“La protección ambiental y el desarrollo de proyectos no son objetivos contrapuestos”

Durante el primer semestre de 2026, los Tribunales Ambientales registraron un récord de 32 reclamaciones declaradas admisibles, la mayor cantidad desde el inicio de sus operaciones. Actualmente, estas instancias mantienen 67 causas en tramitación, vinculadas a 59 proyectos de inversión que, en conjunto, suman US$10.655 millones, de acuerdo con el monitoreo semestral elaborado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Según el informe de la CPC, el aumento sostenido en el número de causas está ejerciendo una creciente presión sobre la capacidad de los Tribunales Ambientales, lo que se ha traducido en plazos de resolución más extensos. A este escenario se suma una segunda instancia judicial: tras el fallo de un Tribunal Ambiental, las partes tienen la posibilidad de presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema. Según los antecedentes históricos, el 56% de las sentencias ha sido impugnado por esta vía, cuya tramitación añade, en promedio, otros 448 días al proceso.

Diversas voces gremiales han comenzado a levantar la voz ante de este fenómeno que ralentiza las inversiones, en un contexto -además- presionado por un crecimiento económico deteriorado. 

Juanita Galaz, directora ejecutiva de MYMA (Minería y Media Ambiente) advierte que durante los últimos años la judicialización se ha consolidado como un problema estructural y en una etapa cada vez más relevante dentro del ciclo de desarrollo de los proyectos de inversión en Chile.

“Si bien se trata de un mecanismo legítimo de control jurisdiccional, en la práctica ha trascendido la mera revisión de legalidad administrativa, impactando de manera significativa la ejecución de iniciativas estratégicas. Respecto del nivel de profundidad, el fenómeno no solo se mide por el aumento sostenido en el número de causas, sino por sus efectos selectivos y concentrados en proyectos grandes, de alta complejidad técnica, ambiental y económica”, sostiene. 

¿Qué efectos concretos tiene la judicialización sobre las decisiones de inversión?

La judicialización impacta negativamente la certeza jurídica al reducir drásticamente la previsibilidad sobre el momento en que un proyecto obtiene una autorización definitiva. Si bien la certeza no impide la revisión de decisiones administrativas, el problema surge cuando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable deja de ser el hito final del proceso, quedando sujeta a años de reclamaciones administrativas, tribunales ambientales y recursos de casación en la Corte Suprema. Para los inversionistas, disponer de plazos razonables y ciertos para la toma de decisiones es tan crítico como la calidad de las resoluciones mismas.

Los procesos judiciales prolongados e inciertos generan consecuencias directas en la estrategia y operación de los proyectos. En este contexto, los procesos judiciales prolongados incrementan la percepción de riesgo, dificultan la planificación financiera, retrasan la ejecución de las inversiones y pueden modificar las decisiones estratégicas sobre el destino del capital. La incertidumbre también repercute en la programación de obras, en la contratación de servicios y en la coordinación con otros permisos y autorizaciones requeridas para el desarrollo de los proyectos.

¿Qué sectores son los más afectados por este fenómeno?

Los sectores más afectados son minería, energía e infraestructura, los cuales concentran la mayor cantidad de causas e inversión. Este fenómeno impacta con especial fuerza a estas industrias debido a la que se trata de iniciativas de gran escala, alto impacto e interacción territorial, con una evaluación ambiental compleja que habitualmente requiere el ingreso al SEIA mediante Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Además, son proyectos que demandan inversiones a largo plazo, múltiples autorizaciones sectoriales y un vínculo estrecho con comunidades y ecosistemas. Y, por último, cualquier dilación derivada de procesos judiciales compromete severamente la oportunidad de ejecución de las obras y perturba la planificación de inversiones futuras.

Perdida de oportunidades por judicialización de proyectos de inversión

Para la especialista, existe el riesgo de que Chile pierda oportunidades de inversión frente a otros países: “Sí, el riesgo es real -asegura-. En un entorno internacional donde el capital compite entre distintas jurisdicciones, los inversionistas no solo evalúan la calidad de los recursos naturales o la estabilidad macroeconómica, sino también la estabilidad regulatoria, la predictibilidad institucional y la certeza de los plazos para ejecutar los proyectos aprobados”.

“Este escenario afecta la competitividad del país debido a una pérdida de ventaja comparativa, porque, aunque Chile mantiene altos estándares ambientales e institucionales (lo cual es una fortaleza), se vuelve menos atractivo frente a otros países que ofrecen marcos regulatorios igual de exigentes, pero con mayor certeza y celeridad en sus plazos de resolución definitiva”, añade

 ¿Qué implica para una comunidad que un proyecto permanezca varios años detenido por procesos judiciales?

A mi juicio, para las comunidades, una judicialización prolongada genera un impacto complejo y contradictorio que trasciende lo meramente legal, afectando la estabilidad social y económica del territorio, porque, por un lado, la judicialización representa una herramienta legítima de protección de sus derechos y garantía para que sus observaciones ambientales y territoriales sean consideradas. Por otro lado, su extensión genera un estado continuo de incertidumbre.

Un proyecto que permanece varios años detenido por procesos judiciales lleva a una postergación del desarrollo socioeconómico, porque la demora detiene beneficios potenciales inmediatos y de largo plazo, como la creación de empleos locales, el impulso a proveedores y servicios de la zona, la ejecución de obras de infraestructura, la inversión social y la concreción de compromisos ambientales y municipales.

Además, en proyectos emblemáticos hemos observado un deterioro del tejido social, porque la prolongación de los conflictos profundiza la polarización entre los propios actores y vecinos del territorio, desgastando el diálogo y dificultando la construcción de relaciones de confianza.

En síntesis, un proceso excesivamente largo no solo frena el progreso local y la planificación municipal, sino que también perpetúa las disputas sociales en la comunidad.

Protección ambiental y desarrollo de proyectos como complemento

Por una parte, Juanita Galaz destaca que Chile cuenta con una institucionalidad ambiental robusta y especializada, “porque cuenta con organismos especializados con procedimientos técnicamente consolidados”.

Por otra, plantea que “existen oportunidades de mejora, porque algunos aspectos pueden ser perfeccionados y constituyen los desafíos. Por ejemplo, mejorar los tiempos de respuesta, porque se necesita reducir los plazos de resolución en las distintas etapas de evaluación. También tenemos que mejorar la claridad y consistencia normativa, mediante una mayor precisión en los criterios normativos y metodológicos. En esta parte debe tenerse la mayor claridad, especialmente en materias sujetas a interpretaciones, cuando se trata de una guía, un reglamento, una ley, así como la consolidación de estándares técnicos razonables y oportunamente actualizados, teniendo en consideración que los territorios tienen características diversas según la localización del proyecto”. 

 ¿Se puede fortalecer la protección ambiental y, al mismo tiempo, agilizar el desarrollo de proyectos? 

Absolutamente. La protección ambiental y el desarrollo de proyectos no son objetivos contrapuestos, sino dimensiones complementarias que pueden y deben avanzar de la mano. Un sistema ambiental técnicamente sólido, especializado y eficiente es capaz de resguardar el medio ambiente rigurosamente mientras otorga certeza y agilidad a los procesos. Nuestra institucionalidad está absolutamente madura, todos los servicios cuentan con unidades especializadas en temas ambientales y amplias facultades para fiscalizar, sumado a la existencia de la Superintendencia del Medio Ambiente y los proyectos actualmente son desarrollados por equipos de profesionales que incorporan la componente ambiental desde el diseño. 

La falsa dicotomía surge al asumir erróneamente que solo existen dos vías extremas: permitir proyectos rápidamente sin suficiente protección o proteger el medio ambiente mediante trámites indefinidamente extensos.

Para superar esta trágica disyuntiva, el enfoque no debe ser rebajar las exigencias ambientales, sino mejorar la calidad, consistencia y oportunidad de las decisiones públicas a través de medidas concretas como, por ejemplo, fomentar la participación ciudadana temprana e informada, sumada a la elaboración de líneas de base y evaluaciones proporcionadas a la magnitud real de los impactos.  Además, se debe aplicar estándares claros, previsibles y técnicamente razonables por parte de los organismos evaluadores, ya que en la actualidad se hacen exigencias que no aportan a la evaluación y sólo lleva a incurrir en gastos y tiempo innecesarios. También debe mejorarse la coordinación entre servicios públicos, eliminando la duplicidad de permisos y estableciendo plazos estrictos y claros tanto para las autoridades como para los tribunales.

Por último, la implementación de monitoreo ambiental transparente durante la fase de operación y una fiscalización eficaz del cumplimiento de los compromisos asumidos en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), que actualmente se realiza, pero no se orientan a los objetivos concretos, sino a establecer las desviaciones que no tienen incidencia ambiental. 

Se habla de una masa crítica de especialistas en judicializar proyectos. ¿Es así? 

Sí, pero entendida como un fenómeno de profesionalización. Más que una estrategia coordinada con el único fin de bloquear proyectos, lo que se observa es una creciente especialización y sofisticación de los distintos actores del sistema (estudios jurídicos, consultoras y organizaciones de la sociedad civil).

Si bien muchas de estas acciones son legítimas y han permitido corregir deficiencias reales en la evaluación de proyectos, el problema surge cuando los procedimientos extienden las controversias de manera desproporcionada mediante argumentos de baja claridad o reabriendo discusiones que ya habían sido resueltas.