Celulares fuera del aula: menos polémica y más pedagogía

La discusión sobre la prohibición del uso de celulares en las aulas ha generado posiciones polarizadas y, en ocasiones, más ideológicas que pedagógicas. Para algunos, es una señal necesaria para recuperar disciplina; para otros, un retroceso frente a la cultura digital contemporánea. Sin embargo, el debate central no es si estamos a favor o en contra de la tecnología. La pregunta relevante es otra: ¿cómo aseguramos condiciones reales de aprendizaje en un contexto donde la atención se ha vuelto un recurso escaso?

Chile no está solo en esta decisión. A fines de 2024, 79 sistemas educativos en el mundo habían implementado restricciones o prohibiciones del uso de teléfonos inteligentes en las escuelas, según el monitoreo del Global Education Monitoring Report (GEM) de la Unesco actualizado en enero de 2025. Países como Francia, Países Bajos y Nueva Zelanda han avanzado en regulaciones que limitan su uso durante la jornada escolar. No se trata, por tanto, de una reacción aislada, sino de una tendencia internacional que busca responder a un problema compartido: la fragmentación de la atención y su impacto en el aprendizaje y la convivencia.

Ahora bien, una discusión responsable exige matices. El reciente informe de la OCDE How’s Life for Children in the Digital Age? ofrece una mirada especialmente equilibrada y concluye que el impacto de la tecnología sobre el bienestar y el aprendizaje es ambivalente: depende de la edad, el tiempo de exposición y el tipo de uso.

En la infancia temprana, el uso interactivo de aplicaciones educativas, especialmente con acompañamiento adulto, puede favorecer el desarrollo del lenguaje y la alfabetización emergente. En la adolescencia, un uso moderado de herramientas digitales para fines escolares —hasta aproximadamente una hora diaria— se asocia con mejores resultados académicos en evaluaciones como PISA. Además, ciertas plataformas digitales pueden fortalecer habilidades como la resolución de problemas, la creatividad y la motivación por aprender.

Pero la misma OCDE advierte riesgos evidentes. El tiempo de pantalla excesivo y pasivo puede asociarse a dificultades en el desarrollo cognitivo y en la atención. También existe evidencia de que la distracción generada por el uso de dispositivos —propio o de otros compañeros— afecta negativamente el rendimiento en clases. 

La evidencia, por tanto, no respalda ni una demonización simplista ni una integración acrítica. Lo que se requiere es regulación inteligente. 

Entonces, aprobar una ley no garantiza resultados.  La experiencia internacional muestra que las regulaciones funcionan cuando su implementación es clara, consistente y pedagógicamente coherente. Sin estos elementos, la norma puede convertirse en una fuente adicional de conflicto y desgaste para las comunidades escolares (que ya lo están).

Primero, se necesita precisión. ¿Significa “prohibido en clases” o durante toda la jornada? Las políticas más efectivas han optado por reglas simples: teléfono apagado y guardado durante el horario escolar, con excepciones explícitas para razones médicas, emergencias o actividades pedagógicas específicas. Segundo, la implementación no puede descansar exclusivamente en la vigilancia del profesorado. Si cada docente debe negociar el uso del dispositivo clase a clase, la medida pierde fuerza. Algunos países han optado por mecanismos institucionales de resguardo que reducen la confrontación directa y establecen criterios comunes para todos. Tercero, la coherencia adulta es fundamental. Aunque la normativa suele dirigirse a estudiantes, su legitimidad depende del ejemplo que entregan los propios adultos. El uso del celular por parte del personal escolar debe responder a criterios profesionales claros. No se trata de prohibir, sino de modelar.

Pero quizás el punto más importante es que la escuela no puede limitarse a prohibir. Debe educar. La OCDE insiste en que el sistema educativo tiene la responsabilidad de formar en ciudadanía digital: enseñar a distinguir información confiable, gestionar riesgos en línea y desarrollar autorregulación. Regular el uso en aula no sustituye la formación digital; la complementa. Asimismo, la evidencia internacional recuerda que el impacto de estas medidas es diverso y que las políticas deben permitir ajustes locales. No todas las comunidades escolares enfrentan los mismos desafíos ni disponen de los mismos recursos. Una regulación eficaz debe combinar marco común con flexibilidad responsable.

Una política orientada a la justicia educativa no se conforma con ordenar aulas; debe preguntarse si reduce brechas reales en atención y aprendizaje. Y eso solo puede saberse midiendo con seriedad. Sin evidencia, cualquier discusión vuelve al terreno ideológico.

En última instancia, esta no es una discusión tecnológica, sino pedagógica. La sala de clases es uno de los pocos espacios donde la atención compartida sigue siendo un bien común. Recuperarla no es nostalgia: es una decisión estratégica en favor del aprendizaje profundo y la convivencia respetuosa.

La ley abre una oportunidad, pero también riesgos: puede transformarse en un gesto simbólico que alimente polémicas pasajeras o en una política educativa seria, acompañada de claridad normativa, formación digital y evaluación rigurosa. 

La diferencia no estará en el texto legal, sino en la manera en que decidamos implementarlo. Si el objetivo es fortalecer las condiciones para aprender y convivir mejor, entonces menos polémica y más pedagogía será siempre el mejor camino.