Opinión
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Vidas que importan: los niños y niñas haitianos desaparecidos en Chile
El Estado de Chile perdió el rastro de un centenar de niños, niñas y adolescentes migrantes que ingresaron al país a fin de reunirse con sus familias. Alertas de irregularidades fueron detectadas por la Defensoría de la Niñez, no obstante, el Estado como garante no tomó acciones urgentes y necesarias para velar por su debido resguardo y protección.
Este hecho, incomprensible e inexcusable, debe hacernos reaccionar. Evidencia la desprotección de la niñez migrante como sujeto de derecho más allá de su condición migratoria, las fronteras entre países y su nacionalidad. Nos recuerda de manera lamentablemente gráfica tal como plantea el filósofo italiano Giorgio Agamben, que en la sociedad el valor de la vida y la dignidad humana no es igual para todas las personas. Existe una “nuda vida” o vidas que no importan, como la de niños, niñas y adolescentes migrantes, en condición de extrema vulnerabilidad, tráfico y trata de personas, separación forzosa de sus padres o explotación sexual comercial. Vidas que pueden llegar a desaparecer del monitoreo y la observancia de las instituciones y servicios públicos que debían protegerlos, y a quienes, aunque resulte crudo, y siguiendo a Agamben, se puede “dejar morir”, no en un sentido literal, sino mediante la naturalización de prácticas de inacción u omisión por parte de la burocracia estatal.
Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos transnacionales y su protección se encuentra resguardada por la Convención de Derechos del Niño, la Ley N° 21.430 de Garantías y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, que establece condiciones de ingreso y permanencia de personas migrantes, entre ellas que menores de edad se encuentren acompañados de madre, padre o cuidador legal certificado.
En el caso de reunificaciones familiares solicitadas desde el extranjero, se requiere la presentación de documentos apostillados y verificados; sin embargo, cuando los niños han ingresado al país, el Estado chileno no cuenta con mecanismos de supervisión que permitan constatar que la reunificación familiar se haya efectuado, que las familias cuenten con las condiciones para su crianza y cuidado, y accedan a los servicios sociales, de salud y educación que son vitales para su protección integral, supervivencia y desarrollo.
Este hecho evidencia falencias en la operación del sistema de garantías de la niñez y la adolescencia para con la niñez migrante, entre ellas la insuficiente fiscalización y la debilidad en el trabajo intersectorial entre diferentes actores como el Servicio Nacional de Migraciones, Policía de Investigaciones, Defensoría de la Niñez y el Servicio de Protección Especializada.
Saber dónde están aquellos que todavía no aparecen, qué ocurrió y velar por su resguardo es urgente, en paralelo con la investigación de presuntos delitos y la determinación de responsabilidades. En Chile no puede haber niñas, niños y adolescentes cuyas vidas importen menos. El Estado y el conjunto de servicios e instituciones deben asumir su responsabilidad irrestricta como garante principal de sus derechos.
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