Chile bajo la presión del “Escudo de las Américas”

¡Hola a todos! antes de entrar al análisis de la coyuntura política semanal, hay algo en materia internacional que nos obliga a hacer una breve parada: el discurso en Panamá del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, proponiendo a 19 países de Latinoamérica realizar operaciones militares conjuntas, aumentar el presupuesto en defensa y salirse de la Corte Penal Internacional. Además de despotricar contra “ideologías fallidas” y medios de comunicación de izquierda.

• La señal de Estados Unidos fue clara y sin rodeos: recuperar la supremacía hemisférica y convertirse en el “nuevo sheriff de la ciudad”, como dijo el propio Hegseth. Una propuesta que obliga a todos los países convocados a preguntarse hasta dónde están dispuestos a llegar, en una relación asimétrica donde –hasta ahora– un solo interlocutor ha rayado la cancha.

La disyuntiva no es menor. José Antonio Kast es parte del ecosistema diseñado por Washington y hasta participó en la foto oficial de la Cumbre de las Américas antes de asumir como Presidente electo, cuando fue desplazado de la primera fila y relegado a los márgenes. Una postal de compromiso político que hoy obliga a tomar determinaciones concretas.

La dificultad para La Moneda es que el paquete viene acompañado de otra presión mucho más tangible: los aranceles. Estados Unidos confirmó para Chile una sobretasa de 12,5% sobre parte de sus exportaciones, pese a la existencia de un tratado de libre comercio y a la cercanía política que se suponía debía facilitar la relación. La realidad, en cambio, dice lo contrario.

• El ministro de Defensa, Fernando Barros, lentamente ha intentado poner límites. Sobre los aranceles dijo que eran injustos y respecto a los últimos dichos del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, respondió que “no somos el patio trasero de nadie”, una frase que funciona muy bien para la política interna, de manual, pero que en el actual plano ideológico de la geopolítica global, el mero hecho de estar en la foto oficial, dice otra cosa.

Es por ello que la respuesta de Barros resume muy bien una paradoja que el Gobierno todavía no termina de resolver. Chile puede sentirse particularmente cercano a Estados Unidos en términos políticos y estratégicos pero, al mismo tiempo, debe sopesar el alcance de su cercanía más allá de las decisiones económicas tomadas en Washington.

En este punto, la advertencia de Karen Meier, exjefa de la División de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa, resulta de toda lógica. Preservar “márgenes de autonomía y capacidad de decisión” es una receta simple de formular y difícil de ejecutar.

La pregunta, entonces, es cuánto podrá resistir el Presidente José Antonio Kast la presión de Estados Unidos, considerando que el Escudo de las Américas, más que un pacto militar contra el crimen, es fundamentalmente una coalición ideológica. La ausencia de Brasil y México constituye una prueba contundente de ello.

Mientras tanto, hay un factor crucial en el horizonte que bien podría cambiar el panorama y convertir el paso del tiempo en un aliado: las elecciones parlamentarias —o de medio término— de noviembre en Estados Unidos. No será lo mismo que Trump y los republicanos mantengan el control de ambas cámaras a que los demócratas logren derrotarlos en las urnas. En este último caso, el nuevo equilibrio de poder podría reconfigurar por completo el escenario global.

Complementando esta mirada hemisférica, esta edición de +Política trae, además, dos temas ad-hoc: una mirada geopolítica sobre la recomposición de la hegemonía en la región, con Washington a la cabeza, y un repaso a la Doctrina de Seguridad de Estados Unidos en los años ‘60, con su teoría del enemigo interno y el adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas para atacar la insubordinación de los grupos revolucionarios en América Latina. ¿El mito del eterno retorno?

• Además de los vaivenes del concierto internacional, es conveniente revisar los coletazos de la megarreforma.Mientras Claudio Alvarado advertía los costos políticos de llevar el cobro de reposición de servicios al TC, Jorge Quiroz optaba por clavar una bandera en el mismo frente. El resultado: un gobierno que celebra una ley mientras sus propios ministros se sacan los ojos.

Así como hay proyectos que van de salida, otros vienen en camino. Es el caso de la reforma constitucional de seguridad, que todavía no llega al Congreso y ya tiene problemas. El borrador que restringe prestaciones estatales a condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico provocó el cruce entre Mai Chomali y Martín Arrau, además de reparos en Chile Vamos y el rechazo de Matías Walker. El Partido Republicano, en cambio, pide dejar los “buenismos” afuera. Y eso que esto recién comienza.

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Quiroz abre fisura en comité político

Algunos dicen que fue en el Comité Político. Otros, que en una reunión con cercanos de RN y la UDI. Pero el lunes 10 de agosto pasado el biministro del Interior y portavoz de Gobierno, Claudio Alvarado, a puerta cerrada, defendió que cobrar por la restitución de servicios básicos en plena emergencia o reponer ese acápite en la megareforma era un yerro, ya sea con veto presidencial o recurriendo al TC.

• Quiroz, sin embargo, tenía una visión distinta: la cosa iba mejorando. Así que había que comenzar la tramitación de su segunda megarreforma: el mercado de capitales. Ahí se enredaron las cosas. El martes 11 de agosto, el biministro Claudio Alvarado enfrentó los micrófonos de la prensa en el Congreso y admitió públicamente que desconocía que el Ejecutivo había acudido al Tribunal Constitucional (TC).

Su reacción dejó una marca de disconformidad simbólica en el debate público: con ironía ante las cámaras, comentó que al parecer sus pares ministeriales no tenían su número, lo que provocó que su contacto telefónico se viralizara rápidamente en diversos grupos de WhatsApp.

• Detrás del bochorno se ocultaba una maniobra ejecutada pocos días antes cuando los ministerios de Hacienda (Jorge Quiroz) y de la Secretaría General de la Presidencia (José García Ruminot), entre otros, firmaron el requerimiento ante el TC, contando con el acuerdo final del propio Presidente de la República.

Esa misma noche, una llamada telefónica directa entre Quiroz y Alvarado rompió el hielo formal; el biministro del Interior fue tajante al advertirle al de Hacienda que “así no se puede seguir” y que era indispensable establecer una comunicación real dentro del gabinete.

• La respuesta inicial de Quiroz —quien catalogó públicamente la omisión como un simple “problema de comunicación”— no logró contener el revuelo político, especialmente tras revelarse que en la interna reaccionó señalando que “no es mi responsabilidad estarme haciendo cargo de informar a cada una de las personas”.

La divergencia estalló por un artículo específico de la ley de reconstrucción nacional —originado por una indicación de la diputada comunista Sofía González— que obligaba a las empresas de servicios básicos (luz, gas y agua) a reponer de forma gratuita el suministro a deudores morosos en zonas declaradas bajo catástrofe.

• En el comité político del lunes 3 de agosto, Alvarado defendió firmemente que no se debía acudir al TC porque perderían la impugnación. Su argumento era que como el proyecto se había presentado como una “ley miscelánea” u ómnibus, el Ejecutivo no tendría piso técnico para sostener que dicha reposición vulneraba la “idea matriz” del proyecto.

La postura de Alvarado incomodó a los equipos de Hacienda. La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), liderada por Susana Jiménez, argumentó en columnas que el artículo instalaba una “brutal señal” de incertidumbre jurídica. Quiroz, fuertemente alineado con esta visión y empeñado en sentar un precedente constitucional de largo plazo para evitar que futuros congresos vulneraran el derecho de propiedad en mercados regulados, prefirió forzar la vía del TC.

• En los equipos políticos de Interior y la Segpres ya existía molestia acumulada por la conducción del jefe de Hacienda, a quien le recriminaban que su menor experiencia política exponía al Gobierno a costos altos, recordando un fallido acuerdo previo con el PPD que se desplomó exclusivamente por un error de redacción de su cartera.

La molestia escaló al punto de que sectores de la oposición comenzaron a catalogarlo como un “interlocutor no válido”. La lección en este sentido fue clara: cuando uno de sus pares se salta al jefe de gabinete directamente con la firma presidencial, es el Ministerio del Interior el que queda fuertemente golpeado frente a la oposición y su propia base.

• “Y en lugar de celebrar la aprobación en tiempo récord de una compleja ley de reconstrucción, la noticia es su propia desunión y las heridas autoinfligidas.Lo peor es que, al ser un defecto derivado del diseño estratégico original de Kast, esta parálisis no tiene arreglo. Es un costo hundido e irreversible que se repetirá factura tras factura. Y Quiroz sigue siendo el rey”, dice una fuente conocedora de la derecha.

Chile bajo presión: lo que está en juego tras el “Escudo de las Américas”

Estados Unidos ya no ofrece solo cooperación antidrogas. Quiere una coalición operativa con Washington llevando la batuta. En Panamá, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, pidió más gasto militar, operaciones conjuntas y que los miembros de Escudo de las Américas abandonen la Corte Penal Internacional (CPI).

Pero el problema va bastante más allá de las drogas. Hegseth reivindicó el “corolario Trump” a la Doctrina Monroe, habló de impedir la influencia “maligna” de China, Rusia e Irán y dijo que el Comando Sur debe llevar capacidades militares contra las amenazas del hemisferio.

• El 13 de agosto fue todavía más gráfico: sostuvo que Washington está dispuesto a aplicar contra los carteles las capacidades desarrolladas durante décadas para perseguir redes terroristas.

Gilberto Aranda, académico e investigador del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y doctor en Estudios Latinoamericanos, ve en estos hechos una confrontación cada vez más bipolar en la que Estados Unidos busca frenar a China presionando a los países que comercian con Beijing. Chile termina “en un punto intermedio”, casi como un “peón de ajedrez” en una partida mayor.

• Aranda pone además una alerta sobre la plata. Washington exige a los socios una inversión militar “sustancial” y advierte contra quienes pretendan beneficiarse de la seguridad sin aumentar sus propios recursos. “Una carrera armamentista en la región sería una distracción y un retroceso de décadas”, sostiene el académico.

El cientista político, exembajador y exsubsecretario de Defensa Gabriel Gaspar aterriza el problema en las capacidades chilenas. “Desde hace algunos años, nuestras FF.AA. han sido sometidas a un proceso de restricción presupuestaria simultáneo al incremento de las misiones no militares”, señala. Y marca una diferencia central respecto de una alianza clásica: Escudo “no está basado en un Tratado y por tanto no ha pasado por la aprobación de nuestro Congreso”.

• Su lectura geopolítica tampoco pasa por una reedición automática del siglo XX. Habla de una “recomposición de hegemonía a escala global”, con Washington intentando bloquear la presencia china en áreas tecnológicas, de infraestructura y eventualmente militares. Y Chile no está solo en ese tironeo: Brasil, Perú, Bolivia y Argentina enfrentan, con distintos grados, el mismo problema.

La abogada y especialista en seguridad internacional Karen Meier, exjefa de la División de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa, coincide en bajar la temperatura del concepto. Para la también presidenta de WIIS Chile (Women in International Security), estamos frente a una “competencia estratégica e integral” entre una China que amplió su peso económico, tecnológico, político y militar y unos Estados Unidos empeñados en conservar su preeminencia.

• La diferencia no es menor. No hay dos bloques ideológicos cerrados como durante la Guerra Fría, dice Meier, sino una pelea por comercio, cadenas de suministro, inteligencia artificial, minerales críticos y activos estratégicos. Para Chile, su receta es simple de formular y difícil de ejecutar: preservar “márgenes de autonomía y capacidad de decisión”frente a ambas potencias.

Ahí aparece el famoso “jamón del sándwich”. Washington aprieta por un lado y Beijing responde por el otro. Para Aranda, EE.UU. está privilegiando sus propios intereses de seguridad y prosperidad; China, naturalmente, hace lo mismo. La salida, plantea, es evitar que Chile termine convertido en peón y ampliar sus márgenes mediante cooperación con Europa, Canadá y otros actores.

Hay además un componente político que vuelve más áspero el paquete. Hegseth no habló solamente de carteles. En Panamá atacó a la “izquierda internacional”, los medios de izquierda, el marxismo, el socialismo y el comunismo, y ligó esa ofensiva con su llamado a abandonar la CPI. Su discurso mezcló así seguridad hemisférica, política exterior y enemigos ideológicos de la administración Trump.

La abogada internacionalista y profesora de la Academia Diplomática Paz Zárate tiene una lectura de mayor intensidad. Para la experta la llamada “Doctrina Donroe” expresa una pretensión imperial de Estados Unidos sobre América Latina, visible tanto en el “Escudo de las Américas” —una alianza militar que subordinaría a sus integrantes a las prioridades y al mando estadounidense— como en las acusaciones comerciales contra Chile por sus vínculos con China.

Ante esta presión, la autora defiende que Chile preserve su soberanía y dignidad, mantenga una actitud cautelosa frente a la alianza y responda con coraje, inteligencia estratégica y buen asesoramiento, aun cuando resistirse a ocupar el papel de “patio trasero” pueda acarrear represalias.

El dilema, entonces, no es si Chile debe cooperar contra el narcotráfico. Es hasta dónde. Escudo no es hoy una OTAN americana, pero Washington ya quiere operaciones, recursos y compromisos mucho más concretos que una declaración diplomática.

Y mientras EE.UU. aprieta y China mira cada movimiento, La Moneda intenta hacer algo bastante más complejo que escoger un bando: cooperar sin entregar el volante.

La cautela oficialista ante la reforma de Arrau

La reforma constitucional en seguridad que prepara el Gobierno -y que aún no ingresa al Congreso- ya abrió una disputa política y jurídica dentro del oficialismo. El borrador, que continúa en proceso de socialización, contempla modificaciones que van más allá del régimen penitenciario: condenados por delitos graves podrían quedar excluidos de prestaciones estatales de salud, educación y seguridad social.

• El punto más controvertido establece que quienes sean condenados por delitos vinculados al crimen organizado, terrorismo y narcotráfico quedarían, durante el cumplimiento de su condena y por los 15 años posteriores, “inhabilitados para acceder a cualquier prestación financiada con recursos estatales”.

La amplitud de la fórmula gatilló incluso un cruce entre ministros. La ministra de Salud, Mai Chomali, advirtió que, si ese es efectivamente el alcance del texto, podría entrar en tensión con normas como la Ley de Urgencias. “Para mí es difícil hacerme cargo de un borrador (…) pero si efectivamente eso es lo que dice, eso puede ser un poco incompatible”, señaló.

• El ministro de Seguridad, Martín Arrau, respondió marcando distancia. La ministra Chomali “ha estado opinando de una cosa de la que quizás no estaba tan al tanto”, sostuvo, argumentando que el principio detrás de la propuesta era otro: limitar beneficios sociales financiados por el Estado para quienes cometan delitos de extrema gravedad.

Pero la cautela también cruzó las filas oficialistas. El senador UDI Javier Macaya planteó que la discusión debe diferenciar entre restringir determinados beneficios y afectar prestaciones esenciales. En la misma línea, la senadora RN, María José Gatica llamó a incorporar matices: “Una cosa es quitar los derechos para las personas que cometen delitos graves, pero otra cosa es dejar de lado la humanidad”.

• Pero eso no fue todo, el senador Matías Walkercalificó de “demencial” la propuesta y cuestionó que La Moneda intente llevar la agenda al terreno constitucional. “No es reformando la Constitución como vamos a lograr perseguir al crimen organizado”, sostuvo.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, respondió acusando a sus críticos de intentar frenar los cambios. “No es tiempo para los buenismos que nos tienen en la condición en la que estamos hoy”, replicó.

• El episodio anticipa una tramitación lejos de ser exprés. Mientras sectores de Chile Vamos buscan acotar el alcance del borrador, el Partido Republicano defiende su núcleo más duro. Así, antes incluso de entrar al Congreso, la reforma ya comienza a exponer tensiones.

¿Renace la Doctrina de Seguridad Nacional?

Pete Hegseth en Panamá (imagen: @deptofwar)

Durante los años ‘60 comenzó a desarrollarse en Estados Unidos la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual surgió como respuesta a los movimientos insurgentes de ideología marxista que aparecieron en toda América Latina (y también del norte) luego de la revolución cubana, muchos de los cuales eran apoyados por Cuba, la antigua Unión Soviética y otros países de la órbita comunista.

• Así surgió la teoría del “enemigo interno”y la noción de que las Fuerzas Armadas, tradicionalmente destinadas a combatir enemigos externos, debían abocarse a atacar la insurgencia y la subversión, representadas por organizaciones como el MIR chileno, los Tupamaros uruguayos, los Montoneros y el ERP argentinos, o el ELN boliviano, entre muchos otros grupos de extrema izquierda que tomaron a Cuba como un ejemplo.

Para combatirlos, Estados Unidos comenzó a dictar una serie de cursos para oficiales y suboficiales de todos los países de América Latina, Central y el Caribe, en las instalaciones de las Escuela de las Américas (School Of Americas, SOA), ubicada en la zona del Canal de Panamá, el mismo país que Pete Hegseth escogió simbólicamente esta semana para emitir un encendido discurso en el cual llamó a los países del continente a unirse en una coalición militar destinada a atacar a “narcoterroristas” y, también, al “marxismo”.

• Los cursos en la Escuela de las Américas -que se dictaban en español- se volvieron famosos y apetecidos entre los militares (a quienes pagaban jugosos viáticos y además les permitían viajar al extranjero, algo inusual en aquellos años), al igual que sus manuales de Manejo de fuentes, contrainteligencia, guerra revolucionaria e ideología comunista I y II, terrorismo y guerrilla urbana, interrogatorios, inteligencia de combate y análisis, entre otros. Los manuales se pueden revisar en la web de la SOA Watch, una ONG dedicada a la Escuela de las Américas.

Fue en la Escuela de las Américas donde se prepararon prácticamente todos los torturadores de la DINA y la CNI : Miguel Krassnoff, Armando Fernández Larios, Pablo Belmar, Carlos Herrera Jiménez, Eduardo Iturriaga Neumann, Fernando Lauriani, Manuel Provis y José Zara Holger, entre otros. Sin embargo, el listado -que va desde 1951 hasta 1996- es muy amplio, pues más de dos mil chilenos realizaron cursos allí.

Provenientes de otros países, algunos graduados famosos de la SOA fueron los argentinos Emilio Massera, Roberto Viola y Jorge Rafael Videla; los bolivianos Luis Arce y Roberto Banzer, el salvadoreño Roberto D’Aubuisson, el guatemalteco Efraín Ríos Montt, el peruano Vladimiro Montesinos y el panameño Manuel Noriega.

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