Opinión
Tiempos Violentos fue la traducción al español de Pulp Fiction, película de Quentin Tarantino que da cuenta de lo que podría ocurrir (o destapar lo que realmente ocurre) en términos de violencia cotidiana.
Los eventos de las últimas semanas han hipotetizado en abundancia sobre lo que ha ocurrido con el retorno a clases, tanto en la educación primaria, secundaria y superior.
En el caso de lo que ocurre en las unidades educativas de toda índole, sean estas escuelas, liceos o universidades, se responsabiliza a la pandemia y sus efectos colaterales -en los aspectos socioemocionales en ambientes y contextos de enseñanza-aprendizaje telemáticos- como el principal gatillador de los eventos que se han visto con el retorno a la presencialidad.
Emerge así una catarsis mal contenida y poco dimensionada por las autoridades, pues no ha existido una transición y condiciones pertinentes entre dos escenarios diametralmente opuestos en términos socioeducativos, donde gran parte del estudiantado no ha compartido ni vivido in situ lo que conlleva la experiencia en aula y otras instancias del ámbito escolar y universitario.
Ahora bien, en términos concretos y utilizando datos públicos de la Superintendencia de Educación, para el ámbito escolar, dentro de las más de 20 categorías de denuncias que se reciben en esa entidad (www.supereduc.cl), antes de la pandemia, vale decir, el año 2019, de un total de más de 12 mil denuncias ingresadas, las materias que encabezaron el listado fueron: maltrato a estudiantes (48%), seguido de lejos por el no cumplimento de la normativa en términos de infraestructura (7%), y luego por medidas disciplinares (6%).
Para el año 2020, en plena pandemia, las estadísticas muestran que la mayor cantidad de denuncias fueron para las siguientes categorías, dentro de un total de 3.379 recepcionadas, que conlleva una baja ostensible en contraste con el año anterior: sigue en primer lugar el maltrato a estudiantes (17%), en segundo lugar, la vulneración de derechos constitucionales (14%, categoría creada en el 4to trimestre de 2019), y en tercera posición, aquellas denuncias referidas a proceso de admisión (9%).
En cuanto a lo sistematizado para el año recién pasado, faltando datos del 4to trimestre, del total de 2.693 denuncias recibidas, lideran aquellas referidas a la atención de estudiantes durante la emergencia sanitaria (26%, categoría creada el 1er semestre de 2021), seguida por el maltrato a estudiantes (12%), y la vulneración de derechos constitucionales (6%).
Como puede observarse, la situación de los últimos años ha sido dinámica y compleja, aunque pareciera que las autoridades no sopesaron esto debidamente, en particular lo que afectaba a los estudiantes y su maltrato, así como las condiciones contextuales en las que se desempeñan docentes y directivos escolares. Pues, además, los datos generales de la Superintendencia de Educación también muestran diferencias ya sea por región, dependencia administrativa, nivel educacional y género del afectado, pormenorizando una situación que a todas luces podría abordarse de mejor manera.
A su vez, esto es posible complementarlo con evidencia que se ha sido recolectada últimamente por diversas entidades, como la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), a través de un sondeo a padres, madres y apoderados.
Así, es fundamental el desarrollo de acciones y políticas concretas que consideren la voz de los actores socioeducativos, expresadas, por ejemplo, en las denuncias centralizadas por la Superintendencia de Educación del país, por lo que el recientemente creado Consejo Asesor para la Convivencia y la No Violencia, así como la “Estrategia de Bienestar y Convivencia” para el sistema escolar anunciado por el Ministerio de Educación, deberían de igual manera ser considerados dentro de las posibles soluciones.
