Opinión
Hoy, 21 de marzo, se conmemora el Día Internacional de las personas con síndrome de Down, condición que se presenta en 1 de cada 500 recién nacidos en Chile, con el fin de concientizar sobre sus capacidades y derechos.
Es un avance y celebramos la implementación de leyes en torno a la discapacidad.
Por ejemplo, la 21.275 para que las empresas tengan un gestor o gestora de inclusión, o la Ley TEA , la cual beneficiará a muchas personas y familias.
Sin embargo, aún es preocupante la ausencia de una política de Estado bajo el principio de accesibilidad universal y de inclusión, en el desarrollo y ejecución de las políticas públicas impulsadas.
Por el contrario, aún se aprecia la inclusión de personas con discapacidad como un esfuerzo fragmentado de buenas intenciones, pero alejado de diagnósticos certeros respecto a las reales carencias y necesidades de esta población.
Por esto, son las organizaciones sociales quienes tienen un rol fundamental, debido a su conocimiento técnico y la capacidad de aportar diagnósticos, propuestas y una herramienta fundamental de evaluación, que es estar en terreno y conocer lo que funciona. Este vínculo entre Estado y sociedad civil es vital para la democracia y el desarrollo en pro de los compromisos que tenemos
con más del 17% de la población con discapacidad.
Hacemos un llamado a una real inclusión, una que considere a todo ciudadano parte de esta sociedad. No se trata de leyes especiales, sino que, lo que es para todos y todas, efectivamente lo sea.
