América Latina ante la fragilidad multilateral: integración o irrelevancia

Existe una imagen que resulta difícil de desechar. Una ola grande, de esas que revuelcan en el mar: llega, derriba, uno logra ponerse de pie. Pero el agua que antes llegaba a la rodilla ahora llega al pecho. La ola puede retirarse; el nivel del mar no vuelve al punto anterior.

Eso es lo que está ocurriendo con el multilateralismo. No estamos ante una tormenta pasajera, sino ante un cambio de nivel. Y América Latina, que lleva décadas intentando integrarse con más organismos que resultados, tiene hoy una ventana –estrecha, pero real– para hacer algo distinto.

Participé recientemente en el Foro Internacional de Integración organizado por CAF en Cartagena, en un panel sobre el futuro de los mecanismos de integración regional. Escuché diagnósticos certeros, propuestas interesantes, y también la frustración acumulada de quienes llevan años empujando una piedra cuesta arriba. Lo que sigue es mi propia lectura, con la franqueza que permite haber dejado el Senado hace apenas dos meses.

América Latina es el continente que más organismos de integración ha creado y el que menos se ha integrado. No necesitamos uno nuevo.

El primer obstáculo es conocido, pero raramente enunciado con claridad: cualquier acuerdo de integración real exige ceder soberanía. No es un defecto del proceso; es su condición de posibilidad. Sin un marco institucional con capacidad coercitiva –con mecanismos para dirimir diferencias que no dependan de la voluntad política de turno– no hay integración, hay fotografía. Los conflictos entre países son inevitables, igual que en cualquier comunidad organizada. Lo que importa es si existe un árbitro legítimo o si cada diferencia debe resolverse en una cumbre presidencial.

El segundo obstáculo es más insidioso: la captura ideológica. Se ha desarrollado el hábito de subordinar la integración a la afinidad política entre gobiernos. Cuando surgen desencuentros en ciertas áreas, se paraliza todo lo demás. Si ese hubiera sido el criterio en Europa, no habría habido integración europea. Fueron precisamente los países más grandes –los que más tenían que ceder en términos de soberanía– los que decidieron liderar el proceso, aceptar votos ponderados para los más pequeños y sostener el avance más allá de las diferencias coyunturales. Esa voluntad fue lo que hizo posible la Comunidad Europea. Y partió, conviene recordarlo, con algo tan modesto como el acero y el carbón.

Lo anterior es relevante porque la receta para avanzar hoy en América Latina es exactamente esa: construir sobre lo que ya existe y funciona, sin necesidad de grandes acuerdos políticos previos.

El comercio intrarregional representa el 14% del total, y más de la mitad corresponde a manufacturas, algunas de alto valor tecnológico. Ese es el activo sobre el que construir.

El comercio entre países latinoamericanos descendió del 20% al 14% del total en la última década, lo cual es una señal preocupante. Pero hay un dato alentador: más de la mitad de ese intercambio corresponde a manufacturas, algunas con componente tecnológico significativo. No se trata solo de materias primas. Y existe una red densa de acuerdos comerciales vigentes –con la Unión Europea, con el bloque del TPP– que incluyen reglas de origen que con frecuencia no se aprovechan en su totalidad.

La acumulación de origen es un mecanismo técnico que permite que insumos provenientes de distintos países de una misma red de acuerdos se combinen para cumplir los requisitos de origen de un producto exportado. En términos concretos: si se aprovecharan plenamente las reglas ya contenidas en los acuerdos vigentes con Europa, sería posible ampliar el comercio manufacturero intrarregional sin necesidad de nuevas negociaciones políticas. Sin necesidad de una cumbre. Sin necesidad de un organismo nuevo.

Aquí es donde instituciones como CAF tienen un rol insustituible. No como creadoras de nuevas arquitecturas institucionales, sino como generadoras de conocimiento aplicado: mapear qué se exporta entre los países de la región, identificar dónde están las oportunidades de acumulación de origen, y llevar esa información a donde puede generar tracción real, es decir, al sector privado.

La experiencia en funciones ejecutivas y legislativas enseña con claridad lo que puede movilizar un sector privado organizado cuando se le presenta una oportunidad concreta. Eso tiene mayor capacidad de impulsar a los gobiernos a actuar que cualquier declaración presidencial.

Una institucionalidad regional más robusta, con mandato claro y atribuciones para ejercerlo, no tiene como único propósito ordenar el comercio intrarregional. Su valor estratégico más profundo es otro: permitir que América Latina se proyecte hacia afuera con una voz más unificada y se constituya en un interlocutor de mayor peso en el escenario global. No se trata de esperar un aumento explosivo del comercio entre nuestros países –ese no es el único ni el principal argumento–. Se trata de que reglas claras y compartidas nos den la capacidad de negociar colectivamente, de hacer valer posiciones comunes, de dejar de llegar solos a cada mesa.

Esa responsabilidad es de todos, pero no es igual para todos. Los países de mayor peso en la región tienen una obligación especial: la de liderar el proceso, asumir los costos que implica y generar las condiciones para que otros puedan sumarse. Europa lo demostró. Cuando los países más grandes decidieron comprometerse de verdad, el proyecto avanzó. Mientras esperemos que ese liderazgo emerja espontáneamente, seguiremos acumulando organismos y postergando la integración.

Y hay que decirlo con claridad: si los países de mayor peso asumen ese rol –poniendo recursos, voluntad política y capacidad negociadora sobre la mesa–, eso los coloca naturalmente en una posición de liderazgo regional. Un liderazgo que el resto de América Latina debe estar dispuesto a reconocer y aceptar como legítimo. No es una concesión; es la consecuencia lógica de quien más aporta al proyecto común. La integración real requiere ese pacto implícito entre grandes y pequeños.

Todo esto ocurre, además, en un momento en que la elección de socios estratégicos tiene consecuencias que van más allá de lo comercial. Con Europa se comparte algo que no es menor: el compromiso con la preservación de la democracia, los derechos humanos, la libertad individual y el Estado de derecho. Frente a otras potencias con agendas distintas, esa coincidencia de valores constituye un sustrato natural que no debería subestimarse.

La integración latinoamericana no es solo un proyecto económico. Es también, en este contexto, un proyecto de resguardo democrático. Construirla bien –con instituciones sólidas, con mecanismos que funcionen, con comercio real entre nuestras empresas– es la respuesta más efectiva ante una ola que ya nos llegó al pecho.