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El “Registro de Vándalos” con el que Kast busca asfixiar socialmente a infractores
La nueva ofensiva de La Moneda busca quitar beneficios como la Gratuidad y la PGU a quienes integren este polémico registro —que también busca sancionar “incivilidades” como rayados o beber en la calle—. El Mandatario adelantó que en los próximos días ingresará el proyecto de ley al Congreso.
En su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast dejó en claro que su estrategia de seguridad no solo apunta a los grandes cárteles, sino que busca instalar un férreo control conductual a nivel vecinal. Para materializar esta visión, el Mandatario anunció la creación del Registro Único de Vándalos e Incivilidades (RUV), una herramienta que promete convertirse en uno de los flancos más polémicos de su administración al condicionar derechos sociales fundamentales al buen comportamiento cívico.
El diagnóstico presidencial parte de una premisa expansiva del control estatal. Durante su alocución, Kast argumentó que “no basta con combatir el crimen organizado y la delincuencia, sino también, proteger a nuestros vecinos de aquellas conductas que van horadando nuestros barrios, que dañan nuestro patrimonio histórico y cultural, que alteran la tranquilidad de las familias y deterioran la infraestructura pública”. Bajo esta justificación, adelantó que en los próximos días ingresará el proyecto de ley que dará vida al registro.
Por un lado, el Presidente detalló que el registro incluirá a quienes cometan “delitos como atentar contra carabineros, el personal de los servicios de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes, el daño a monumentos nacionales”. Pero, en una misma línea punitiva, el RUV extenderá sus tentáculos hacia conductas que, como reconoció el propio Kast, “no son constitutivas de delito, pero las tipificaremos como incivilidades, tales como la venta ilegal de alcohol, el consumo de drogas en la vía pública, los rayados sin autorización a la propiedad pública y privada, o la destrucción de equipamiento comunitario”.
El castigo diseñado por el Ejecutivo para ambos grupos no es la cárcel, sino la asfixia estatal: “quienes cometan algunas de estas conductas, perderán beneficios sociales como la gratuidad en la educación, la pensión garantizada universal, o el subsidio de arriendo”. El Mandatario señaló que la pérdida de beneficios operará “en menor grado” para las incivilidades.
Una “sanción moral” tercerizada a los municipios
La arquitectura de esta política —que sigue la matriz de castigo civil del Registro de Inhabilidades para ofensores sexuales o el de Deudores de Pensión de Alimentos— buscará apalancarse en la burocracia municipal.
Como ya había adelantado la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, el objetivo del Gobierno es radicar este control en los Juzgados de Policía Local. La autoridad sinceró en La Tercera que el fin último del registro es propinar una sanción moral y administrativa, argumentando que “no es la idea meter presa a la gente”.
El Ejecutivo no parte desde cero. El laboratorio de esta política ya fue testeado en la comuna de Independencia. Un mes antes del cambio de mando, la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, validó con su presencia el plan “Cero Incivilidades” del alcalde Agustín Iglesias (Independiente, electo en cupo UDI), un piloto que ya contemplaba quitar beneficios municipales a quienes orinaran en la calle o bebieran en la vía pública.
