Las palabras importan

El reciente intercambio entre dos senadoras mostró lo peor de la política: descalificaciones personales en lugar de argumentos. Pero lo más grave no fue el insulto de “vieja de feria”, sino la afirmación de que una colega obtuvo su escaño por “dar pena” debido a su discapacidad visual.

Con esas palabras, la senadora Flores no solo ofendió a la senadora Campillai: insultó a todo un colectivo de más de dos millones de personas con discapacidad en Chile. Sugerir que la discapacidad abre puertas por compasión y no por mérito es falso e injusto. Reduce años de esfuerzo y talento a un gesto de condescendencia. Si los cargos se obtuvieran por lástima, las cifras de inclusión laboral serían muy distintas de las que conocemos.

La realidad es otra: las personas con discapacidad siguen enfrentando barreras que limitan su participación en igualdad de condiciones. Ciudades que no han sido diseñadas para la diversidad, prejuicios persistentes en el mundo laboral y educativo, e incluso dificultades para acceder a derechos tan básicos como la justicia. Esta misma semana lo vimos en el Poder Judicial, que enfrentó enormes obstáculos para llevar adelante un juicio en el que tanto las víctimas como el imputado eran personas sordas.

Por eso las palabras importan. Cuando una senadora valida la idea de la lástima, no contribuye a construir una sociedad sin prejuicios: los profundiza desde la rabia y la ignorancia. No se trata solo de una disputa política; se instala y legitima un estereotipo que daña a toda una comunidad y erosiona la convicción de que la inclusión no es caridad, sino un derecho. Cada vez que se pone en duda el mérito de una persona por su discapacidad, se perpetúa la idea de que algunas vidas valen menos.

Chile ha avanzado en inclusión. La Ley de Inclusión Laboral, políticas públicas y el compromiso de muchas empresas han abierto oportunidades que antes parecían impensadas. Pero esos avances siguen siendo insuficientes. La participación laboral de las personas con discapacidad continúa muy por debajo del promedio nacional, persisten barreras físicas y culturales, y aún existe la noción de que la inclusión es un gesto de buena voluntad y no un derecho.

Una sociedad verdaderamente inclusiva no se construye desde la compasión, sino desde el reconocimiento del mérito, la igualdad de oportunidades y la convicción de que todas las personas tienen derecho a aportar, participar y desarrollarse plenamente. Quienes ejercen liderazgos públicos tienen la responsabilidad de derribar prejuicios, no de reforzarlos. Porque la inclusión no se gana por lástima: se conquista con mérito.