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La cantidad de personas que no puede pagar siquiera por los trámites anexos a los juicios, como notificaciones y pericias, ha aumentado desde la pandemia.
La pandemia aumentó al doble el número de personas que no pueden pagar su defensa jurídica. Así lo concluye la Fundación Pro Bono, institución que aboga por el acceso igualitario de las personas a la justicia.
Según explica Eva Méndez, coordinadora general de Pro Bono, “debido a las altas demandas que tiene el Estado en cuanto a acceso a la salud, seguridad, entre muchos otros, el acceso al sistema judicial para los más desfavorecidos es pocas veces prioritario y, por lo tanto, la asignación de recursos para que las instituciones estatales de asesoría gratuita funcionen como corresponde es insuficiente”.
La situación se ha vuelto muy compleja, ya que la cantidad de personas que no puede pagar siquiera por los trámites anexos a los juicios, como notificaciones y pericias, ha aumentado en un cien por ciento, producto de la pandemia. Esto significa que miles de personas que requieren ayuda en sus juicios no la está recibiendo a tiempo.
Ante esto, el voluntariado legal de estudios jurídicos, departamentos legales y abogados en general se ha convertido en una urgencia. Esto se impone como la alternativa privada para aportar en el acceso igualitario a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad y organizaciones sociales que no pueden pagar abogados.
Sin embargo, la especialista destaca que “el acceso a la justicia no es solo abrir la puerta, sino que, una vez adentro, debemos contar con que haya eficiencia, oportunidad y celeridad. En ese sentido, por muy grandes que sean los esfuerzos de los abogados, no son éstos suficientes, pues requieren de la voluntad de los auxiliares de justicia. Así también, el sistema judicial debe tener la capacidad de responder a tiempo a los requerimientos. De lo contrario, simplemente se cae el acceso a la justicia, pese a la voluntad de muchos”.
Méndez agrega que “es importante que agrupaciones de abogados como el Colegio y distintas otras asociaciones puedan incentivar el ir incorporando la práctica pro bono al quehacer de los profesionales”.
Hay también soluciones que pueden ser adoptadas a largo plazo para solucionar esta problemática. Por ejemplo, la prevención de futuros litigios a través de una ciudadanía informada, preparada y con conocimiento y, por otra, acudir a los medios alternativos de resolución de controversias como la mediación.
Eva Méndez resalta que “para avanzar en estas medidas a largo plazo, es necesario concientizar tanto a abogados como a las personas de que los medios alternativos son muchas veces una buena alternativa y de bajo costo para los involucrados. Esto, debido a que es una solución al conflicto al cual llegan las partes con la ayuda de un tercero imparcial”.
La experta concluye que “enfrentar la importante problemática del acceso a la justicia requiere de un trabajo conjunto entre el sector privado y público”.
