan la enseñanza básica, pasan a los niveles laborales. En la escuela no se los educa para dar la PTU, sino para alcanzar una vida independiente e insertarse en una fuente de trabajo. Se trabaja con ellos y sus familias: “aprender a diseñar un curriculum, vestirse y prepararse para dar entrevistas, cómo cumplir con tareas, entre otros. También buscamos instancias laborales, como prácticas en distintos espacios”.
En sus primeros años como docente en el colegio, Patricia buscó la manera de insertar a los estudiantes en espacios laborales, primero en pasantías. Para eso, hizo dos cuestiones: por un lado desarrolló encuentros con diferentes referentes de oficios varios (peluqueros, garzones, peluqueros, entre otros) con el fin de mostrarles las distintas actividades, enseñarles a aprender instrucciones y hábitos de higiene, y por otro lado comenzó a “tocar puertas”.
La primera experiencia efectiva la tuvo un estudiante en una práctica en un reconocido supermercado: “lo primero fue capacitar a los trabajadores, allí me preguntaban qué pasa si llora porque lo tratan mal, ¿llamamos a la mamá? y yo les respondía que hagan lo mismo que harían si le pasara a cualquier otro trabajador. Nuestro estudiante salió súper bien evaluado y eso nos dio un impulso. Sí, se podía. Se puede”.
Así empezó la inserción en distintos espacios de la ciudad de Copiapó, sobre todo en empresas de retail. En una ocasión, recordó Patricia, durante una fiesta de fin de año, a la que fue invitada una de las alumnas que en ese momento era pasante en el casino, se paró en el escenario, pidió el micrófono y preguntó por su jefe. Desde ese lugar, la joven estudiante le dijo delante de todos: “quiero saber cuándo voy a firmar mi contrato”. Ese fue el inicio de la formalización de su situación, la joven trabajó como mucama y después se trasladó al área de lavandería, donde siempre quiso estar porque le encantó el uso de uniformes. “Esa es nuestra meta, el contrato” expresó Suazo.
Debido a la desigualdad estructural que existe en Chile respecto a accesos, entre ellos a lo laboral, en 2019 entró en vigencia la Ley de Inclusión Laboral con el objetivo de fijar cupos para personas con discapacidad en diversos espacios laborales. En este sentido, la directora de Los Conejitos, contó que no todas las experiencias han sido buenas: “un jefe de una empresa me dijo que no era niñera, que no iba a cuidar niños, tenemos distintas experiencias que contar”.
“Una de las últimas experiencias que tuvimos, previa al estallido social y la pandemia, fue en un parque del recuerdo. Estuvieron cuatro estudiantes trabajando en el parque del recuerdo, lo pasaron muy bien sacando las flores, cortando el pasto, los trabajadores los acogieron súper bien. Nosotros teníamos miedo de su reacción al estar cerca de la muerte, pero lo tenían muy naturalizado y todo se dio natural”.
Otros de los actores protagonistas de la inserción laboral de los jóvenes con discapacidad son los padres. En principio tuvieron distintas reacciones, contó Suazo, “hubo padres que preguntaban quién los llevaba, si la escuela se hacía cargo o si no accedían, otros que rápidamente se entusiasmaron y reorganizaron todo para que sus hijos tuvieran la oportunidad de ir a sus prácticas”. Pero con el tiempo, cuando se empezó a evidenciar inserción efectiva, “que los alumnos se compraban su propio celular y mandaban WhatsApp a sus amigos contándoles que estaban bien”, las apoderadas preguntaron “para cuándo sus hijos, y a exigir ciertos lugares y tipos de trabajo”. De esta manera, el equipo de trabajo de Los Conejitos empezó a armar sus redes de contacto en las empresas, y desarrollar un plan de descubrimiento y potenciación de las habilidades de sus alumnos.
“Esta semana nos reunimos con miembros de la oficina de discapacidad de la municipalidad, pero estaban en la misma situación de nosotros, esperando ver el avance del mes de marzo para ver hacia qué empresas nos vamos a dirigir este año para pedir vacantes” refirió Suazo y agregó que saben que las habilidades de las personas con discapacidad “no están sólo en el retail, por eso necesitamos, por un lado, traer y formar profesionales adecuados para la zona y así formar de manera integral a nuestros estudiantes, y por otro, llegar a nuevos espacios”.
Hay mamás que pensaron que sus hijos nunca iban a hablar. Y gracias al trabajo conjunto, de estudiantes, comunidad educativa y apoderados, sus hijos hoy no sólo hablan, sino que también cantan, actúan, tienen amigos, redes sociales, y también trabajan. Hay empresas de distinta índole que, quizá por miedo o desconocimiento, prefieren pagar una multa en lugar de contratar personas con discapacidad. Entre ellas, suelen estar las empresas mineras.
“Para mí, el mayor desafío que tenemos es conseguir vacantes en una minera, porque es la que tiene mayor campo en la zona. Yo les quiero demostrar que no sólo es posible sino que es necesario”, concluyó.
