¿ICE a la chilena? Nuevas facultades para expulsar migrantes abren debate por derechos fundamentales

El Gobierno de José Antonio Kast dio este jueves una nueva señal de su política migratoria: firmó las resoluciones para expulsar a los seis extranjeros detenidos durante los incidentes del 18 de octubre. Sin embargo, uno de ellos, de nacionalidad venezolana, no podrá ser repatriado por ahora debido a las dificultades para concretar retornos a ese país. Los otros cinco también deberán completar los procedimientos legales antes de abandonar Chile.

El caso refleja una de las principales interrogantes que deja la reforma sobre expulsiones administrativas, despachada esta semana por el Congreso: ¿bastará con ampliar las facultades policiales para expulsar a más extranjeros o seguirán pesando los obstáculos judiciales, operativos y diplomáticos?

La iniciativa, presentada originalmente durante el Gobierno de Gabriel Boric y modificada bajo la administración de Kast, permitirá a la Policía de Investigaciones (PDI) solicitar autorización judicial para ingresar a domicilios y detener a personas con órdenes de expulsión firmes y ejecutoriadas.

También incorpora un registro biométrico obligatorio para extranjeros adultos en situación irregular, nuevas herramientas para localizarlos, mayores restricciones de reingreso al país y una reducción a cinco días del plazo de reclamación judicial en determinados procedimientos.

Además, amplía las causales de expulsión por graves alteraciones del orden público y contempla mecanismos para ejecutar estas medidas respecto de extranjeros que enfrentan procesos penales por ciertos delitos menores, bajo condiciones específicas y control judicial.

Aunque obtuvo un amplio respaldo parlamentario –37 votos a favor y una abstención en el Senado–, la reforma abrió un debate sobre su efectividad y los riesgos para las garantías fundamentales. Incluso surgió la comparación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), conocido por sus operaciones de detención y deportación de migrantes.

El peligro de los cinco días y los límites de la reforma migratoria

Para Adriana Palomera, doctora en Estudios Americanos y académica del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), el principal peligro de la legislación está en la posibilidad de debilitar el derecho a defensa de las personas afectadas.

“Sin lugar a dudas, el mayor peligro de esta ley es la vulneración de los derechos de las personas”, advirtió a El Mostrador. La académica cuestionó especialmente la reducción de los plazos de reclamación, considerando las dificultades que enfrentan quienes no dominan el castellano y necesitan intérpretes, asistencia jurídica y tiempo para preparar sus antecedentes.

“Cinco días no da”, enfatizó, advirtiendo además que la medida podría aumentar la presión sobre el sistema judicial.

Una preocupación que comparte Isabel Severín, abogada, máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello (UNAB), quien considera que la reforma ofrece escasos avances en materia de gobernanza migratoria y abre riesgos para el acceso a la justicia.

“La celeridad del proceso no es sinónimo de eficiencia”, sostuvo a El Mostrador, apuntando a que la reducción de plazos pueda dificultar que las personas migrantes obtengan una defensa jurídica adecuada.

La profesora Severín advierte, además, sobre las nuevas modalidades de notificación. Según su análisis, una expulsión podría notificarse a un correo electrónico proporcionado por un tercero, sin certeza de que la persona afectada reciba efectivamente la comunicación. También cuestiona que la interposición de un recurso de amparo pueda considerarse como notificación de la expulsión, activando el plazo para reclamar.

A su juicio, estas disposiciones podrían desalentar el ejercicio de acciones judiciales y afectar el derecho de acceso a la justicia. La académica recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige garantías de notificación y recursos efectivos en los procedimientos de expulsión.

“La restricción de garantías procesales no asegura una mayor cantidad de expulsiones”, subrayó, apuntando a factores presupuestarios y de coordinación entre instituciones y Estados como elementos decisivos para concretarlas.

La observación coincide con otro de los cuestionamientos de la doctora Palomera: las dificultades para materializar expulsiones responden principalmente a problemas de gestión migratoria y no necesariamente a la falta de legislación. A su juicio, el Estado requiere recursos suficientes, acuerdos con los países de destino y una adecuada coordinación institucional, además de resguardos frente a eventuales márgenes de discrecionalidad.

Desde otra perspectiva, Édgar Fuentes-Contreras, abogado experto en Derecho Internacional y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, considera que las nuevas atribuciones representan un cambio significativo, aunque descarta que Chile esté avanzando hacia un modelo equivalente al ICE estadounidense.

En un análisis remitido a El Mostrador, explicó que la reforma chilena no crea una policía migratoria autónoma ni modifica la naturaleza institucional de la PDI. Además, varias actuaciones sensibles continuarán sometidas a control judicial, lo que diferencia ambos modelos.

Para el especialista, la discusión no está en cuestionar la facultad del Estado para expulsar extranjeros, sino en garantizar que su ejercicio respete los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

“El problema jurídico no radica en que el Estado expulse a personas en situación irregular, pues esa facultad existe y es ampliamente reconocida. La cuestión es si el diseño normativo permite que quienes resulten afectados puedan ejercer de manera efectiva las garantías que les reconoce el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, sostuvo.

Entre esas obligaciones figuran el debido proceso, el acceso efectivo a la justicia, la prohibición de expulsiones colectivas y la protección de refugiados y solicitantes de asilo.

Miles de órdenes y obstáculos para ejecutarlas

Las dificultades para concretar expulsiones no son menores. De acuerdo con antecedentes del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), el organismo enfrenta decenas de miles de órdenes pendientes de ejecución.

Su informe de gestión 2022-2026 establece que durante 2025 se dictaron 23.533 resoluciones de expulsión administrativa, mientras que ese mismo año se materializaron 940 expulsiones de ese tipo. Aunque ambos registros no corresponden necesariamente a los mismos expedientes, evidencian la distancia entre ordenar una salida del país y concretarla.

La administración Kast exhibe, sin embargo, un incremento en los procedimientos ejecutados: al 10 de octubre contabilizaba 1.874 expulsiones administrativas y judiciales durante 2026, superando el total registrado en todo 2025.

El desafío también fue reconocido durante la discusión legislativa. Según consignó el Senado, los parlamentarios advirtieron que la implementación de las nuevas reglas requiere recursos, capacidad policial y coordinación internacional, aspectos que coinciden con las dificultades identificadas por las especialistas consultadas.

A ello se suma el factor presupuestario. El Sermig informó que los $4 mil millones asignados originalmente para expulsiones en 2026 se agotaron en agosto, lo que obligó a una inyección extraordinaria de $1.752 millones. Para 2027, el Ejecutivo propuso elevar esa partida a $11.604 millones, un incremento de 190%.

La necesidad de cooperación internacional, en tanto, quedó nuevamente expuesta con el ciudadano venezolano incluido en las resoluciones firmadas este jueves, cuyo retorno no puede concretarse mientras no existan las condiciones necesarias para su recepción.

Se trata, además, de procedimientos iniciados con las atribuciones anteriores, puesto que la reforma recién despachada todavía debe completar los trámites constitucionales correspondientes antes de entrar en vigor.

Con todo, mientras La Moneda apuesta por acelerar las expulsiones mediante nuevas facultades policiales, la legislación enfrentará una prueba que va más allá de su aprobación: cuántas órdenes podrán ejecutarse efectivamente y bajo qué garantías jurídicas se concretarán. En esa doble exigencia –eficacia y respeto a los derechos fundamentales– convergen, pese a sus distintos énfasis, los especialistas consultados.